Cierre de fronteras para cinco oficiales de la Armada

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, dispuso el cierre de fronteras para los cinco oficiales de la Armada imputados por su participación en la «compra fantasma» de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores, con el fin de evitar cualquier posible medida evasiva para no responder ante la Justicia.

La magistrada adoptó la medida cautelar tras la finalización de la audiencia ratificatoria realizada ayer en la cual los cinco oficiales imputados por la fiscal Mónica Ferrero por «dos delitos de fraude en reiteración real» comparecieron junto a sus abogados, según indicaron fuentes del caso a LA REPUBLICA.

Los oficiales fueron notificados el pasado lunes del pedido de procesamiento formulado por la fiscal Ferrero, tras lo cual la jueza Gatti dispuso audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP) para reinterrogar a los oficiales y brindar la posibilidad a los abogados de solicitar nuevas medidas probatorias.

En este sentido, los abogados solicitaron la comparecencia de varios oficiales y subalternos no involucrados en la imputación fiscal. Ante esto, la jueza Gatti resolvió postergar la resolución y emplazar a los oficiales para comparecer nuevamente en la tarde de hoy (16:00 horas), con vistas a diligenciar las pruebas requeridas, explicaron las fuentes.

Por esto, el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, el capitán de navío Gerardo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia -Brasil-), el capitán de navío Alberto Márquez (jefe del Servicio de Aprovisionamiento -Serap- de la Armada), el capitán de navío Danilo Dalmonte (ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Naval) y el capitán de fragata Pablo Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval) deberán volver hoy ante la jueza. Todos enfrentan un pedido de procesamiento con prisión, salvo Damonte, por cuanto el oficial habría colaborado con la Justicia durante el proceso.

La indagatoria judicial por la «compra fantasma» efectuada por el Comando General de la Armada en 2008 comenzó semanas atrás con una «denuncia anónima» arribada a la Justicia Especializada en Crimen Organizado, por la adquisición «irregular» de un grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores.

La jueza Gatti dispuso entonces varias medidas, entre ellas, un allanamiento en el Serap y una inspección ocular en la División Logística -N4- dependiente del Estado Mayor de la Armada donde constató que los materiales adquiridos en unos U$S 600.000 no se encontraban en su destino, el Dique Nacional.

El inicio de la indagatoria implicó la citación de una decena de oficiales de la Armada y la concreción de careos ante el cúmulo de contradicciones existentes entre los principales indagados. En este sentido, el vicealmirante (r) Fernández Maggio afirmó haber sido «burlado en su buena fe» por los oficiales partícipes de la maniobra, negando conocimiento de la misma; mientras Feble alegó que todos los mandos y jerarquías de la Armada estaban en conocimiento de las maniobras, las cuales no eran ocultas ni secretas.

Sin embargo, la fiscal Ferrero estimó que el ex comandante en jefe de la Armada «debía» estar al tanto de la ilegalidad del proceso de adquisición de ambos materiales.

El cúmulo de irregularidades constatadas en la Armada ya implicó el procesamiento de dos oficiales por la utilización indebida de vales de nafta y de tarjetas prepago de telefonía. Asimismo, en las últimas horas el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, confirmó la existencia de otras dos compras fantasmas por unos U$S 300.000. Hoy la jueza Gatti podría disponer nuevos procesamientos.