Blanco y el Goyo interrogados sobre el traslado de prisioneros

El ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, y el ex funcionario de la embajada uruguaya en Argentina, Alberto Voss Rubio, interpretaron en forma contradictoria un télex oficial enviado el 2 de junio de 1976 por el Ministerio de Relaciones Exteriores hacia la sede diplomática en Buenos Aires sobre los detenidos uruguayos por cuestiones políticas en dicho país.

El abogado patrocinante en la causa por el secuestro y sustracción de los menores Anatole y Victoria Julien en 1976, Pablo Chargoñia, presentó ayer ante el juez penal de 20º Turno, Alejandro Guido, un télex descifrado en la embajada uruguaya en Argentina y hallado recientemente en el archivo de Cancillería. El mismo manifestaba: en relación a los ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina «sírvase proveer su traslado» hacia Uruguay.

En este sentido, el entonces secretario de la embajada uruguaya en Argentina y encargado de descifrar el télex, Alberto Voss Rubio, aseguró que el mismo se trataba de «un ejemplo más de la coordinación represiva entre los ejércitos uruguayo y argentino».

El ex canciller Blanco, por su parte, afirmó que la palabra «traslado» significaba «organizar los eventuales procesos de extradición de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina» que pudieran ser sancionados por violentar el estatuto de refugiados. Sin embargo, Blanco «no pudo señalar ningún caso de un ciudadano uruguayo que haya sido extraditado en esa época», dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

En tanto, el ex dictador Gregorio «Goyo» Alvarez aseguró haberse enterado sobre la existencia de detenidos desaparecidos «por la prensa», ante lo cual emitió en 1978 una orden prohibiendo la compartimentación de información a los servicios de inteligencia. «Yo prohibí la compartimentación en el Ejército», aseguró Alvarez ante el juez Guido, indicaron las fuentes.

La resolución generó la molestia del ex director del SID, Amaury Prantl, y de su ex jefe de seguridad, José Nino Gavazzo, recordó el ex dictador. Ambos fueron sancionados en esos años por la publicación de la revista «El Talero», donde se pronunciaron duros cuestionamientos sobre la figura de Alvarez.

 

«Ninguna responsabilidad»

El abogado Miguel Langón, representante del ex canciller Juan Carlos Blanco, en el proceso penal, afirmó que en la causa no existen elementos para atribuir responsabilidad penal a su cliente. «Se lo trata de vincular por haber ocupado un cargo en el gobierno dictatorial, pero eso no implica responsabilidad penal, puede ser política por haber participado en un gobierno que volteó el Parlamento y dio un golpe de Estado», expresó Langón a LA REPUBLICA.

«Una cosa es ser integrante de un gobierno dictatorial, que se resuelve políticamente o eventualmente con las figuras tradicionales de ‘Atentado a la Constitución’, pero otra cosa es pretender imputar homicidios o desaparición de personas por ocupar simplemente un cargo», dijo el abogado.

Blanco era el canciller, por lo cual «no tenía mando de tropa, ni subordinados, ni tenía poder sobre las autoridades militares y policiales uruguayas que eran las encargadas de la lucha antisubversiva, y muchísimo menos ningún poder posible frente a lo que era la dictadura militar argentina», expresó Langón.