Reglas de juego claras para evitar concentración de medios

El gobierno lanzó el debate sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. No se trata de una norma para los medios sino que debe ser una ley para proteger el derecho de todas las personas, incluso ante el Estado y los propios medios, sean estos públicos, comerciales o comunitarios.

Los principales objetivos del proyecto son garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios, reconociendo la participación de los sectores públicos, privado y comunitario, fortaleciendo la transparencia en los criterios de asignación de espacios y estableciendo reglas de juego claras, que eviten la concentración de medios, identificando a sus propietarios y evitando testaferros.

El gobierno llamará a un foro sobre telecomunicaciones para la elaboración de un proyecto de ley de radio y TV que se presentará en el Parlamento a principios de 2011. La ley buscará evitar la concentración de medios y asegurar el acceso equitativo a la infraestructura para producción y difusión de contenidos. El subsecretario del Ministerio de Industria, Minería y Energía, profesor Edgardo Ortuño, sostuvo que se necesita una regulación que responda a cambios tecnológicos y a desafíos de la convergencia digital. Un sistema de reglas claras que brinden certeza jurídica a los operadores privados; impulso a la capacidad de creación de técnicos, actores y productores a través del desarrollo de la industria audiovisual y alianza estratégica entre creadores de contenidos y medios masivos de radio y televisión.

En la mañana de ayer, en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel se lanzó el debate sobre los contenidos que tendrá la nueva ley de radiodifusión en Uruguay, que será discutida a lo largo del año con los diversos actores del sector. Su objetivo primordial es elaborar una ley moderna que garantice la diversidad y el pluralismo en los medios, que considere la realidad actual con un marco normativo que establezca reglas claras y transparentes a la hora de asignar las frecuencias radioeléctricas.

En el acto de lanzamiento que se realizó a modo de teleconferencia en el Auditorio de Antel, hicieron uso de la palabra el subsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño, el director Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Gómez, del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y desde Washington, Catalina Botero, representante de la OEA. Ortuño dijo que esta iniciativa es el comienzo de un camino de avances legales y reformas hacia la nueva regulación audiovisual que el país necesita. Se ha decidido transitar colectivamente con todos los involucrados en el tema hacia una nueva ley, porque la «vieja y pobre ley vigente» tiene su origen en la dictadura, aunque fue revisada a comienzos del período democrático. «El Uruguay necesita una ley moderna de radio y televisión para la convergencia digital que esté al servicio de la democracia, de la cultura, del desarrollo del país y de la gente, que en última instancia es la destinataria de los esfuerzos de comunicación», dijo el subsecretario. Ortuño explicó claramente lo que no se pretende con esta ley. «No queremos una ley de censura ni de regulación de contenidos informativos que interfieran las líneas editoriales de los medios ni una ley que establezca cuestionamientos de ningún tipo», subrayó.

Catalina Botero, miembro de la relatoría de la OEA, coincidió totalmente con lo expresado por el subsecretario Ortuño y felicitó al país por su esfuerzo, preocupación y deseo de mejorar su reglamentación audiovisual. Destacó positivamente que en el debate intervengan todos los sectores involucrados, porque eso le dará validez democrática al resultado que se obtenga. Por su parte, Gustavo Gómez, director de Dinatel, profundizó en algunos aspectos relacionados con los contenidos de la ley que se pretende elaborar, en base a un documento de su autoría, presentado bajo el nombre «Cómo garantizar la diversidad y el pluralismo en los medios: aportes para la revisión y reforma de la Ley de Radiodifusión en Uruguay». Gómez destacó que la nueva ley debería contemplar los avances que ya se han realizado al respecto, especialmente la Ley 18.232 de Radiodifusión Comunitaria aprobada en 2007; también mencionó la necesidad de reconocer los sectores: comercial, comunitario y público, que ya fueron tomados en cuenta durante el período de gobierno pasado, en el Decreto 374 /2008, que también se pretende elevar en este proyecto de ley. Otro punto tiene que ver con el acceso equitativo a las infraestructuras en general, para lo cual se plantea mantener la disposición que aparece en la Ley 18.232, respecto a la reserva de al menos un tercio de las frecuencias para medios comunitarios, incluso de las nuevas frecuencias digitales.

Limitar la conformación de monopolios y la excesiva centralización de contenidos desde Montevideo hacia el resto del país, entre otras cosas similares, es otra aspiración.

En materia de apertura a la competencia, especialmente en la televisión abierta y de abonados, se propone habilitar el ingreso de nuevos actores comerciales públicos y comunitarios que mejoren y completen la oferta a la población y abrir canales de distribución a la excelente y pujante producción audiovisual nacional.