El PIT-CNT rechazó decreto de Mujica

El secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y la dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sesionaron en conjunto ayer por la mañana ante el decreto emitido el día miércoles por el Presidente de la República que establece un mecanismo de desalojo por parte de la fuerza pública ante la ocupación de trabajadores de una dependencia pública.

Los empresarios reclaman al gobierno que el decreto se extienda también a la actividad privada (ver nota aparte). El decreto cayó como un balde de agua fría en los sindicatos de la órbita estatal que un día antes habían sido convocados para el Consejo Superior del sector Público, el máximo órgano de negociación colectiva.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración en la que en primer lugar se hace conocer la preocupación del movimiento sindical y se cuestiona la forma y en segundo término lo «rechazan por su contenido» y decidieron remitirlo a la sala de abogados de la central sindical con el objetivo de analizar futuras posibles acciones.

El dirigente Juan Castillo dijo al ser consultado por LA REPUBLICA que este tema está muy ligado a la Ley de Negociación Colectiva y es por eso que se cuestiona la forma que ha tenido el Presidente de la República teniendo en cuenta que todas las cuestiones en materia de relaciones laborales que hacen al funcionario público tienen un ámbito para discutirse y negociarse, expresó. «Es preocupante la aparición de este decreto con estas características realizado en forma inconsulta», señaló al respecto y recordó que un día antes había sesionado el Consejo Superior del sector Público y los representantes del gobierno no manifestaron nada respecto al decreto, la acción es vista desde el movimiento sindical como «otra violación» a la ley de Negociación Colectiva.

En segundo lugar, Castillo indicó que el decreto es rechazado además por los contenidos ya que se entiende desde el mundo sindical que «la ocupación de los lugares de trabajo es una modalidad del derecho de huelga por lo tanto está consagrada en la Constitución y legislada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)».

Agregó ante las diferencias que existen sobre este punto que la OIT «no establece diferencias, ni hace categorías entre públicos y privados, habla de los trabajadores en general», dijo al fundamentar la postura sobre el derecho de huelga.

El decreto también ha sido rechazado desde otros sindicatos de los entes públicos por ejemplo el dirigente del sindicato de la Administración Nacional de Correos, José Mattos dijo a este matutino que el decreto «es una marcha atrás espantosa» en la relaciones laborales, lo calificó como «un desastre» y dijo que «este tipo de decreto sólo lo pueden hacer gobiernos pachequistas».

En la misma línea fue el representante de la Mesa Coordinadora de Entes Públicos, Gabriel Molina que al ser consultado sobre el tema señaló que ha sido recibido con «mucho asombro» y explicó que las situaciones de conflicto que se han dado en los últimos tiempos «son el producto de la falta de Negociación Colectiva».

También Castillo habló de las tres ocupaciones sucedidas en las últimas semanas, a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y la Intendencia de Tacuarembó. «Las ocupaciones se hacen cuando no opera la ley colectiva, sucede cuando no están los ámbitos o no hay respuesta a los planteos de los trabajadores, no es una cuestión usual, es algo especial», afirmó sobre la misma.

En tanto, Mattos ve en este decreto una puerta abierta para la actividad privada que quedó regulada desde 2006 por un decreto emitido por el ex presidente Tabaré Vázquez, «se refriegan las manos porque ahora van a querer que la norma los alcance a ellos y la ocupación pacífica está en la OIT», expresó al defender este tipo de medidas sindicales.