Presentan denuncia ante la OIT por Ley de negociación colectiva

Entre el lunes 13 y jueves 16 de diciembre el principal referente del PIT-CNT viajará a Chile, Juan Castillo es delegado habilitado para participar de dicho ámbito internacional y es a quien se ha trasladado desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) la denuncia ante la OIT por el incumplimiento a la Ley 18.566.

Pero hoy, COFE decidirá además si viaja algún integrante del Consejo Ejecutivo ya que son los «protagonistas» de la misma y también «los afectados».

En dicho país estará sesionando el organismo internacional y la delegación sindical uruguaya hará efectiva su denuncia contra el Estado por incumplimiento a la Ley de Negociación Colectiva aprobada por el Parlamento Nacional en el gobierno del ex presidente Dr. Tabaré Vázquez en 2008.

El secretario general de COFE, Joselo López expresó que «se denunciará el incumplimiento de la ley y daremos los ejemplos y fundamentaremos la misma», dijo al ser consultado por LA REPUBLICA y explicó que en dicho encuentro regional la intención es poder realizar contactos y elevarla ante los representantes internacionales.

El incumplimiento incluye el artículo 4 y Sección II de la Ley de Presupuesto, condiciones de trabajo, la reestructura del Estado, los ajustes de salarios, todos conceptos que están a «texto expreso en la ley y no han sido negociados», recordó López.

La decisión de hacer efectiva la denuncia ante el organismo viene siendo estudiada por los abogados de COFE desde hace más de un mes y se fundamenta en la falta de cumplimiento que el gobierno ha tenido durante estos meses en el ámbito superior de negociación establecido por ley que es el Consejo Superior del sector. Dicho ámbito ha sido convocado dos veces, la primera vez fue el 15 de octubre y el segundo encuentro se llevó a cabo la semana pasada.

El Consejo sesionó el miércoles 1º de diciembre y desde la dirigencia sindical se cuestionó al gobierno en dicho ámbito y se transmitió si había voluntad política o no, de seguir adelante con la negociación, tras reprocharle la ausencia del ámbito durante más de un mes, tiempo en el que el gobierno anunció el decreto que establece la obligatoriedad de las 6 horas en todas las oficinas públicas y cambia el sistema de sanciones en la administración central. La última gota que derramó el vaso fue el decreto que habilita al Ministerio del Interior a desocupar las oficinas públicas de ser ocupadas y tras mediación del Ministerio de Trabajo. El decreto que firmó el presidente de la República, José Mujica, se emitió un día después de sesionar el Consejo Bipartito del sector y los representantes del gobierno no informaron aspectos de la nueva norma que nace tras la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Montevideo y la Intendencia de Tacuarembó.

También generó malestar la redacción del Capítulo II del proyecto de presupuesto que contiene una serie de artículos que propone reformas sobre los funcionarios públicos.

Las quejas además alcanzan a la no convocatoria de los ámbitos por ejemplo en la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el único grupo que acordó fue Primaria, el resto ­Secundaria, ex UTU y Universidad de la República­ sigue sin negociación. El sector que estaba más complicado eran los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia ya que este poder «no aceptaba negociar con sus trabajadores», también sucede lo mismo en el sector de los entes que no han tenido convocatoria.

En tanto el dirigente Castillo explicó que las instancias de la OIT son de acceso restringido para los delegados habilitados y ese será su caso al explicar la participación que podría tener un dirigente de COFE en el encuentro internacional. Castillo expresó al ser consultado por este matutino que coincide con el planteo de los trabajadores públicos sobre que el gobierno no respetó la negociación con este sector.

Castillo explicó por su parte que la ley fue incumplida en dos aspectos fundamentales: «en la inclusión de aspectos de relaciones laborales en el Presupuesto y en el decreto de desalojo por las ocupaciones».