Tres almirantes citados en calidad de indagados por compras en la Armada

Las citaciones están relacionadas a la información aportada a la Justicia por el capitán de navío Danilo Damonte respecto a 18 presuntas adquisiciones fraudulentas de bienes y materiales, por parte del Comando General de la Armada (CGA), entre mayo de 2007 y diciembre de 2008 (ver nota aparte). También están vinculadas con el resultado de la investigación que comandó desde Interpol un comisario experto en delitos económicos.

Esta semana que pasó declararon ante el juzgado unos veinte empresarios proveedores de la Armada, aguardándose el pronunciamiento de la fiscal Mónica Ferrero.

Para el lunes fueron citados al juzgado de la doctora Gatti el contador del Ministerio de Defensa Nacional y el capitán de fragata Pablo Da Costa (ex integrante de la Dirección de Material Naval), actualmente procesado con prisión.

El martes deberá concurrir al despacho de la jueza el personal que estuvo asignado a la Cuarta División de Estado Mayor (N4-Logística), así como el ex jefe del Servicio de Contabilidad de la Armada, capitán de navío Gustavo Mochetti, y el ex jefe de la Secretaría Financiero Contable, capitán de fragata Ricardo Rossi. Para el miércoles próximo fue citado el capitán de navío Gerardo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia) y los contralmirantes Hugo Viglietti (ex comandante en jefe y ex comandante de la Flota en su último destino, en situación de retiro), Manuel Burgos (ex comandante de la Flota, actualmente de licencia) y Federico Lebel (actual prefecto Nacional Naval), estos tres últimos en calidad de indagados.

 

Cuatro procesamientos

La jueza Gatti y la fiscal Mónica Ferrero indagan el cúmulo de irregularidades constatadas en la Armada Nacional, entre ellas la «compra fantasma» de bienes por montos millonarios, así como la adquisición presuntamente irregular de lanchas para las misiones de paz y la utilización irregular de vales de nafta.

En este sentido, la indagatoria penal por la «compra fantasma» de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por casi U$S 600.000, los cuales no fueron encontrados en su presunto lugar de destino, el Dique Nacional, culminó con el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos el ex comandante en jefe, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio.

El oficial fue procesado con prisión como coautor de «un delito continuado de fraude». Asimismo, la jueza Gatti resolvió el enjuiciamiento con prisión del capitán de navío Gerardo Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia) y del capitán de fragata Pablo Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval), y sin prisión del capitán de navío Danilo Damonte (ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Naval), por el mismo delito.

Damonte fue uno de los principales partícipes de las maniobras irregulares, pero en virtud del «acuerdo de colaboración con el Ministerio Público», en el marco de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 18.494, la jueza Gatti dispuso la imposición de prisión domiciliaria como medida sustitutiva.

La maniobra fue pergeñada por los oficiales con el objetivo de obtener «fondos frescos» para el funcionamiento de la fuerza, ante la futura imposibilidad de manejar en forma «irrestricta» y «sin controles» los fondos provenientes de las misiones de paz de la ONU, ante la decisión del Poder Ejecutivo de crear una unidad especializada para dichos fines. Los oficiales obtuvieron mediante las «compras fantasma» $ 11.629.548, los cuales fueron utilizados en forma discrecional y sin controles.

La jueza Gatti y la fiscal Ferrero dispusieron además el enjuiciamiento del capitán de navío Alvaro Bacqué por una maniobra irregular con vales de nafta, y del jefe de la Quinta División del Estado Mayor -Comunicaciones-, teniente de navío Ernesto Menafra (sobrino del ex comandante en jefe Oscar Debali), por el manejo irregular de tarjetas de recarga para celulares.

Asimismo, la Justicia indaga el presunto pago de sobreprecios en la compra de 16 lanchas patrulleras destinadas al contingente naval uruguayo apostado en las misiones de paz en Haití, ante una denuncia formulada por el diputado nacionalista José Carlos Cardoso.

El legislador presentó ante la Justicia diversa documentación dando cuenta de un posible beneficio ilegítimo a la empresa estadounidense Boston Whaler para la adquisición de las lanchas, en desmedro de un proveedor ruso. Las lanchas adquiridas a Boston Whaler no serían aptas para cumplir las tareas específicas asignadas por la ONU a la misión uruguaya en Haití y tuvieron un costo de U$S 330.000, mientras las lanchas rusas, aptas para la tarea, costaban U$S 110.000, dice la denuncia.

Asimismo, vinculado a esta compra se gastó alrededor de 1 millón de dólares para trasladar las lanchas desde la ciudad de Miami hasta Haití.

Otro cúmulo de irregularidades en la Armada es indagado por la jueza Gatti, pero con el fiscal Ricardo Perciballe. Dicha indagatoria incluye el presunto manejo irregular de los Fondos ONU constatado por la AIN, la existencia de una cuenta fantasma en el Dresdner Bank Lateinamerika AG de Alemania y numerosas denuncias formuladas por el capitán de navío (r) Alex Lebel.