Topolansky: "Ningún legislador del FA ni Fernández se beneficiaron con los Peirano"

La legisladora emepepista Lucía Topolansky, quien participó ayer en el Día del Comité de Base de la asamblea desarrollada en el local 1º de Mayo, hizo referencia ante los presentes, de lo que significa el caso de la derogación del artículo 76 de la ley Nº. 2.230, y el involucramiento del ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, que quieren hacer determinados medios de prensa.

La senadora reconoció que el Parlamento adelantó la aprobación de la nueva norma a fin de salvar de la quiebra al Casmu, pero se asombró por un fallo histórico del Tribunal de Apelaciones, cuando la fiscalía pidió cambio de carátula y una pena de 9 años para los Peirano.

Advirtió que ni Gonzalo Fernández ni ningún legislador tuvo la intención de beneficiar a los Peirano.

La legisladora aclaró que la intención que tuvo la aprobación de dicha norma en el período anterior fue evitar que los trabajadores se quedaran desamparados sin la posibilidad de cobrar las deudas en caso de quiebra de las empresas. Indicó que esta ley estuvo inspirada en lo que había pasado con la ex Granja Moro.

Señaló que para aprobar la norma que consta de 256 artículos, el Parlamento se tomó como plazo para la discusión 2 años y 4 meses. Recordó que fue el propio Gonzalo Fernández quien advirtió en el año 2006, que si se derogaba el artículo 76, los Peirano podrían quedar libres.

Topolansky recalcó que la ley tuvo la intención de salvar fuentes de trabajo ante empresas en quiebra, y precisó que es la misma que se utiliza para casos como Metzen y Sena, y el Hospital Italiano, «separando la unidad productiva, por un lado, y la deuda, por otro». La senadora indicó que cuando finalmente la ley estuvo pronta, los hermanos Peirano ya estaban libres, y el fiscal había pedido el cambio de carátula, teniendo en cuenta la ley nueva, y 9 años de pena. No obstante, aclaró que se debió adelantar su aprobación, ya que «se debía de salvar de la quiebra al Casmu, con 3.000 puestos de trabajo y 100.000 afiliados. Entonces, decidimos cambiarle el período de vigencia».

Topolansky reconoció que los legisladores no tuvieron en cuenta la decisión del Tribunal de Apelaciones, «donde jamás, ningún otro había actuado como éste. Es la primera vez en la historia, que el Tribunal de Apelaciones, y esto es lo que llama la atención, clausuró el expediente, a pesar de que estaba en marcha el pedido del fiscal».

La senadora del MPP advirtió que en este caso, «no se le pagó a ningún legislador, ni a Gonzalo Fernández, para la clausura del expediente» que beneficie a los Peirano. Recalcó que no se debe acusar a un compañero sin pruebas, y enfatizó que tanto desde «la derecha» como de «parte de la prensa» se le suelen hacer «zancadillas al Frente Amplio». Por último, manifestó su esperanza de que la Suprema Corte de Justicia rectifique la decisión del Tribunal de Apelaciones.

 

Nuevas denuncias

Topolansky señaló que las acusaciones sobre Gonzalo Fernández tienen en parte la intención de ocultar lo que está ocurriendo en la Armada.

Destacó la gestión realizada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, «que como buen ratón se está comiendo todo», le dijo en broma, Topolansky a su esposo, el presidente Mujica. Señaló que nunca en la historia de la Armada se había procesado a un comandante en jefe. Precisó que esta situación no originó «ningún movimiento de sable, ni intento de golpe de Estado».

Dijo que en la Armada hubo 20 cambios de destino para evitar lo que ocurrió y sostuvo que los casos comprobados donde hubo corrupción se detectó «una conjunción entre las empresas vendedoras… esto es un negocio armado desde afuera, entre civiles y militare».

Topolansky anunció que Rosadilla recibió 16 denuncias nuevas, y pidió a los mandos superiores efectuar la autocrítica por la responsabilidad que le cabe.

Dijo que también se reunió con los 15 generales del Ejército para informarles que la investigación no se remitiría solamente a la Armada.