Un informe unánime del Frente pide descartar decreto sobre Plan Cardales

La citada comisión, que se ocupa del tema de las telecomunicaciones, elaboró un informe de 20 páginas al que accedió LA REPUBLICA, según el cual se recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 sobre el Plan Cardales hasta que el nuevo gobierno proponga una ley de telecomunicaciones.

Como lo adelantara LA REPUBLICA en la edición del 11 de enero pasado, la primera etapa de la auditoría realizada por la consultora Price Waterhouse Coopers sobre el Plan Orión habría culminado. La primera fase de la auditoría de Price implicaba el estudio de la herramienta, es decir el programa de facturación que Antel adquirió a la empresa Intec en 2007. Iniciada la segunda etapa de la auditoría, que corresponde al intrincado proceso por el cual se llegó a la adquisición del sistema de facturación Orión, también se habrían encontrado anomalías, según pudo saber LA REPUBLICA. Las consecuencias de esto podrían derivar en responsabilidades a altos niveles del ente de las telecomunicaciones. El proveedor de Orión, Intec, tiene su origen en Gran Bretaña, pero legalmente el contrato con Antel se hizo en Atlanta, tras un largo proceso que derivó en un contrato totalmente diferente al que se había planteado durante las negociaciones.

El Directorio de Antel ordenó una auditoría externa del sistema de cobro de Ancel conocido como Orión. El Directorio de Antel estaba entonces integrado por Edgardo Carvalho, Gonzalo Perera y Gladys Uranga. En realidad, hay que recordar que la decisión del directorio de Antel fue de auditar todos los proyectos estratégicos de Antel, comenzando por Orión. El ministro de Industria, Raúl Sendic, anunció el 9 de setiembre del año pasado, en el Parlamento, que el Directorio de Antel conformó «una comisión de expertos del más alto nivel para que en el plazo más breve posible haga un análisis de funcionamiento del programa Orión y las características de su contratación».

Tras detectarse errores en el nuevo sistema de cobro de Ancel, que tuvo un costo de U$S 30 millones, se decidió tomar esta medida.

Orión es un sistema de software que abarca la triple facturación de Antel (telefonía básica, celular y datos). La implementación del sistema de facturación convergente Orión retardó los tiempos de atención al cliente, generó acreditaciones cruzadas de créditos por las cuales un teléfono se quedaba sin minutos y por otro se hablaba durante horas, lo que generaba facturaciones cero en teléfonos de uso permanente, mientras otros pagaban lo que no debían. Mientras tanto, el sistema se caía aproximadamente una vez por semana.

Orión ganó en la licitación que Antel abrió a través de la ONU en 2005. Dicha licitación, Nº ICB-URU-2006-001, realizada a través de la Unops (PNUD), un departamento perteneciente a la ONU, dejó afuera a la empresa española Indra, en una calificación cuestionada, pero además PNUD cambió los pliegos enviados por Antel por otros redactados por el abogado de Intec en Atlanta, absolutamente leoninos. Aparentemente, ningún abogado de Antel había visto el contrato que finalmente se firmó por Orión. La adquisición del Programa Orión a la empresa Intec fue controvertida y con posteridad se constató que estaba «funcionando insatisfactoriamente». «No tengo evidencia (pero) encontraba inconsistencias técnicas», declaró Gonzalo Perera ante la jueza Gatti, según dijo a LA REPUBLICA el 5 de setiembre del año pasado.

 

Decreto para la transición

Una comisión especial de telecomunicaciones que formó el Frente Amplio elaboró un prolijo y detallado informe de 20 páginas, al cual accedió LA REPUBLICA, recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 hasta que se haya aprobado una nueva ley de telecomunicaciones. Al presidente del Frente Amplio, Ing. Jorge Brovetto se le habría encomendado entregárselo al presidente Tabaré Vázquez para que el tema quede en el paquete de la transición. El informe de la comisión del FA reafirma la idea original de que el Estado sea el promotor principal del Plan Cardales y que Antel tenga el papel preponderante en él mientras que los operadores privados se asocien con la telefónica para brindar el plan.

