Estafa en la Armada: Rosadilla adelantó "consecuencias graves"

El ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, dispuso el relevo de cuatro oficiales de la Armada por sus «implicancias» en una compra fantasma por 600 mil dólares, mediante la cual el arma adquirió una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores, pero nunca fueron recibidos por el Dique Nacional.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) resolvió «suspender de su actividad y retirar de su destino» a los cuatro oficiales (dos capitanes de navío y dos capitanes de fragata), para dejarlos a la orden de su respectivo Comando, como forma de no afectar la investigación administrativa impulsada por la Secretaría de Estado ni la indagatoria judicial encabezada por la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, según explicó el propio ministro Rosadilla ayer en conferencia de prensa.

La resolución del MDN no implica «una imputación de delito ni una sanción», sino que procura que los cuatro oficiales «estén en condiciones permanentes de responder en la investigación administrativa, aún no culminada pero sí avanzada, y a la Justicia», dijo Rosadilla.

Los cuatro oficiales «están claramente implicados en los hechos, y para que la investigación pueda hacerse sin ningún tipo de obstáculos fueron separados». Incluso, en un caso implica su retorno al país, puesto que cumple funciones como agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia (Brasil). Según pudo saber LA REPUBLICA se trata del capitán de navío Gerardo Feble, quien durante muchos años estuvo vinculado a las compras de la Armada. La investigación administrativa del MDN culminará el próximo viernes, ante lo cual Rosadilla excusó referirse a posibles montos de la maniobra.

 

Compra fantasma

La jueza Graciela Gatti comenzó la investigación ante una denuncia anónima llegada a la Justicia Especializada en Crimen Organizado donde se alertaba sobre algunas compras efectuadas por el Comando General de la Armada. Las operaciones fueron asentadas en los registros contables de la Armada como efectivamente concluidas, aunque ninguno de los costosos materiales adquiridos estaba operativo en su destino.

La magistrada y la fiscal Mónica Ferrero iniciaron la instrucción e interrogaron a una veintena de oficiales y civiles, entre ellos el ex comandante en jefe de la Armada, contralmirante Juan Fernández Maggio. Incluso, algunos oficiales fueron sometidos a careos, como informara LA REPUBLICA el pasado lunes.

La jueza ordenó además un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada y una inspección ocular en la División Logística -N4- dependiente del Estado Mayor General de la Armada. El N4 lleva el control de todos los movimientos económicos, inversiones y gastos del Comando, además de asesorar al comandante en jefe de la Armada. La magistrada ya tendría plenamente identificados a los partícipes de la maniobra y la operativa, la cual podría estarse desarrollando desde el año 2000, así como estarían en calidad de «emplazados» ocho oficiales y un civil, según pudo saber LA REPUBLICA.

Ambas compras fueron realizadas mediante el sistema de «Compra Directa por Excepción» y adjudicadas el 8 de enero de 2009, según consta en la página oficial creada por Presidencia de la República y Agesic para transparentar las compras de todos los organismos del Estado.

En este sentido, el expediente CE 26/2008 del Comando General de la Armada determina la adquisición de una grúa hidráulica «todo terreno cabina giratoria», por 4.359.489,01 pesos (212.658 dólares con tipo de cambio a 20,50); mientras el expediente CE 27/2008 refiere a la compra de un banco para mantenimiento mecánico (banco de pruebas para motores), con un costo de 8.094.089,50 pesos (394.833 dólares). Sin embargo, en ambos casos el Serap deja constancia de que «no se posee archivo de Acta de Adjudicación», según se desprende de ambos documentos. Ambos materiales tenían como destino el Dique Nacional. Sin embargo, ninguno de ellos figura en dicha dependencia ni tampoco está registrado como dado de alta en el Control General de Stock de la Armada. En este procedimiento, debieron intervenir en forma directa tres contralmirantes. No obstante, fuentes consultadas recalcaron que «es imposible» que una compra de esa magnitud debió haber sido autorizada por toda la cúpula de la marina en pleno.

 

«Fondos ONU»

En tanto, el ministro Luis Rosadilla adelantó el fin de una investigación administrativa impulsada por la Secretaría de Estado mediante la cual se pretende desentrañar el manejo de fondos provenientes de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas (ONU), la cual podría ser remitida a la Justicia.

Rosadilla aguarda el informe de la Asesoría Jurídica del MDN para hacer efectiva la consulta correspondiente al presidente de la República, José Mujica, para determinar las medidas administrativas por el manejo de los denominados «Fondos ONU», dijo el secretario de Estado durante la conferencia. Rosadilla no descartó presentar la investigación ante la Justicia.

La investigación administrativa fue iniciada en 2009 tras el informe elaborado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en la cual se detectó ineficiencias en los controles, debilidades contables, falta de registros de fondos y una cuenta fantasma en el Dresdner Bank Laeinamerika AG de Alemania, mediante la cual la Armada administró unos 30.000.000 de dólares entre 2006 y enero de 2009.

En este sentido, Rosadilla autorizó al instructor sumariante el pago de 6.000 euros al Dresdner Bank para la apertura de los registros de la cuenta, lo cual permitió desentrañar el manejo de los fondos. La investigación incluyó «un período largo de compras», entre la cual existe «enorme y diversa variedad de cosas», dijo Rosadilla.

«Hasta la administración pasada los ‘Fondos ONU’ no tenían ningún tipo de regularización. Desde que se crearon, hace tantos años atrás, se disponía directamente por parte de los comandos de la fuerza». Sin embargo, el anterior gobierno impulsó un cambio, continuado por la actual administración, sobre el manejo de los fondos, señaló Rosadilla. «Hoy por hoy (el dinero) está en una cuenta única, en la cual el MDN autoriza, dispone y firma los gastos propuestos, organizados y administrados por la fuerzas». Los gastos son «resueltos, conocidos y pagados desde el Ministerio», mediante una unidad de gestión especialmente constituida, dijo el ministro. En ambos casos, Rosadilla prefirió no realizar manifestaciones sobre las posibles consecuencias para ambas investigaciones. Sin embargo, alertó que de constatarse acciones de oficiales que «rompen las normas» o «llevan actos reñidos con la buena administración o directamente burlan a la administración (tendrán) las más severas de las sanciones». «Todas estas investigaciones tendrán consecuencias graves», culminó el jerarca.