Mujica pidió silencio a sus ministros sobre anulación de Ley de Caducidad

Hacia el final del Consejo de Ministros de Suárez y Reyes, el presidente Mujica tomó la palabra para referirse a dos temas: la discusión sobre el proyecto modificativo de la Caducidad sobre el cual solicitó no realizar «comentarios públicos», y a la necesidad de promover un intercambio de ideas sobre cuestiones de equidad y justicia distributiva.

En este marco el mandatario dijo que los avances en materia económica que está registrando el país no siempre llegan a los más necesitados y en la forma en que debería, para así poder cumplir el compromiso programático de la izquierda. Mujica planteó la posibilidad de crear un fondo solidario con el aporte de un 5% sobre los viáticos del Estado o con el 15% de descuento a los sueldos de los cargos de confianza para de esa manera generar, desde el gobierno, la «credibilidad» necesaria en la sociedad uruguaya.

Agregó que la sociedad tampoco está respondiendo ante las necesidades de los más carenciados. «Podemos ser un poco más pobres, pero seremos más ricos al tener y lograr valores como la solidaridad», dijo según confiaron fuentes participantes de la reunión. «De todas maneras no podemos reclamar a otros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer», dijo Mujica a sus ministros.

Agregó que la eliminación de la pobreza y la reducción de la indigencia son temas programáticos, pero por sobre todo «éticos».

A partir de ese momento se generó un debate de ideas entre los ministros referido a la posibilidad de aplicar políticas «focalizadas o universales». La mayoría de los secretarios de Estado opinaron que el problema es de «foco» y que ambas políticas no serían compatibles. Asimismo surgió la idea de pasar a fórmulas de «economía social» lo que fue bien tomado por el resto del gabinete.

Para el gobierno es fundamental prepararse en forma adecuada en la prosperidad para aprovechar la circunstancia y a la vez estar alerta por eventuales adversidades.

Esta preocupación del presidente Mujica tiene que ver con que si la economía va bien, entonces es el momento de ser «más rigurosos». Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo expresó que en el gobierno no se entiende el desarrollo tan sólo como la «mera expansión de la producción de bienes y servicios», porque es fundamental que los frutos del crecimiento y las oportunidades «lleguen a todos los sectores sociales».

El secretario de Estado dijo en conferencia de prensa que se evaluará de forma continua los resultados de los programas establecidos en el Presupuesto y la instrumentación de programas adicionales en materia de equidad.

De esta manera el gobierno inicia un tema de agenda permanente: «Combinar expansión y prosperidad económica con justicia social y distributiva para mejorar el nivel de vida de la población». Es en ese sentido en el que estarán dirigidas todas las políticas económicas y sociales.

Aseguró que el debate abarca al menos dos dimensiones: «Verificar que los programas establecidos en el Presupuesto apuntan a ser una contribución relevante en materia de equidad, y orientar el desarrollo de políticas públicas adicionales para fomentar la justicia social». El secretario de Estado señaló que los objetivos del gobierno en materia de pobreza e indigencia son los que establece el plan de gobierno, referidos a que debe reducirse la pobreza a la mitad (pasar del 20% al 10%) y erradicar la pobreza extrema.

«Los objetivos planteados por el Presidente van más allá de estos indicadores, es una preocupación más general, que está en el corazón del concepto de equidad, que va en contra de la concentración de poder y recursos económicos en pocas manos», indicó Lorenzo.

Dijo que la idea el gobierno es dotarse de «más capacidades, de más herramientas y de políticas más eficaces para contribuir a una más justa distribución de la riqueza».

 

«No hablar de sanciones»

Mujica dijo ayer a sus ministros que una palabra sobre el tema no ayudará a resolver la situación, y que el asunto debe ser resuelto por la fuerza política.

En ese marco, el jefe de Estado pidió «no hablar de sanciones disciplinarias, porque ellas no resuelven los temas políticos».

A la vez el mandatario requirió no acelerar los tiempos de discusión y apuntar un mayor diálogo. «¡Ojalá la fuerza política encuentre los mecanismos adecuados en un clima de diálogo!».

El senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, había propuesto llevar al senador Jorge Saravia al tribunal de conducta del Frente Amplio, pero su propuesta finalmente quedó sin efecto.

Por su parte el presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República, Danilo Astori informó sobre la reciente reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno y aseguró que en dicho ámbito nunca se manejaron temas disciplinarios, y que el encuentro se realizó en un clima de «total serenidad».

 

ASOCIACI0N «PUBLICO PRIVADA»

En cuanto a la necesidad de apuntar a la generación de inversiones, el gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley de «asociación público privada» el cual está conectado con el desarrollo de infraestructuras, aspecto fundamental para que Uruguay «siga alimentando el proceso de crecimiento».

Lorenzo añadió que la iniciativa propone crear un nuevo tipo de «contrato entre el sector público y el sector privado el que estará asociado al cumplimiento de determinadas acciones por los privados».

El núcleo de la propuesta es una «adecuada distribución de riesgos entre el sector público y el sector privado, de manera que el sector público no sea el único en correr riesgos».

Por otro lado, durante el Consejo de Ministros también se manifestó preocupación por la ocupación de la planta embotelladora de Coca-Cola ubicada en Carrasco. Se consideró que este no es el clima que necesita el país para captar inversiones.

En ese marco, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta anunció que convocaría a trabajadores y empresarios a una reunión en la sede ministerial, la que se realizará hoy a la hora 10. El secretario de Estado expresó su interés en que se negocie rápidamente porque consideró sorpresivo el conflicto ya que el sector estaba para firmar un acuerdo en el marco de la discusión salarial.

En otro orden el gobierno remitió un proyecto de ley al Parlamento que posibilita el desempeño de pasivos de la Industria de la Construcción en tareas docentes en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). En tanto, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, dijo que el 8 de noviembre se comunicará la instrumentación definitiva del Plan de Vivienda Sindical. Un plan sin ahorro previo y con aporte de mano de obra de los trabajadores.