Debate interno. Comisión Especial vuelve a reunirse hoy

Ley de Caducidad: el FA aún sin definición

Este 2010 será sin dudas, el año de la anulación de la Ley de Caducidad, aseguró el diputado Luis Puig. El legislador frentista, que antes de asumir integró en forma activa la coordinadora por la anulación de la ley, entiende que «en este año están dadas las condiciones para que anulemos esta ley y comencemos a erradicar la cultura de impunidad que existe en la sociedad».

A nivel del FA, sin embargo, se han escuchado voces contrarias a anular la Ley de Caducidad, no obstante Puig señaló que «existe hoy una correlación que apunta a erradicarla y dejarla sin antecedentes».

Para Puig hoy «no basta únicamente con eliminar la ley» sino que además el Estado debe iniciar un proceso social que «termine con esa sensación de impunidad y de falta de solidaridad» que hay en la población. Que esa sensación de impunidad «se vive y se transmite en la violencia en el hogar y contra las mujeres».

Confesó que sintió «mucho dolor» cuando en los últimos días escuchaba comentarios de la gente e «incluso de los periodistas cuando aludían al incendio ocurrido en la cárcel de Rocha y que terminó con la vida de 12 personas».

«Me dio mucha pena que la gente justificara la situación que vivían a diario esas personas y que los periodistas se refirieran a ellos como ‘los reclusos muertos'; nunca como ‘las personas muertas'».

Puig señaló que «el Estado uruguayo viola a diario los Derechos Humanos de las personas que se encuentran en las cárceles» y por ello está «en deuda con la sociedad».

Propone que desde el mismo Estado se implementen procesos de «cultura social por los Derechos Humanos; un desarrollo de valores que desde hace muchos años tiene un progreso negativo».

«Este 2010 será el año de la anulación de la Ley de Caducidad y eso no tiene marcha atrás», insistió el legislador «por la correlación tanto interna en el país como por las señales que se muestran a nivel internacional». «Es importante que en el FA se transite en este sentido», destacó.

Para Puig «la señal de anular (la ley) es muy fuerte pero se debe avanzar contra la cultura de la impunidad para que lo jóvenes vean que es posible cambiar una situación que venimos arrastrando desde hace años».

El convencimiento del diputado del FA en el sentido de que el actual será el año en que se anulará la ley se contrapone con los hechos ocurridos en año 2006 y que llevaron a disparar lo que después fue la campaña por la recolección de firmas para plebiscitar la norma conjuntamente con las pasadas elecciones nacionales.

«En el pasado gobierno faltó voluntad política para anular la Ley de Caducidad. Cuando en el año 2006 solicitamos una entrevista con los legisladores de entonces para que se erradicara la ley, sólo concurrieron a la reunión cinco representantes. Eso es una muestra de la nula voluntad política de entonces», relató Puig. «Por eso ­continuó­ hubo que recurrir al mecanismo de la reforma constitucional y por ello largamos en 2007 la recolección de firmas».

Puig entiende que cuando se sometió a la consideración popular la anulación de la ley, y arrojó el resultado de mantener la norma, «hubo en ese 52% muchos que entendían que se había avanzado en materia de Derechos Humanos y que no había necesidad de anularla». Sin embargo, el legislador aseguró que en la izquierda hay sintonía en erradicarla del mapa jurídico uruguayo y que «hoy se está discutiendo a nivel del FA la decisión política necesaria para comenzar a redactar el proyecto de anulación».

 

Debate interno

La Comisión Especial creada por el FA para analizar los pasos a seguir en torno a la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», se reunirá nuevamente hoy en procura de alcanzar los acuerdos necesarios en la interna de la coalición de izquierda para presentar una propuesta común a la ciudadanía.

El debate actual en el FA mantiene divergencias entre algunos sectores que promueven abiertamente declaración de la norma nula e inexistente (Nuevo Espacio, PVP y Democracia Avanzada) y aquellos que reivindican «respetar» los dos pronunciamientos populares sobre el tema (particularmente el MPP).

En este sentido, el edil emepepista Jorge Meroni reiteró a LA REPUBLICA la postura del sector de respetar los dos pronunciamientos populares en el entendido de priorizar el mecanismo de «democracia directa» por sobre el de «democracia representativa», mediante el cual la norma sería anulada por vía legislativa. Sin embargo, Meroni adelantó que el MPP acatará la decisión del FA sobre el tema.

En tanto, la diputada de Asamblea Uruguay (AU) Daniela Payseé afirmó que aún no existe «ningún proceso acabado» sobre la postura que adoptará el FA en relación a la Ley de Caducidad, pero «los caminos para saldar el tema pasa por un análisis de los contextos y no sólo del texto».

El sector liderado por el vicepresidente de la República, Danilo Astori, entiende que la Ley de Caducidad «es inconstitucional», pero «para nosotros es más que válido el doble pronunciamiento de la ciudadanía». «El tema debe analizarse en toda su dimensión pero no podemos desechar el pronunciamiento soberano», dijo Payseé.

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