Detalles de las maniobras en la Armada

El pasado viernes 7 de mayo la fiscal Mónica Ferrero compareció ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado y presentó una «denuncia anónima» llegada a su despacho, en la cual se detallaban diversas irregularidades existentes en el Comando General de la Armada.

El escrito sin firma era acompañado por varios documentos y narraba que desde hacía varios años la Armada Nacional realizaba maniobras para la adquisición de mercaderías en el exterior que «nunca» ingresaban a la Armada mediante el mecanismo de «compras directas por excepción». Es decir, el Estado pagaba un precio facturado por mercaderías que nunca recibió.

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, asumió competencia y dispuso un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) y una inspección ocular en la División Logística -N4- dependiente del Estado Mayor de la Armada constatándose que una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores presuntamente adquiridos en 2008, no se encontraban en su lugar de destino, el Dique Nacional.

La constatación fue el disparador de una extensa y prolija indagatoria, la cual culminó, por ahora, con el procesamiento de cuatro oficiales, entre ellos, el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio por «un delito continuado de fraude».

 

«Compras fantasmas»

Las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN), tras el análisis de los estados contables del Comando General de la Armada, implicaron la decisión del anterior gobierno de impulsar nuevos mecanismos de control sobre los ingresos por Misiones de Paz de la ONU administrados, hasta entonces, en forma independiente por las Fuerzas Armadas. El ex comandante en jefe, Juan Fernández Maggio, resolvió entonces (fines de 2008) gestionar ante el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) la desafectación de un crédito adeudado por la Armada a dicha entidad ($ 9.065.460), referido a la cuota anual por el edificio de viviendas ocupado por oficiales, con la excusa de no contarse con disponibilidad suficiente para efectuar el pago, lo cual fue autorizado.

Sin embargo, la desafectación del crédito no implicaba la libre disponibilidad del dinero, por lo cual los oficiales idearon la simulación de las dos compras, como forma de poder utilizar el dinero «en forma directa y sin contralor». En este sentido, «se simuló la necesidad de comprar un banco de pruebas SWWK y una grúa, se simuló la oferta por parte de los supuestos representantes exclusivos y se simuló el cobro de los precios respectivos por personas que no han podido ser identificadas», según expresa el fallo de la jueza Gatti.

El dinero obtenido fue administrado por los capitanes de navío Gerardo Feble (ex jefe de la División Logística -N4- y ex agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia) y Danilo Damonte (ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Naval) bajo las directivas del ex comandante Fernández Maggio, expresó la magistrada.

El procedimiento empleado fue «pergeñado y dirigido» por Damonte y Feble y contó con participación en la ejecución del capitán de fragata e integrante de la Dirección de Material Naval, Pablo Da Costa. «Los primeros fueron quienes generaron las supuestas ‘necesidades’, falsas, evidentemente, de los bienes a comprarse y actuaron junto con Da Costa, hasta lograr la obtención del dinero (…), para pagar mercaderías que ésta en realidad no compró», expresa el fallo.

 

Los dos procesos

Los oficiales encargados de pergeñar la maniobra utilizaron el sistema de «compras directas por excepción», para lo cual conformaron los expedientes CE 26/2008 y CE 27/2008.

La compra CE 26/2008 implicó la creación de un formulario Nusan señalando la necesidad de adquirir la grúa y el señalamiento de un proveedor exclusivo (Jonach Construcciones Electromecánicas, con sede en Argentina), cuyos datos y representante en Uruguay (Claudio Machado) fueron simulados. Los oficiales continuaron la maniobra y tras saltear los controles de rigor cambiaron la modalidad de pago: el dinero debía ser girado a un banco en Argentina, pero en su lugar fue cobrado por «Machado», mediante dos cheques, tras las gestiones realizadas por Da Costa.

Los cheques terminaron en poder de Da Costa, quien le solicitó a un conocido proveedor de la Armada y connotado dirigente del fútbol uruguayo, cobrarlos en un banco de plaza. El dinero obtenido ($ 4.073.538) fue entregado al capitán de navío Feble.

En tanto, la compra CE 27/2008 implicó una metodología similar. Los oficiales «adquirieron» un banco de prueba para motores, liberando U$S 327.100 (unos $ 8.013.950). Feble fue el encargado de firmar el memorando, mientras el formulario Nusan fue suscripto por Damonte. El gasto fue autorizado, pero la obligación fue enviada al Serap y no al Servicio de Contabilidad (Secon) como sucediera con la compra anterior.

La maniobra también significó una modificación del mecanismo de pago, por cuanto el dinero debía ser girado a la cuenta número 50-494384 del Bank Hapoalim (EEUU) de Daniel Trocki, pero fue retirado por una señora en tres cheques del Banco República por $ 7.555.010.

Los cheques fueron entregados a Da Costa, quien compareció junto a otro oficial a cobrarlos. Da Costa concurrió otra vez a entregarle el dinero a Feble, pero al no encontrarlo se lo «dejó» a otro oficial «quien lo recibió, sin expedir recibo ni registrarlo formalmente en ninguna de las oficinas vinculadas a las finanzas de la Armada», como revela la sentencia de la jueza Gatti.

El dinero obtenido por estas maniobras era utilizado en forma discrecional por los oficiales sin ningún tipo de control. Unicamente era registrado de manera interna por Feble, mediante anotaciones en planilla; incluso Fernández Maggio ordenó destruir los documentos cuando Feble fue designado agregado militar en el Consulado de Brasilia, lo cual no fue hecho efectivo por el oficial.

Ante esta evidencia, la jueza Gatti dispuso el procesamiento de cuatro oficiales. Asimismo, la sentencia de la magistrada cuestiona los controles existentes en la Armada y deja constancia de la posible implicancia penal de otros oficiales partícipes de la maniobra, por cuanto no podían desconocer la ilicitud de la misma, y la imposibilidad de determinar si el dinero obtenido por las compras fraguadas fue reutilizado en la Armada o en beneficio propio por los oficiales. Ante esto, la jueza Gatti deja constancia de la prosecución de las actuaciones, así como el inicio de nuevos procesos ante la posible existencia de otras maniobras similares.