Inteligencia: ministro de Defensa Rosadilla es partidario de un contralor parlamentario

El gobierno estudia un proyecto de ley propio sobre la función que deben llevar adelante los servicios de Inteligencia del Estado.

En este anteproyecto se reforman radicalmente los servicios y se les conceden nuevas atribuciones a las agencias afectadas a la información como así también a sus integrantes. El documento, al que tuvo acceso este diario, está actualmente en poder de las máximas autoridades de los ministerios de Defensa, Interior y de Relaciones Exteriores para su evaluación y desde hace ya algunos meses. En su redacción se define y se le concede un marco legal a los servicios de Inteligencia del Estado superando las fronteras de la inteligencia militar y policial. Se generan normas para la función de la Inteligencia y se plasma por vez primera un estatuto de funcionamiento con responsabilidades y derechos para los funcionarios afectados a estos servicios, además de conceder coberturas especiales de seguridad para su desempeño. El proyecto en cuestión proviene desde la época en que Azucena Berrutti estaba al frente del Ministerio de Defensa, jerarca que luego fue subrogada por el hoy diputado José Bayardi.

Posteriormente, el material siguió su derrotero hasta que Bayardi le entregara esta iniciativa a manos de Gonzalo Fernández. Bayardi recuerda que «fue la última acción que hice el último día de mi gestión como ministro (de Defensa Nacional)» (ver nota aparte).

El actual secretario de Estado, Luis Rosadilla, confirmó anoche a este diario que «antes que Gonzalo Fernández dejara el Ministerio de Defensa me entregó el material», proyecto de ley que apunta a crear una ley integral sobre los servicios de Inteligencia del Estado.

El ministro confirmó que se pretende «regular los servicios de Inteligencia» y «establecer en Uruguay un marco más moderno de esta actividad».

Rosadilla entiende que «sin orientación» en materia de Inteligencia es muy difícil desarrollar un servicio acorde a las necesidades actuales. Hasta el momento, los servicios que prestan las agencias de Inteligencia «han tenido resultados interesantes, siempre en función del presupuesto que se tiene para esta actividad que siempre son menguados por las restricciones que se tienen. Se hace lo que se hace con lo que se tiene».

El nombre del ministro Rosadilla ha estado en boca de varios legisladores de la oposición que en los últimos tiempos han promovido algunas iniciativas legislativas con las que se pretende lograr un control o seguimiento parlamentario en los servicios de Inteligencia del Estado. Sin embargo, el propio Rosadilla señaló anoche que hasta el momento «no he visto ningún proyecto de ley» sobre los servicios que se realizan. «Nunca me llegaron proyectos ni propuesta alguna» aunque se apuró a dejar en claro que «yo comulgo con que exista algún tipo de control del Poder Legislativo en los servicios de Inteligencia».

El 6 de abril pasado lo hizo el diputado nacionalista Javier García y hace apenas dos semanas el también diputado colorado José Amy han hecho público propuestas parlamentarias con las que se pretende concederle un marco institucional a los servicios de Inteligencia del Estado, una vez que ya se sabe que una oficina coordinadora de los servicios ha comenzado a funcionar y tiene un responsable: Augusto Gregori.

El senador frentista Eleuterio Fernández Huidobro redobló la apuesta y propuso iniciar un «gran debate nacional» para definir qué tipo de servicios de Inteligencia se requieren para el presente y futuro del país.