Orion: punto final o punto de inflexión

Ahora, pasó a llamarse «Proyecto de facturación convergente», al tiempo que se designa como nuevo responsable del proyecto al Ing. Diego Valle Lisboa. Esta resolución dio pie a una investigación orientada a conocer los alcances exactos del cambio de rumbo en el controvertido proyecto y determinar si significa un viraje radical, acusando recibo de serias observaciones formuladas por una auditoría externa realizada por Price Waterhouse Cooppers o un simple cambio de imagen.

La resolución 919/010, en su «Visto» segundo estipula «la necesidad de renombrar el proyecto Orión»(sic).

Es que ORION es un nombre que ha acumulado numerosas inquietudes y observaciones. Repasemos qué es ORION, que y cómo ha llegado a luz pública.

ORION es un proyecto de adquisición de un software altamente sofisticado, de un valor aproximado de US$ 30 millones, que tiene como misión la «facturación convergente» de los servicios de ANTEL. El software debe imputar, de manera instantánea, todos los consumos de servicios de ANTEL que realice un cliente, a la cuenta del mismo Una falla en un tal software puede dar lugar a situaciones críticas, que pueden ir a la presentación inadecuada de servicios a su facturación errónea, a la congestión y eventual bloqueo de los servicios. ORION fue impulsado a comienzos del gobierno anterior por el

Directorio integrado por la Ing. María Simón (Presidenta) y Dr. Edgardo Carvalho (Vicepresidente), quienes primero desestimaron la posibilidad de confiar el software a la producción nacional, y luego, siguiendo la opinión de un técnico del ente, Ing. Roberto Monzón, y contra la evaluación realizada por un comité de once técnicos, deciden comprar el referido software a INTEC S.A., empresa de origen británico para la cual ANTEL es el mayor cliente de su historia.

SUTEL, el sindicato de las telecomunicaciones, ha cuestionado en reiteradas oportunidades las políticas de compras a proveedores externos que ordenaba el Ing. Roberto Monzón (ver LA REPÚBLICA, 11 de enero del 2010), y además el sindicato se manifestaba partidario del desarrollo nacional de dicho software estratégico para ANTEL.

Estas tensiones internas de ANTEL salen a la luz pública en junio del 2009, cuando el entonces vicepresidente de Antel, Gonzalo Perera, declara al semanario «Búsqueda» que «este es un proyecto de un monto muy grande y afecta de manera muy importante a la red y al sistema. No tengo la certeza de que esté funcionando de manera impecable y quiero tenerla; esto involucra a varios sectores de la empresa y a actores externos a Antel».

Perera renunció a su cargo de vicepresidente de ANTEL menos de un mes después de esas declaraciones en medio de un escándalo mediático por el cual diversos medios insistieron en cuestionar su lucidez y equilibrio psicológico. Al comparecer ante la Jueza Graciela Gatti el 2 de setiembre de 2009 como denunciante, Perera señaló que si bien no tenía evidencia de actos delictivos o irregularidades en el proceso licitatorio, estaba absolutamente convencido, desde el punto de vista técnico, que el software provisto por INTEC «estaba funcionando muy insatisfactoriamente» (sic) (no acreditar cargas en celulares prepagos, o dejar pasar llamadas sin facturar,etc.) y que consideraba extremadamente preocupante esa magra performances en un elemento crucial para la operación de la empresa y en el que se había invertido fuertes sumas de dinero, tiempo y recursos humanos. Explicó además que poco antes de su salida de ANTEL había tenido conocimiento que el contrato con INTEC (anterior a su ingreso al ente) presentaba anomalías. ANTEL había decidido realizar el grueso del contrato por intermedio de una dependencia de la ONU (UNOPS), por lo que el contrato de compra de ORION era suscrito por UNOPS e INTEC, y ANTEL no era parte del mismo. Ante la jueza Gatti, declaró que había sido informado que el contrato que UNOPS había firmado con INTEC era sustancialmente distinto al que UNOPS había acordado con ANTEL y que contenía cláusulas completamente leoninas a favor del proveedor.

Especificó que en medio de la polémica interna sobre ORION, había concentrado su esfuerzo en conseguir aprobar una auditoría técnica realizada por especialistas externos a ANTEL, que comenzara por laudar si el software provisto por INTEC cumplía o no los requerimientos establecidos. Constan gestiones de Perera ante la Facultad de Ingeniería y ante prestigiosos profesionales independientes, tratando de generar esa instancia de evaluación. Hubo en el momento otras declaraciones negando la existencia de dicha iniciativa de auditoría, pero es a esta altura incuestionable que dichas declaraciones no se condicen con la realidad.

Cuando se produjo el procesamiento del impostor que logró ser contratado por Antel, el ex policía Elbio Javier Román se descubrió que el centro de su espionaje se enfocó en conocer lo que Perera había indagado sobre el sistema Orión. Román, quien mediante engaños logró ingresar a Antel, trabajó durante más de un mes y medio en revisar, indagar, modificar y borrar archivos de las computadoras de Perera que les fueron entregadas.

El senador Eleuterio Fernández Huidobro recordó entonces que Perera «denunció el desacierto brutal de haber contratado a una empresa por un altísimo costo -millonario- para un plan que se llamaba ‘Orión’, que es un fracaso total».

El «caso Román» motivó la salida del ente del Dr. Edgardo Carvalho el 3 de setiembre del 2009, y, en la misma fecha, aunque por otro causal (la contratación de un hijo suyo como ingeniero del ente), el entonces presidente Vázquez pidió la renuncia a la Cra. Gladys Uranga, quedando acéfala ANTEL. Se designa entonces un Directorio constituído por presidentes de otras empresas públicas, quedando a la cabeza de ANTEL Beno Ruchansky, acompañado de Fernando Calloia y Martín Ponce de León.

Fue este directorio quien recibió el informe de la auditoría realizada por Price Waterhouse Cooppers, donde se enumeran una serie de «hallazgos» en torno al proyecto ORION.

Dichos hallazgos confirman las inquietudes expresadas por Perera ante la jueza Gatti, en el sentido de deficiencias del software, de sus respaldos, del entrenamiento a los técnicos de ANTEL; etc.

También reafirma las observaciones sobre la forma y términos en que el contrato fue suscrito.

Sin embargo, la auditoría va aún más allá de lo que había señalado el ex-vicepresidente, por cuanto enfatiza, por ejemplo la enorme dependencia del proveedor que afectaba a ANTEL en todo el proyecto, cuestionando su proceso.

Desde ese entonces hasta la resolución 919/10,