Bajo la impunidad. A 35 años de su asesinato bajo tortura y desaparición

Luis Eduardo, el hijo de Amalia

La desaparición del «Chiqui» González se produjo una semana después del asesinato del coronel Ramón Trabal en París y del fusilamiento que, como supuesta represalia, sufrieron cinco tupamaros, secuestrados en Argentina en noviembre y trasladados ilegalmente, cuyos cuerpos aparecieron acribillados cerca de la ciudad de Soca.

González González había sido detenido en la madrugada del 13 de diciembre de 1974 en su domicilio de la calle Scosería 2556 donde vivía junto a su esposa Elena Zaffaroni, embarazada de cuatro meses, y ambos fueron llevados al 6º de Caballería y torturados como otros militantes del PCR que en esos días fueron detenidos en todo el país.

El operativo de detención fue realizado por efectivos de las Fuerzas Armadas, uniformados, que se trasladaban en un jeep y un camión militar y coparon el domicilio de los González. Antes habían ido a la casa de su madre, Amalia González, hoy uno de los principales referentes de la organización de Familiares de Desaparecidos.

«Fueron dos personas de particular a mi casa a las 2 de la mañana. Preguntaron por «Chiqui», haciéndose pasar por compañeros de mi hijo. Les dije que no vivía más allí, que se había casado. Pidieron su dirección y como me negué me obligaron a salir a la calle…», recuerda Amalia.

A la semana, recibieron un paquete con ropa en el IMES de Camino Castro y le dijeron que su hijo estaba en el 6º de Caballería. Una semana después, coincidentemente con la muerte de Trabal, no le dieron información y sólo supo el 11 de enero de 1975 que su hijo estaba requerido públicamente por un comunicado de las Fuerzas Armadas.

 

El «peligro» chino

A fines de noviembre de aquel 1974, las Fuerzas Conjuntas habían detenido a unos estudiantes del liceo Villa García, señalados como militantes del PCR y las Agrupaciones Rojas, mientras realizaban en la Curva de Maroñas una pintada contra la dictadura, que firmaban con la sigla UAL (Unión Artiguista de Liberación). La UAL se había convertido entonces en uno de los objetivos de la dictadura, que temía a la proyección de una alianza política de oposición y resistencia a la que desde Buenos Aires se sumaban Zelmar Michelini, Enrique Erro, los Grupos de Acciones Unificadora (GAU) y sectores del Movimiento de Liberación Nacional ­ Tupamaros. El PCR, un partido político legal, había sido duramente golpeado entre marzo y agosto de 1973 cuando la mayoría de sus militantes en Soriano y Montevideo fueron detenidos. Con ideología marxista-leninista-maoísta, el PCR realizaba acciones de propaganda y sus militantes actuaban abiertamente en gremios de trabajadores y estudiantes.

Los «chinos», editaban distintas publicaciones, pero no contaban con un aparato armado y sus detenciones no produjeron ningún enfrentamiento. Liderado por Winston Mazzuchi y Nebio Melo Cuesta (quienes desaparecerían en 1976) habían advertido de las características fascistas del golpe de Estado y eran impulsores de la UAL.

El PCR ya había sufrido tres muertes. En agosto de 1972, Santiago Rodríguez Muela fue ejecutado por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) en el Liceo 8, en diciembre de ese año Joaquín Kluver fue baleado en una marcha estudiantil, y en mayo de 1973, Oscar Fernández Mendietta fue muerto en la tortura en el 2º de Caballería de Durazno.

 

Mala Noche Buena

El 6º de Caballería era entonces el centro de actividades del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Había un patio central donde se sometía a los detenidos al «plantón», rodeado por vagones de tren donde se realizaban apremios con picana, tacho y golpes.

La noche del 13 de diciembre de 1974, Luis Eduardo González González comienza a ser torturado en los vagones. Al día siguiente se lo vio en el plantón del patio. Un día después se lo dejaron ver a su compañera Elena mientras convulsionaba con los choques eléctricos. Exigían que «colaborara» bajo amenaza de dañar a su esposa embarazada.

