Ley para los servicios de inteligencia tardará un año en llegar al Parlamento

Ha quedado demostrado recientemente en el Parlamento que en materia de los servicios de inteligencia del Estado existen tantas posiciones de cómo debería funcionar, como partidos políticos hay.

El pasado jueves 26, los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, y del Interior, Eduardo Bonomi, comparecieron en las comisiones de Constitución y Códigos y de Defensa Nacional para informar sobre el rol y los alcances de los servicios de inteligencia.

Ambos secretarios de Estado fueron convocados por el diputado blanco Javier García pero con la finalidad de apurar un proyecto de ley que regule la gestión de la nueva figura creada por el gobierno: el coordinador de los servicios de inteligencia del Estado.

Para ese cargo fue designado Augusto Grégory, ex integrante del MLN Tupamaros, el que viene ejerciendo desde hace algo más de cuatro meses.

Tanto del oficialismo como de la oposición se han escuchado posiciones comunes y concordantes en cuanto a establecer márgenes de acción para los servicios de inteligencia, pero llegada la hora de plasmar en un papel esos parámetros, cada partido político tiene una postura diferente.

El Partido Colorado propone hoy dejar en suspenso la actividad del actual coordinador de los servicios de inteligencia hasta tanto no se promulgue una ley regulatoria.

El Partido Nacional entiende que el actual servicio de coordinación es «inconstitucional» y de «dudosa legalidad».

El Frente Amplio defiende los servicios de inteligencia del Estado pero desde el Poder Ejecutivo se promete una ley que, por lo manifestado en las comisiones legislativas según la versión taquigráfica, no estaría llegando al Parlamento para su análisis sino hasta el año próximo.

El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, defiende la teoría de que los servicios de inteligencia del Estado deben trabajar para anteponerse al delito organizado «y no a otra cosa».

Adelantó que se está en la elaboración de un proyecto de ley que regulará la actividad de inteligencia y que establecerá quiénes tienen y quiénes no tienen los controles.

«Según lo que hay ahora ­dijo Bonomi- (los servicios de inteligencia) responden ante el Presidente, pero el coordinador no puede pedir lo que se le ocurra. No puede decirle a Inteligencia Policial que investigue a tal o cual persona y si lo hace, Inteligencia Policial no lo va a hacer porque, además, quien coordina no tiene mando: coordina».

Aclaró que el coordinador «sí puede pedir determinados informes que son para el Presidente, pero no puede solicitar cosas que no corresponden.

Es más, cuando solicitó el análisis de la seguridad de Presidencia, no se solicitó al Director Nacional de Información e Inteligencia sino a mí, para que así llegara por la vía correspondiente», señaló Bonomi, relatando una de los dos pedidos de informes que el coordinador hizo llegar a su cartera.

Sobre el segundo requerimiento Bonomi declinó informar de qué se trataba, aunque sostuvo que se refería a política exterior.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, adelantó en grandes pinceladas el contenido del proyecto de ley que en el futuro el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento.

Recordó que ese proyecto de ley fue redactado en el anterior gobierno por los entonces ministros Bayardi y Gonzalo Fernández. «Nosotros simplemente lo revisamos y estamos dispuestos a mandarlo; nos parece que es buena base».

«Por ejemplo, se establece que el Coordinador de los Servicios de Inteligencia dependerá en forma directa del Presidente de la República y tendrá por cometido la coordinación de las políticas estatales en la materia, siendo el representante del Presidente de la República ante Inteligencia, con quien mantendrá un canal técnico de coordinación».

«La protección, derechos y garantías de los habitantes de la República están previstos en diversos artículos» destacó y agregó que hay uno que establece que «las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo, facsímil o cualquier otro sistema de transmisión de cosas, imágenes, voces, paquetes, datos, así como de cualquier tipo de información, archivo o registro y/o documento privado o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público son inviolables en todo el ámbito de la República, excepto cuando mediare orden o autorización judicial en sentido contrario».

El proyecto contempla la creación de una comisión especial del Poder Legislativo en materia de seguridad e información, estableciendo que «el control externo -el control interno lo ejercerán los ministros- lo ejercerá el Poder Legislativo, a través de la Comisión Especial que a tal efecto se cree».

Desde la oposición las voces críticas a la figura del coordinador de inteligencia sonaron fuerte.

Javier García destacó que «esa labor de inteligencia» excede «notoriamente y reformula la mera coordinación que establecía la ley pues la inteligencia constituye un cometido y una atribución del Poder Ejecutivo» y que «podría ser tachada de inconstitucional».

El colorado José Amy propuso que «hasta que no se dé una sanción definitiva a la Ley de Inteligencia el Coordinador de Inteligencia no pueda mantener sus actividades».

«Estamos todos de acuerdo en que no puede existir Coordinador de Inteligencia sin un marco regulatorio; en eso no hay discusión» resaltó.