"Ningún país respetó el Tratado binacional"

Dos de los máximos protagonistas uruguayos que fueron testigos directos del inicio de la controversia con Argentina por la instalación de la entonces planta procesadora de celulosa Botnia, concuerdan en que el dictamen de la Corte de La Haya acerca del rol de nuestro país en relación al Tratado del río Uruguay, no se ajusta a los hechos y que además ubica a la Comisión Administradora del río Uruguay, CARU, en una posición sobredimensionada.

Jorge Batlle y Didier Opertti, presidente y canciller respectivamente en los años en que nuestro país y el gobierno argentino suscribieron los acuerdos para el montaje de la planta de celulosa en el borde oriental del río Uruguay advierten que si el actual Poder Ejecutivo se ajusta al fallo de la Corte Internacional en el sentido de las recomendaciones consultivas binacionales, nuestro país corre el riesgo de «perder importantes inversiones futuras» y que además vería «seriamente comprometida» su independencia jurídica y territorial.

El ex presidente Jorge Batlle, en diálogo con LA REPUBLICA, no pudo dejar de historiar. «El asunto central de Botnia comenzó porque el entonces gobernador de Entre Ríos y un grupo de gente afín a él, atacaron la construcción de una inminente planta procesadora de celulosa en nuestro país en el entendido de que iría a contaminar las aguas del río Uruguay. Ese fue el inicio. Ese fue el punto central de la controversia» recordó.

También reconoció que «luego, las conversaciones fueron muy largas» entre los dos países y que, por sobre todas las cosas «había problemas para que la CARU se reuniera y analizara el tema».

Batlle destacó que entre los dos cancilleres de la época, Didier Opertti por Uruguay y Rafael Bielsa por Argentina, «habían llegado a un acuerdo que más tarde se estableció en la declaración del presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en su mensaje anual al Congreso. La cosa entonces estaba resuelta» subrayó Batlle que, en la resolución final de la Corte de La Haya prefiere destacar la sentencia de que la planta de celulosa de Fray Bentos «no contamina (porque) ese fue siempre el tema central de la consulta argentina; saber si habría o no polución ambiental en las aguas del río (Uruguay)».

Batlle se preguntó si desde 1975, fecha en que se firmó entre los dos países el Tratado binacional del río Uruguay «¿alguna vez alguien le comunicó a la CARU sus proyectos de inversión?. ¿Alguien de la CARU fue informado sobre las miles de hectáreas sembradas en la margen argentina con soja y el peligro de los productos químicos que terminan en las aguas del río?. Si la consulta debería hacerse siempre, entonces los que nunca cumplieron con el Tratado han sido los argentinos. Nosotros nunca protestamos por esa constante inconsulta», sentenció.

Batlle advirtió que con el resultado del fallo y la recomendación de consultas obligadas con la CARU «estamos metiéndonos en un gran lío de intereses. El juez debe procurar un entendimiento y no otra cosa (porque) ni Uruguay ni Argentina cumplieron alguna vez con el artículo 7 del Tratado del río Uruguay».

 

Opertti. «la CARU no ejecuta sino que administra»

El ex canciller uruguayo Didier Opertti, protagonista en el inicio de la controversia con Argentina, recordó que los delegados de cada país en la CARU «no podían resolver absolutamente nada porque son funcionarios de los Poderes Ejecutivos de los dos países y no pueden actuar en forma autónoma».

La CARU, sentenció Opertti, «no es un organismo supranacional» y «se le está dando, según el fallo de La Haya, un carácter que no posee».

El ex ministro de Relaciones Exteriores del último gobierno del Partido Colorado aseguró que «si hubiéramos dejado toda la negociación en manos de la CARU hubiéramos quedado inmovilizados ante la inversión. La CARU no puede impedir sino que debe dar indicaciones o recomendaciones».

Al igual que ex presidente Batlle, Opertti entiende que «la sentencia de la no contaminación (de UPM) es lo más importante» y que «si se tiene en cuenta el fallo al pie de la letra, Uruguay estará limitado en sus funciones».