Documento sobre transición propone incremento de los niveles de inversión

La documentación que Vázquez puso a disposición del nuevo gobierno es un informe de «gestión estratégico» y de presentación del estado de situación de los asuntos fundamentales de los ministerios y «la estrategia de políticas públicas de las autoridades y la definición de sus principales desafíos», como así lo expresó el mandatario.

El material corresponde al trabajo de cada uno de los 13 ministerios y la Presidencia está contenido en conjunto de 1.100 folios. En tal sentido, en el documento elaborado por las autoridades de Economía y Finanzas, se establece, entre los lineamientos prioritarios de políticas públicas, la necesidad de «incrementar los niveles de inversión en infraestructuras viales, portuarias, ferroviarias, energéticas y telecomunicaciones» para de esa manera sustentar el crecimiento. A la vez se remarca la necesidad de consolidar las megainversiones en ciernes: «Stora Enzo, Aratirí y Portucel». Por otro lado, se hace referencia a la necesaria inserción internacional, al mantenimiento de los equilibrios fiscales, la aplicación de políticas anticíclicas. Asimismo se hace referencia a la puesta en marcha de la reforma de la Aduana y de los sistemas de información presupuestaria, contable y de recursos humanos. Uno de los aspectos que se incluye en el memorando de Economía corresponde a la Dirección General de Casinos, cuya administración fue cuestionada por la oposición; en tal sentido se hace referencia a la necesidad de llevar a cabo en forma «transparente y eficaz» el sistema mixto de explotación de Casinos y extenderlo a otras salas mediante un llamado a licitación pública, impulsando obras de infraestructura en distintos departamentos del país. A la vez que se expresa la prioridad de «reducir los gastos operativos y maximizar las ganancias de las salas».

 

Políticas productivas

Desde el Ministerio de Industria se hace referencia a la atención prioritaria de la gestión ministerial durante los próximos 6 meses de la nueva administración. En tal sentido se enumeran como prioridades: el fortalecimiento de las estructuras técnicas básicas de Ministerios y direcciones; y el fortalecimiento de sus capacidades técnicas. Por otro lado se expresa la necesidad de continuar con el trabajo referente a Parques Industriales, previendo asimismo la revisión y adaptación de la reglamentación para que resulte un instrumento «más atractivo».

