Armada prohibió pagos con vales de nafta

Rentilan SA (ver nota aparte), propiedad del teniente coronel (r ) del Ejército Eduardo Coronel, participó en la construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 8, de la calle Domingo Arena, conocida como «Cárcel Especial para Militares», en la cual se encuentra recluido el dictador Gregorio Alvarez y una decena de represores de la última dictadura cívico militar.

Esta empresa cobró a la Armada $16.080.122 en vales de nafta y otros $2.735.474 en tickets de alimentación ­entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con destino al personal subalterno­ por presuntas obras en el Dique Nacional. Según una investigación interna de la Armada, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA esta factura se tramitó a través de Astilleros Navales (dependiente de la Dirección de Material), dentro del proyecto de construcción de barcazas para la ex Botnia.

La operación ­que ya fue denunciada en forma anónima a la jueza especial en Crimen Organizado Graciela Gatti­ reportó jugosos dividendos sobre todo a quienes la pergeñaron.

Esta se originó en un refuerzo de partidas por concepto de combustible que recibió la Armada en el Ejercicio 2008, con el objetivo de la compra de dos fragatas a Portugal. Este refuerzo no fue declarado al Estado Mayor (N-4) División Logística y del total asignado ­unos $ 27.012.078­ sólo se distribuyeron efectivamente $ 10.931.956: el resto quedó «oculto» para el Estado Mayor General y a disposición de los autores de la maniobra. La transacción se efectuaba canjeando el valor de $1.000 en vales o tickets por $ 700 en efectivo: la comisión por el «blanqueo» de esta maniobra fue de 30%, según se hizo saber a LA REPUBLICA. El comandante de la Flota fue informado en ese momento que para atender gastos se había producido un «traspaso de rubros». Sin embargo, la realidad fue que con ese dinero se pagó a Rentilan.

En esta operación aparecen vinculados directamente dos capitanes de navío, aunque no se descartan otras responsabilidades a nivel superior de la cúpula de la Armada.

En resumen: la Armada no puede justificar el gasto durante 2008 de unos $ 18 millones en vales de nafta, alrededor del 25,5% de todo el combustible utilizado por dicha arma. En su misión principal (la flota), la Armada gastó ese año $ 27.172.717, un 27,3% del presupuesto asignado a este rubro. El tema fue analizado al más alto nivel en la Armada, el 13 de mayo de 2009, en reunión de la Junta de Almirantes.

Para no afectar la «imagen» institucional se decide justificar el faltante de nafta, diciendo que se habían otorgado vales de combustible «en forma gratuita» a los oficiales. Estos hechos culminaron con el traslado del director de Material, quien pidió ser relevado.

El lunes pasado, LA REPUBLICA se hizo eco de esta denuncia, la cuarta que involucra a la Armada. A raíz de estos hechos, el viernes pasado, en el 4º piso del Comando de la Armada, el prefecto nacional naval contralmirante Hugo Viglietti di Mattia, se reunió con todos los capitanes de navío del cuerpo de Prefectura.

Allí, según fuentes consultadas, Viglietti comunicó la prohibición del uso de vales de nafta para otros destinos que no sean el pago de combustible. Un oficial preguntó cómo se instrumentará a partir de ahora el pago de algunos alquileres de viviendas.

En dicho encuentro, a su vez, un oficial preguntó por el uso de tickets de alimentación repartidos por el Mides ya que su repartición jamás había recibido ni uno solo.

El ministro de Defensa Luis Rosadilla ­quien comparece hoy ante el Parlamento­ aún no ha tomado cartas en el asunto.

El secretario de Estado explicará hoy a senadores y diputados de las comisiones de Defensa las investigaciones realizadas hasta ahora sobre las compras irregulares en la Armada. La investigación administrativa sobre compras irregulares determinó que el secretario de Estado separase del cargo a dos capitanes de navío y a dos capitanes de fragata.

La jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, del juzgado de crimen organizado, investigan las irregularidades ­por más de medio millón de dólares­ y se aprestan a citar a declarar esta semana a más oficiales de la fuerza de mar y a funcionarios de responsabilidad política del Ministerio de Defensa Nacional de los últimos gobiernos.

A su vez, el Partido Colorado analiza promover la creación de una comisión preinvestigadora para estudiar lo ocurrido en la Armada y en el propio Ministerio. Esta decisión está en carpeta luego de que el ex ministro Yamandú Fau solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que se investigue su gestión y la de los otros titulares de la cartera.

Una de las investigaciones en la Armada gira alrededor de supuestas compras ficticias de una grúa y un banco de pruebas para motores, realizadas en 2008. Otra investigación tiene que ver con el manejo irregular de fondos de la ONU por parte de las Fuerzas Armadas. Las pesquisas comenzaron en octubre de 2009.

Una tercera investigación se relaciona con una irregularidad ocurrida en el manejo de viáticos percibidos por un funcionario civil de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) que se trasladó al exterior.

Esta persona ya fue separada de su cargo. Rosadilla informó que el Ministerio inició los trámites correspondientes ante el Poder Legislativo para su destitución como funcionario público.