Mujica declaró la "emergencia sanitaria"

Jaqueado por conflictos gremiales en áreas clave de la actividad nacional, el gobierno se muestra firme y no descarta aplicar nuevas medidas persuasivas en primer lugar a la función de los médicos anestésico­quirúrgicos, pero también la posibilidad de declarar como servicios mínimos a la banca oficial e, incluso, los controladores aéreos.

El presidente de la República, José Mujica, adelantó ayer en su audición radial de M24 que en las próximas horas declarará la emergencia sanitaria ante la «amenaza real» que significa para la población el conflicto de los anestésico-quirúrgicos, cuya relación laboral con el Estado no es de empleado público sino contratados por las comisiones de apoyo.

Por su parte, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Venegas, explicó ayer a LA REPUBLICA que el hecho de que los anestésico­quirúrgicos no sean funcionarios públicos les permite que puedan o no presentarse a trabajar, y que por tal motivo el gobierno no puede aplicar un decreto de esencialidad como en otras áreas.

Sin embargo, ante una declaración de emergencia sanitaria, lo que significa un elemento de persuasión por parte del organismo rector, que es el Ministerio de Salud Pública y la Presidencia, existe la responsabilidad «ético­profesional» de los médicos de prestar el servicio. Pero de no acatar la decisión del gobierno los funcionarios son pasibles de «apercibimientos ante la Justicia».

Venegas aseguró que el gabinete de Salud Pública (integrado por ministro y subsecretario del MSP y directores de los hospitales) redactó en la tarde de ayer el decreto, el cual sería firmado y aprobado por el presidente Mujica en el correr de la presente jornada.

 

4.000 personas en espera

La Sociedad Anestésico-Quirúrgica (SAQ) exige un pago diferencial de $ 1.000 por hora, más un pago variable por cantidad de procedimientos, lo que supone que una guardia de 24 horas en un hospital público le costaría al Estado $ 24.000, más un extra por los actos en los que participe el profesional. Además de los reclamos salariales se trata de una especialidad en la cual los profesionales son escasos.

«Esta es una exigencia imposible de aceptar, porque además se abriría la puerta para que otras especialidades reclamen una equiparación, lo que generaría un colapso por la imposibilidad de financiamiento», expresó ayer Mujica.

La causa central, dijo el mandatario, es que «no concurren a trabajar fundamentalmente en el área metropolitana y seguramente tienen una decisión gremial».

Según información que proporcionó el mandatario, unas 4.000 personas aguardan a ser intervenidas en los hospitales públicos.

Sólo en el Pereyra Rossell y en el Maciel existen más de 2.000 operaciones que están esperando y «hay que suponer, por razones estadísticas, que entre un 20% y 25% son casos serios, y esto es una acumulación que no tiene en cuenta el hecho de que las urgencias graves frecuentemente se derivan hacia los servicios privados por razones de lucha por la vida».

Mujica definió la situación generada en los hospitales públicos del área metropolitana, a raíz del conflicto, como de «calamidad sanitaria» y «amenaza real».

Por ello, aseguró que ante la «alarma sanitaria» en las próximas horas declarará el estado de «emergencia sanitaria» para poder tomar medidas paliativas amparadas desde el punto de vista jurídico y así enfrentar la situación «tan grave» por la que atraviesa la sociedad uruguaya.

«El gobierno central, aparte de las gestiones que está haciendo, va a declarar en las próximas horas la emergencia sanitaria y en derredor de esta idea tomará el máximo de decisiones que pueda tomar con todo el peso posible, porque no debe haber angustia mayor para la gente que estar en esta circunstancia y como sociedad esto lo tenemos que entender», dijo Mujica.

La decisión permitirá enfrentar el grave problema que vive la sociedad y así disponer de fondos de excepción. Mujica aseguró que «se puede estar negando la asistencia a gente que la necesita» y que se está jugando con la vida.

Por su parte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo que la declaración de emergencia sanitaria habilita al Ejecutivo a autorizar fondos excepcionales.

«Tenemos potestades para portar fondos y recursos de este tipo en situaciones que tienen buenas motivaciones a juicio del Poder Ejecutivo», declaró Lorenzo.

Lorenzo aseguró que se mantiene en contacto y está coordinando con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para saber de cuánto será la partida.

Por su parte, el dirigente de las SAQ Gustavo Malfatto, dijo que «ésta no es la forma en la que el Presidente debe solucionar los problemas con los anestesistas». Añadió que sólo logrará «sumar tensión».

A la vez, negó que exista alguna disposición por parte de las SAQ para que los anestesistas no concurran a trabajar a los hospitales del área metropolitana. «Las SAQ permiten que cada profesional decida».

En otro orden, el pasado lunes el Ejecutivo resolvió retirar todas las propuestas que le presentó a AEBU-banca oficial en el entendido de que realizó el «máximo esfuerzo» para solucionar el conflicto, sin embargo, la negociación «no tuvo éxito». Si el gremio insiste con paralizar la actividad del clearing de cheques no se descarta declarar la actividad como un servicio mínimo.

Una determinación similar podría llegar a adoptarse en el sector de los controladores aéreos, que incrementarán las medidas de lucha. El gremio pretende lograr un incremento salarial y una rebaja en la carga horaria. Sin embargo, aún no llegó a tal extremo.

Durante la pasada administración de Tabaré Vázquez, el servicio fue declarado esencial.