También se propone la realización de un seguimiento de la coyuntura internacional y manejo de previsiones para los próximos semestres, de forma de generar información y prever medidas en caso de «reveses que puedan convertirse en un estímulo negativo en la industria nacional». Asimismo se expresa que en la ley de presupuesto deberían definirse los instrumentos que permitan cumplir los objetivos de generación y coordinación de las políticas energéticas, como por ejemplo: «avanzar en la definición de la estrategia de generación eléctrica, tanto el respaldo para el corto plazo como la(s) fuente(s) para el medio y largo plazo (gas natural, gas natural licuado, carbón, energía nuclear, forestación energética, penetración de largo plazo de las energías renovables». Pero también se plantea la necesidad de definir las resoluciones específicas y de eventuales incentivos para lograr alcanzar metas predefinidas para las energías renovables, durante el próximo período (eólica, minihidráulica, biomasa, solar térmica, micro generación). A la vez, avanzar en la definición del futuro del gas natural (garantizar suministro de corto plazo, regasificadora, grado de penetración, adecuación de contratos vigentes, futuro rol de Ancap). Se hace referencia a la puesta en funcionamiento de la ley de Eficiencia Energética. Por otra parte se propone la elaboración de un Proyecto de Ley de Telecomunicaciones y de un Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el cual «contemple y coordine las actividades de diferentes organismos desarrollando el Plan Cardales; contemple y promueva el ordenamiento del espectro y el despliegue de nuevos y mejores servicios como por ejemplo la TV digital. También impulsar la creación de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR) y, en el Parlamento, la aprobación de la Ley de Radioprotección. Entre los lineamientos prioritarios de política pública que ha diseñado Industria, se destaca el impulso de «un nuevo marco de políticas productivas que se constituya en una sólida herramienta de difusión del Uruguay Productivo, dotando de un significado coherente, en un mismo plan estratégico, al conjunto de programas ya existentes». A la vez se propone continuar desarrollando, en el marco del gabinete productivo, una línea de trabajo que ubique al país en una «muy buena plataforma para proyectar y pensar una estrategia productiva que se mueva desde la creación de organismos para atender diferentes aspectos relativos al desarrollo productivo, hacia el ordenamiento de las instituciones ya existentes bajo una nueva lógica, enfocada en la definición de políticas de desarrollo industrial con base a objetivos de mediano y largo plazo por sector (y cadenas de valor)». También plantea generar nuevos puestos de trabajo sobre la base de los proyectados inicialmente, «mejora en la calidad del empleo en el sector (salarios, condiciones de trabajo, capacitación de los obreros), aumento en la participación del sector en el mercado interno o externo, captación de nuevos mercados, agregado de valor en la producción y aumento en la competitividad o en la inversión privada en innovación y desarrollo». Desde el Ministerio de Ganadería se hace referencia a los asuntos de atención prioritaria que la gestión ministerial deberá abordar en los primeros seis meses de la nueva administración. Entre ellos se destacan: «continuar el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Información Ganadera, abordar el diseño y la puesta en producción de los procesos que brindarán el reporte de trazabilidad de los cortes de carne bovina, y promover la aplicación de las adecuaciones sugeridas por la primera evaluación referida a la implementación y estado de la gestión de la descentralización del MGAP». Pero también se remarca la necesidad de «mantener acciones activas que demanden los diálogos de cooperación internacional, negociaciones comercial y habilitación sanitarias de nuevos mercados, pero también implementar el diseño y la paulatina y progresiva implementación de la reforma del MGAP y su institucionalidad», sin descuidar la generación de condiciones tendientes al «desarrollo rural sostenido y con equidad social».

 

Dialogo social

En tanto el informe del Ministerio de Trabajo expresa que, en materia de política de relaciones laborales colectivas, «se ha implantado una política de diálogo social permanente, porque el modelo de negociación instalado es continuo». Por ello se considera que «este es un lineamiento estratégico prioritario que debe orientar la gestión ministerial». La política de diálogo social, debe de alcanzar a todas las unidades ejecutoras y ello debe ser definido como un «objetivo estratégico». «Vincular la política de diálogo social al tema del empleo, quizás construyendo un diálogo nacional sobre el empleo donde se coordinen las políticas activas y pasivas de empleo y se centralice la acción del Estado con la finalidad de construir un servicio público de empleo coordinado», se propone. En tanto que, en materia de seguridad social, «habrá que definir si el actual es el modelo de seguridad social que queremos, o si debemos transitar por una nueva reforma, que lo vuelva más solidario y más justo, como por ejemplo puede ser el modelo español».

 

Erradicación de la indigencia

En tanto que los lineamientos prioritarios del Ministerio de Desarrollo Social para los próximos cinco años se destacan: «la erradicación de la indigencia, la disminución de la pobreza y la reducción de la desigualdad para romper el círculo de reproducción de la pobreza y la indigencia
, atacando las causas de las mismas».

A nivel institucional se propone impulsar en el gabinete social y en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, la definición de las prioridades sociales y asignación de partidas presupuestales como: «profundización del Plan de Equidad e implementación, en el marco de la estrategia nacional para la infancia y la adolescencia, del Plan de Acción 2010-2015″.

Por parte del Ministerio de Vivienda, los asuntos prioritarios en los próximos meses serán: «la elaboración del Plan Quinquenal de Vivienda, preparar el presupuesto quinquenal, definir la institucionalidad del sistema nacional de respuesta al cambio climático y la institucionalidad de la política de medio ambiente». Asimismo se debería continuar la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la reestructura funcional del Mvotma y en particular completar los cargos relacionados con la Unidad de Planificación Estratégica.

