Justicia militar indagará actividad  delictiva denunciada en la Armada

El ministro de Defensa Nacional Luis Rosadilla entregó ayer al presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, tres expedientes para el inicio de los trámites ante la Justicia Militar, para la definición sobre la presunta comisión de «delitos militares» por parte de los oficiales involucrados en varias irregularidades en la Armada.

«Nos reunimos (con el general -r- Halty) a los efectos de darle trámite, trasladarle, una serie de investigaciones administrativas ya culminadas, y algunas investigaciones de urgencia también culiminadas para que la Justicia Militar tome cuenta de ellas y actúe» porque «presumimos que alli puedan encontrarse delitos específicamente militares», expresó ayer el propio Rosadilla en rueda de prensa.

En este sentido, el capitán de navío Alvaro Bacqué, procesado con prisión por la Justicia Especializada en Crimen Organizado, será el primer oficial sometido a la Justicia Militar, por el cúmulo de irregularidades constatadas hasta el momento. El expediente fue caratulado como «Omisión de Servicios», según indicaron fuentes políticas a LA REPUBLICA.

Bacqué fue procesado el pasado viernes 6 por la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, por un delito de «fraude» como consecuencia de una millonaria maniobra con vales nafta y fondos presupuestales detectada en la órbita del propio Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

El marino se desempeñaba como «Nº 2″ de la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Defensa, y tenía en su poder, dentro de una caja fuerte de su oficina, 159 libretas de vales de nafta válidos hasta mayo de 2011, valor $ 500 cada uno, lo que totalizan $ 1.987.500. Sin embargo, según reveló el propio Rosadilla en la Comisión de Defensa del Parlamento faltaban 436 vales, por un monto de $ 5.450.000. Los vales eran cambiados en las estaciones de servicio para obtener «dinero». El oficial reconoció su participación en la maniobra.

Asimismo, Rosadilla entregó al presidente del STM otros dos voluminosos expedientes, los cuales refieren a investigaciones administrativas sustanciadas durante la administración del hoy diputado José Bayardi, entre ellos, uno por el manejo de los fondos provenientes por la participación de las tropas uruguayas en las Misiones de Paz de la ONU («Fondos ONU»). Estos también estarían caratulados como «Omisión de Servicios».

Sin embargo, el ministro no presentó los expedientes vinculados con el tema de las «compras fantasmas» en la Armada, por cuanto aún está actuando la Justicia Oridinaria y el MDN no tiene acceso al expediente. El caso refiere a la compra de una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores realizadas por el Comando General de la Armada, por U$S 600.000, que no pudieron ser halladas en su lugar de destino, el Dique Nacional.

Tampoco fue remitido el caso del teniente de navió Ernesto Menafra, sobrino del ex comandante en Jefe de la Armada, contralmirante Oscar Debali, enjuiciado por la jueza Gatti por una maniobra irregular constatada en la Quinta División del Estado Mayor -Comunicaciones- por el manejo de tarjetas de recarga para celulares. Menafra fue procesado por un delito de «pecualdo».

 

«Todas las garantías»

El presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, afirmó que los investigados por la Justicia MIlitar tendrán «todas las garantías del debido proceso», como forma de dilucidar la posible comisión de delitos militares.

«Los expedientes fueron remitidos a los efectos de que la Justicia Militar tome conocimiento y determine si los involucrados cometieron o no delitos militares». En este sentido, «el procedimiento dentro de la Justicia Militar es muy similitar a la Justicia Ordinaria, y se brindan todas las garantías del debido proceso a los encausados», explicó Halty a LA REPUBLICA.

Los expedientes serán entregados en la tarde de hoy («a más tardar el lunes») al juez militar de Turno, para el inicio del proceso. Halty explicó que el caso es instruído por un juez de Instrucción, el cual es el encargado de disponer el interrogatorio de testigos y la citación del encausado, para la definición de los posibles delitos militares. Posteriormente, el expediente es derivado a la Fiscalía Militar (dependiente del MDN) para la determinación sobre la existencia de delito y la pena; y por último derivado al juez de Instancia para el dictado de condena y la disposición de pena, en caso de constatarse responsabilidad.

La Ley Nº 18.650, «Ley Marco de Defensa», aprobada en febrero de 2010, consolida que la Justicia Militar es competente únicamente para atender en «delitos militares», en una reafirmación del artículo 253 de la Constitución de la República. En tanto, los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, deben ser juzgados por la Justicia Ordinaria (ver página 2).