Senado votó estado de emergencia

La norma será puesta a consideración hoy en la Cámara de Representantes, en sesión extraordinaria, ocasión en la cual el oficialismo procurará la presencia del ministro Daniel Olesker (Salud Pública), ante las críticas recibidas ayer desde la oposición.

La norma mereció los votos del Frente Amplio, Unidad Nacional, a excepción de Francisco Gallinal, el Partido Colorado, aunque no lo acompañó Alfredo Solari, y la postura también contraria de Alianza Nacional. El Senado aprobó ayer por 23 en 27 el proyecto.

El debate estuvo caracterizado por la convicción del gobierno de la necesidad de aprobar esta norma ante los perjuicios que ha ocasionado en las personas que tienen que hacer frente a una intervención quirúrgica, y el rechazo de algunos integrantes de la oposición por entender que la iniciativa es inconstitucional porque vulnera los derechos individuales ante el trabajo.

El senador Ernesto Agazzi fundamentó que «desde hace varios meses la cobertura de horas de anestesia de los hospitales del área metropolitana ha experimentado un descenso progresivo, y esto se expresó con mayor gravedad en el Pereira Rossell y el Maciel». Ello tiene consecuencias «en la coordinación de cirugías y en la urgencia».

Las urgencias también han disminuido «y han llegado a contar con un solo anestesista en el Pereira Rossell y uno solo en el Hospital Maciel» para las operaciones de alta complejidad. Aludió al llamado realizado, por el cual se paga «por cuarenta horas semanales $ 65.000 nominales; 48 horas semanales, $ 84.000 nominales; y 60 horas semanales, $ 112.000. En este llamado se anotaron cuatro anestesistas, dos desde el extranjero, y a la fecha los cuatro han solicitado ser contratados en los hospitales del Interior».

En el hospital pediátrico «la lista de espera sigue siendo importante, existiendo pacientes con patologías relacionadas con malformaciones congénitas que requieren cirugías que todavía no se han resuelto».

En el Maciel, agregó que hay 154 pacientes en la lista de espera para neurocirugía, cirugía vascular y urología. Además, los servicios de cirugía general tienen 600 pacientes en listas de espera.

Agazzi sostuvo que por el artículo 2º «se otorga al MSP la facultad de convocar al personal integrante del cuerpo anestésico quirúrgico y aquellos auxiliares de la medicina que considere necesarios para cumplir funciones en los establecimientos públicos de asistencia, determinándose como obligatorio el cumplimiento en dichos establecimientos de un porcentaje de las horas que los mismos profesionales realizan en las instituciones de asistencia médica colectiva en las cuales prestan servicios». Asimismo, por el artículo 3º se establece la prohibición del personal convocado a cumplir funciones en los establecimientos públicos de negarse a prestar su colaboración, salvo razones de fuerza mayor a evaluar por el MSP. Desde el nacionalismo, Gustavo Penadés indicó que «declarar el estado de emergencia sanitaria no debe de adoptarse de la noche a la mañana». Dijo no haber encontrado «en el marco legal ese amparo» y que el gobierno «ha dejado que el problema se le venga encima, y se llama riesgo de vida, riesgo al más desvalido». Abreu expresó que «no hay estado de emergencia sanitaria, hay esencialidad». La senadora Mónica Xavier precisó que «el Estado no puede estar omiso». «Se llega a esta decisión después de una serie de medidas, y no descarta de parte del Poder Ejecutivo la negociación permanente», agregó, al anunciar que hay instancias de negociación en los próximos días.

¿Bomberos?

«¿Parlamentarios o bomberos? ¿O somos bomberos parlamentarios?», comenzó su ponencia Pedro Bordaberry, del Partido Colorado.

Estimó que «es un caso único en la historia legislativa del Uruguay. Por ley se obligará a ciudadanos a hacer algo compulsivamente».

«Lo que estamos haciendo es peligroso, de dudosa constitucionalidad», y minutos después enfatizó que esto «va mucho más allá de lo aprobado en el gobierno de Pacheco Areco, es lo más parecido a las medidas prontas de seguridad».

Evaluó que es una «situación excepcionalísima, al borde de los derechos de las personas. Algo único, peligroso», pero adelantó su respaldo al gobierno. Quien discrepó con su líder fue el ex ministro Alfredo Solari: «No hay un conflicto gremial, esta ley va a ocasionar un conflicto. Es crear un campo de batalla que va a durar todo el año 2011 y 2012 con la responsabilidad del Estado». Afirmó que se miente en el fundamento del proyecto, lo que levantó la reacción de Xavier: «Es muy injusta la afirmación. Pónganse en la piel de un padre, o de un hijo ante esta situación». Enrique Rubio dijo que basta con ver la televisión para ver «las personas que se expresan con indignación porque se han visto postergadas, viniendo desde Salto tres o cuatro veces, y retornando a su lugar con niños, para operarse de situaciones que son dramáticas y no han podido hacerlo». Carlos Moreira (AN) indicó que el proyecto es «más que de dudosa inconstitucionalidad». «Ni a los presos se les puede obligar a trabajar».

En tanto, Francisco Gallinal (CW) señaló que el ministro Olesker tendría que estar golpeando la puerta del Parlamento para ser escuchado porque es la esencialidad dentro de su órbita. «En la Facultad de Medicina es mentira que la enseñanza es gratuita. Y que es universal y que no hay matrícula, eso es un verso. En la Udelar hay matrículas, y el problema es que estas matrículas las bancan estas corporaciones. Definen cuántos oftalmólogos van a entrar, cuántos anestesiólogos van a haber en este país. Definen las políticas del país en materia de salud», dijo Fernández Huidobro (Espacio 609). Agregó que son «corporaciones bien medievales que hasta son secretas, porque no quieren transferir sus conocimientos y porque además dan lugar a todo tipo de acomodos. Si no sos primo, tío, hermano, amigo, hijo, por eso tienen 53 años de promedio: es lógico, no quieren largar la teta. Se van a morir prendidos de la teta esa, los vamos a tener que sacar de ahí en el cajón de Martinelli, y van a tratar de seguir chupando».

Jorge Bartesaghi (AN) dijo que el proyecto tiene una «manifiesta inconstitucionalidad. Es un problema grave pero no se soluciona por esta vía, de violaciones de derechos constitucionales».

Una vez más, Ope Pasquet cuestionó que la norma se apruebe «a tambor batiente».