El "Goyo" y Blanco vuelven al juzgado como "indagados"

La Justicia continuará la instrucción en uno de los casos más emblemáticos de la represión en Dictadura: la sustracción de los menores Anatole y Victoria Julien en 1976. Dos de los principales referentes del proceso cívico-militar volverán hoy ante el juez Alejandro Guido para prestar testimonio.

El ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez y el ex canciller de la Dictadura, Juan Carlos Blanco, comparecerán hoy ante la Justicia para declarar en uno de los crímenes más emblemáticos de la represión dictatorial: el secuestro en Argentina y posterior apropiación de los hermanos Julien.

Blanco y Alvarez serán conducidos hoy ante el juez Penal de 20º Turno, Alejandro Guido, y la fiscal Adriana Costa para prestar testimonio en la causa como forma de determinar sus responsabilidades en el aparato represivo del Estado durante el proceso cívico-militar. Los dos ex jerarcas de la Dictadura comparecerán como «indagados».

En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, patrocinante en la causa por el secuestro y sustracción de los menores Anatole y Victoria Julien en 1976 consideró «muy relevante» la presencia de ambas ex jerarquías del proceso durante la Dictadura ante la Justicia, pero se mostró escéptico en cuanto al resultado de la misma. La denuncia fue presentada por Victoria Julien en abril de 2008.

«Las expectativas con relación a las declaraciones son escasas, porque generalmente los integrantes del aparato represivo de la época efectúan declaraciones falsas, algunas de ellas goseramente falsas, como por ejemplo, desconocer la existencia de operaciones represivas en la República Argentina», expresó Chargoñia en diálogo con LA REPUBLICA.

Sin embargo, el abogado se mostró confiado de poder obtener información de las denegatorias o los silencios de los indagados, como forma de ampliar los elementos en poder de la Sede para desentrañar la organización del aparato represivo en los años 70.

«Por ejemplo, Gilberto Vázquez (condenado a 25 años de penitenciaría por una veintena de crímenes perpetrados en 1976 contra uruguayos residentes en Argentina, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay y posteriormente desaparecidos) sostuvo ante la Justicia que todo el poder en las FFAA lo tenía la logia Teniente de Artigas, y que (Gregorio) Alvarez no la integraba».

«Sería relevante descubrir como operaban las logias en el Ejército en Dictadura y como se dividían las fracciones de poder dentro de las FFAA, asi como los alcances de las funciones del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)», explicó Chargoñia.

«Esto es una tarea sumamente compleja y de largo aliento, porque muchas veces las operaciones no aparecen en los registros, ya que la propia organización estatal tenía un costado clandestino y sus agentes actuaban con seudónimos y nombres falsos», indicó el abogado.

En este sentido, Chargoñia parafraseó a la fiscal Mirtha Guianze en cuanto a la existencia de «islas de facto dentro del Estado de Derecho», lo cual impide el acceso total a los archivos y documentos del proceso cívico-militar, especialmente los inherentes a las actividades del SID.