 

Cárceles y ministerio de justicia

El informe del Ministerio del Interior plantea la prioridad de «consolidar el proceso de reforma y modernización iniciado en 2007 en el Ministerio del Interior para que éste pueda cumplir con el papel de responsable político en materia de seguridad ciudadana». Para tales efectos se sugieren las siguientes líneas de acción: «funcionamiento de un gabinete técnico-político, consolidación y desarrollo de las gerencias de gestión, de áreas de planificación, monitoreo y evaluación de políticas y de sistemas estratégicos de información».

También se proponen, entre otras cosas, la implantación de un nuevo modelo de gestión policial y del plan de acción para la reforma del sistema penitenciario. Se aboga por la aprobación de una nueva Ley Orgánica Policial, pero también se hace referencia a la «dignificación profesional».

«Por otro lado, el mayor desafío institucional consiste en la eliminación progresiva del servicio 222, arraigando el proceso a las correspondientes asignaciones presupuestales y compatibilizando los niveles de remuneración del salario policial, la redistribución de los recursos humanos y la prestación de los servicios de vigilancia que surgen a partir de una demanda muy consolidada en nuestro país».

 

Cárceles fuera de la órbita policial, mejora salarial para las FFAA

Por otro lado se expresa que hasta tanto no se determine si se creará un ministerio de justicia, se sugiere mantener el sistema penitenciario dentro del Ministerio del Interior pero fuera de la órbita policial. Aunque como segunda fase se apuntaría a la creación de un instituto nacional de rehabilitación como servicio descentralizado o como organismo bajo la órbita de un eventual ministerio de justicia.

Desde el Ministerio de Defensa se propone la necesaria mejora salarial de las Fuerzas Armadas», y la reforma de su sistema de seguridad social.

Desde Salud Pública se enumeran aspectos que exigirán mayor dedicación política al próximo equipo ministerial: «incorporaciones al Seguro Nacional de Salud; fortalecimiento de la Junta Nacional de Salud; nuevas prestaciones en el Plan Integral de Atención en Salud; Estatuto del trabajador del sector salud». Para las autoridades de Educación y Cultura es prioritario «agrupar fiscalías, registros, identificación civil y cárceles en un organismo a cargo de la garantía de los derechos del ciudadano». A la vez, se plantea una «gran complementación de las comunicaciones del Estado», a través de Antel, Correo, radios y canales estatales, plan Ceibal, plan Cardales, sitios de intercambio en Internet.

Desde el Ministerio de Turismo se hace referencia a la necesidad de atender la falta de «servidores públicos calificados, particularmente alineados a los objetivos sustantivos del ministerio, con vinculación laboral estable y bien remunerada, lo que hoy se salva parcialmente mediante la contratación de becarios, pasantes y zafrales».

En Transporte se enumeran algunas propuestas para la mejora de la gestión, entre ellas, incorporar recursos humanos en todas las áreas de la unidad ejecutora con el fin de fortalecer la gestión, ampliar el actual grupo de trabajo INAU-DNA para abordar un plan de emergencia para locales de internación incorporando todas las áreas de la dirección y elaboración de plan de acción, proyectos nuevos, rehabilitación de hogares existentes, adaptación de otras infraestructuras existentes de otros incisos para internaciones transitorias», e impulsar la creación de una unidad inter-institucional que elabore las políticas en materia de obra pública de infraestructura edilicia, en el marco de la reforma del Estado.

Mientras que desde Presidencia se expresa la necesidad de continuar y profundizar el proceso de Transformación Democrática del Estado, «a través de la simplificación de gestiones y procedimientos para facilitar la vida cotidiana de la ciudadanía, superando el modelo compartimentado de las organizaciones públicas del país y avanzar en el desarrollo de los instrumentos de gobierno y administración electrónicos».