Al tercer día, todos los detenidos fueron examinados por el médico Carlos Suzacq, quien les hizo una «ficha médica» en las que les tomó la presión, les hizo preguntas de rutina y se les sacó una foto. Ya llevaban tres días de tortura y algunos debieron ser internados en el Hospital Militar. El 24 de diciembre, en Nochebuena, Elena es trasladada al vagón de interrogatorios. La sientan frente a su marido y les permiten tomarse de la mano. «Chiqui» le explica que le habían propuesto liberarla a ella si él colaboraba. Estaba lastimado, los pies hinchados, fatigado, pero lúcido. Les dieron 24 horas para pensarlo. Nunca volvió a verlo.

«Sentí que eso fue una despedida. Tenía mucho miedo por su vida, aunque era tan joven y sano, pero… lo hostigaban tanto. La tropa que nos custodiaba, me decía que no sabían nada de él. Los milicos me dejaron «olvidada» en un colchón. Un día, un soldado rubio, con cara de nene, me lleva al baño. Mi embarazo crecía y eso muchas veces los turbaba, tal vez los avergonzara. Se puso a llorar y me pedía perdón», narra Elena.

 

«Nunca lo va a saber»

La última persona que vio con vida al «Chiqui» González, fue uno de sus compañeros, de iniciales JL, quien compartió con él la sala de torturas aquel 25 de diciembre, y fue testigo del brutal castigo al que era sometido. Desde esa Navidad, nadie volvió a verlo y se mantiene en condición de desaparecido.

Elena fue llevada al juzgado por primera vez en el mes de febrero. Entonces se enteró de que había un comunicado con el supuesto requerimiento. Un habeas corpus presentado por la familia tuvo como respuesta que Luis Eduardo González había fugado el 26 de diciembre, fecha en la que la Comisión para la Paz reconoce la desaparición.

La Comipaz reconoció la detención del 13 de diciembre, su traslado al Regimiento Nº 6 de Caballería y su tortura hasta la muerte. «Como en otros casos, con posterioridad a su deceso se fraguó la versión de que había fugado (…) solicitándose su captura a través de un comunicado de prensa.

En el Penal de Punta de Rieles, donde fue encarcelada, Elena habló de su marido con el teniente Roberto Echevarría y con el capitán Victorino «la víbora» Vázquez.

Le preguntaron si les guardaba rencor, le dieron a entender que ellos sabían qué, cómo y cuándo ocurrió.

Pero le aseguraron que nunca lo iba a saber…

Elena sabe quiénes fueron los militares que participaron de su detención y tortura: Manuel Cordero, Glauco Yannone, Jorge «Pajarito» Silveira y Gustavo Criado Carmona. Criado falleció, Silveira está preso, Cordero para extraditar a Argentina y Yannone está libre y fue designado docente de la Escuela Militar por el actual gobierno.

 

Bajo la impunidad

Luego de la reinstitucionalización del país en 1985, Elena y Amalia, con el patrocinio del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) iniciaron una causa judicial ante el Juzgado Penal de 11º Turno. El juez consideró que si citaba a los denunciados no asistirían. En esa espera se aprobó la Ley de Caducidad.

El caso fue archivado y se presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue negado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que se decidieron a recurrir por la vía civil y obtuvieron ­durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle­ un fallo favorable del juzgado de 6º turno, que admitió los «daños morales» causados al hijo de Elena y el «Chiqui».

Luego del informe de la Comisión para la Paz y ante los avances en el esclarecimiento de causas por derechos humanos, tras la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, volvieron a presentar una denuncia judicial para que se reabriera la causa penal El ministerio público pidió la reapertura, el juez se negó y la fiscalía no apeló

El asesinato de González González es un delito cometido «por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas po
r los mandos que actuaron durante el período de facto» (ley 15.848) y por tanto se mantiene impune.

Durante los últimos 35 años, la familia del «Chiqui» González no ha dejado de reclamar verdad y justicia.

Elena continúa investigando causas de violaciones a los derechos humanos. Amalia cumplirá 82 años el próximo 28 de enero. Luis Eduardo González (h), nacido el 28 de abril de 1975, no conoció a su padre ni ha recuperado sus restos.

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