IRREGULARIDADES: PRIMEROS 15 RELEVOS EN LA ARMADA

Se concretaron ayer los primeros 15 relevos anunciados anteriormente por el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, en aquellas áreas que se consideran «sensibles» en la administración de la Armada Nacional.

En una extensa reunión mantenida por el titular de Defensa y las máximas autoridades navales en la sede del Comando General de la Armada, que comenzara a las 17 horas de ayer, se resolvieron estos relevos en los departamentos de compras y licitaciones, como así también la clausura de la Oficina de Presupuesto Naval (Opren), para la cual en el futuro cercano se creará una dependencia sustituta.

Al frente de la Opren se encontraba el oficial Danilo Damonte, que ayer fuera citado por la Justicia por el caso de la compra fantasma de la grúa cabrestante y del banco de prueba de motores.

Los cambios que se ordenaron primero por parte del jefe interino de la Armada, Hugo Viglietti, se realizaron en las áreas de Logística (N4), en la ya citada Oficina de Presupuesto Naval y en el Servicio de Aprovisionamiento (Serap), dependencias donde se planifican las compras y se manejan los fondos que ingresan a la fuerza naval. Todas estas oficinas serán relevadas y modificadas.

Para Danilo Damonte, titular del Opren, Gerardo Feble, ex responsable de Logística, y Alberto Márquez, director del Serap, la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero pidió el procesamiento por su responsabilidad en las maniobras de «compras fantasma». La Fiscalía les imputó el delito de «fraude».

Rosadilla suscribió los cambios conjuntamente con el jefe interino de la Armada, Hugo Viglietti, y con los almirantes, con los que además se analizaron los pasos a dar próximamente en el marco de las modificaciones operativas.

Los nuevos oficiales que asumirán en las dependencias contables de la Armada permanecerán en esos puestos por el término de 30 meses. Vencido ese período volverán a rotar y el lugar será ocupado por otros funcionarios. La medida se ajusta a la norma de la ley anticorrupción vigente en el país.