El próximo ministro de Industria y actual subsecretario de la cartera, Roberto Kreimerman, dijo este miércoles a radio Sarandí que la base del proyecto de ley de telecomunicaciones es la inclusión social y en él está incluido el Plan Cardales.

Kreimerman sostuvo que pese a las diferencias, los objetivos son motivo de consenso. Cualquier tipo de autorización que se produjera a través del decreto 537/009 podría generar graves daños y costos al Estado ya que el próximo gobierno pretende defender a Antel. Uruguay es una plataforma privilegiada para el negocio de las telecomunicaciones, no tanto como mercado, sino sobre todo por su nivel de enlaces y desarrollo. En tanto el grupo Clarín y el de las empresas del mexicano Carlos Slim pugnan por quedarse con la «crema» de la banda ancha» en Uruguay, dijeron fuentes oficiales a LA REPUBLICA.

El día siguiente al balotaje, el 30 de noviembre pasado, el Poder Ejecutivo promulgó el famoso decreto 537/09 sobre el Plan Cardales que generó amplia polémica dentro del propio Frente Amplio. El decreto fue catalogado como innecesario e inconveniente para Antel por Gonzalo Perera en la contratapa de LA REPUBLICA, el 29 de diciembre del año pasado. Decreto innecesario porque si todos los despliegues previstos de entonces a marzo son asociaciones entre cableros y Antel para que los primeros vendan los servicios de banda ancha de Antel y su programación de TV para abonados, el decreto no tiene razón de ser. Los cableros tienen permiso para ofrecer TV para abonados, Antel para ofrecer banda ancha. ¿Para qué hablar de permisos entonces, si no se precisan?

Inconveniente porque «en su momento, los cable operadores asociados a los canales abiertos tradicionales Montecable (Canal 4), TCC (Canal 10) y Ryselco (Canal 12) fueron convocados por el Poder Ejecutivo, a una negociación con Antel para ofrecer un producto de triple play, aunque sin aspiraciones de acceso universal aún. Tras arduas negociaciones, se dividieron las aguas: TCC suscribió el acuerdo, no así Montecable y Ryselco.

Independientemente de las características que haya tenido aquella negociación, desde ese entonces, Montecable y Ryselco solicitaron ante la Ursec (organismo Regulador de las Telecomunicaciones y Comunicaciones) licencias para vender banda ancha por la tecnología de «cablemódem», que significaba el surgimiento de una significativa competencia privada para Anteldata, fundamentalmente en los barrios más privilegiados de Montevideo, abriendo la puerta a un «descreme» del mercado. Esto es: el privado se queda con los 100 mil clientes más rentables, dejando para Antel cubrir los sectores no rentables». Perera agregó en su artículo que «además, pese a ser negado por las empresas locales, cundió como reguero de pólvora en el sector, primero por Internet, luego en diversos artículos y textos, nacionales e internacionales, una noticia inquietante: las solicitudes de los grupos 4 y 12 podrían no estar destinados a un despliegue propio, sino ser parte de alguna forma de asociación con los grupos Clarín-Slim (nos referimos al gran multimedia argentino y al multimillonario mexicano Carlos Slim, propietario de Telmex, Claro, etc.) . De concretarse tal operación, algunas consecuencias serían evidentes:

i) Las ganancias que obtiene hoy Antel, que se quedan en el Uruguay y en las inversiones de interés público, irían a parar a grupos multinacionales.

ii) La propia subsistencia de Antel estaría muy seriamente cuestionada, ya que la banda ancha es el producto de mejor presente y mayor futuro de las telecomunicaciones».

El presidente electo José Mujica dijo en Búsqueda: «acá hay mucho en juego. (…) Quiero escuchar muchas campanas». Mujica sostuvo que «su preocupación es que la decisión tomada por Vázquez suponga «regalarle indirectamente la posibilidad de la banda a
ncha ­y todo lo que significa­ a las grandes compañías mundiales de telecomunicaciones». Mujica agregó que «hay una nube de cosas y de pedidos de habilitación de los canales privados. No sé qué va a quedar. (…) Lo que tengo absolutamente claro es que tengo que preservar lo más que pueda el capital de Antel, con todos los problemas que pueda tener, y si tiene alguna ventaja comparativa tratar de mantenérsela. (…) No pienso regalarles nada» a los canales privados».