El PIT-CNT reclama nuevas políticas sociales para superar miseria y pobreza

«El 20% más rico se apropia del 47% de la riqueza nacional mientras que el 20% más pobre se debe conformar con apenas el 5%», se afirma en el documento entregado al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y a los ministros de Trabajo y Economía, Eduardo Brenta y Fernando Lorenzo.

Desde el gobierno, la reacción fue muy positiva. Se calificó la propuesta como «sensata», «fundamentada técnicamente», cuyo eje es la «búsqueda de mayor equidad en la sociedad uruguaya».

El informe argumenta que el país se alejó del «drama» de la crisis de 2002 y critica la falta de «una mirada a mediano y largo plazo» que supere «problemas estructurales» como «las inequidades y la injusta distribución de la riqueza».

El informe concluye que «la política tributaria que lleve adelante un país puede conducir a una distribución del ingreso más o menos equitativa, pero es un factor que por sí sólo no alcanza en el mediano plazo. La desigualdad en una sociedad debe ser abordada desde una perspectiva de mediano y largo plazo, considerando su matriz productiva, la forma de tenencia de los medios de producción y de los recursos naturales, particularmente la tierra, y su modelo de desarrollo».

Como «temas prioritarios», el documento apunta a: «reducir al mínimo la pobreza», «hacer desaparecer la miseria», «atacar la desocupación por debajo de los niveles estructurales actuales», «avanzar en el apoyo a emprendimientos productivos», «mejorar sustancialmente todos los niveles de educación» y «profundizar las reformas estructurales de la salud».

La pobreza, indica el documento, se reduce con «nuevas políticas sociales» y «no sólo repitiendo lo que se hizo hasta ahora, que nos ha dado buenos resultados pero no alcanza» para «atacar la pobreza entre los jóvenes, niños y familias monoparentales».

La miseria «es una afrenta insoportable para un país que produce alimentos para una población 20 veces mayor». «La principal herramienta» contra la miseria es «el trabajo digno y calificado, nuevas y mejores oportunidades» de empleo.

El ataque a la desocupación, «aunque sea la más reducida de la historia», «se logra con capacitación laboral y más educación».

«El apoyo a emprendimientos productivos» para rescatar fuentes de empleo «con la participación de los trabajadores» se alcanza «también en la perspectiva de fomentar nuevas formas de propiedad social no estatal».

Agrega que «el Estado debe tener una activa participación a través de créditos, de inversión y en sus sistemas de compras».

Se indica asimismo que una mejora en los niveles de la educación» es un «elemento clave para brindar igualdad de oportunidades».

Las reformas estructurales en la salud para cubrir a jubilados y pensionistas, y universalizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, implica «mejorar la calidad de la atención y la prevención».

Como «otros temas que están en nuestras preocupaciones», el Icudu enumera: «el desarrollo productivo y su relación con el territorio, con el medio ambiente y con los procesos sociales».

«No hay justicia social sin crecimiento productivo, pero sólo el crecimiento no asegura una distribución equitativa», concluye el informe.

«Un país estancado, sin equilibrios económicos, sin crecimiento, no es la base de nuevos cambios y avances sociales; pero también sabemos que sólo los datos favorables de la macroeconomía no distribuyen bienestar, riqueza y justicia social».

Para que haya equilibrios «imprescindibles» sin que todo quede «en manos del mercado» debe haber una «participación activa del capital nacional, de los trabajadores, de recursos del Estado y también del desarrollo tecnológico que puede traer la inversión extranjera».

En tal sentido cita como «ejemplos» emprendimientos como «ALUR, Cristalerías, Funsa o el cluster naval», que «van en esa dirección y reafirman el papel rector del Estado». Pero añade que «hay que avanzar a nuevas formas de producción que privilegien lo colectivo y autogestionario».

Acerca de «la innovación en la organización del trabajo» argumenta la necesidad de «una alta participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, en las metas a conseguir y en la distribución de la renta».

Añade que «son prioritarios a incluir en un nuevo modelo económico y social» temas como «la educación» y «la formación profesional continua», «la evaluación de tareas de acuerdo a los cambios tecnológicos», «los problemas de seguridad e higiene laboral y los de medio ambiente».

Capítulo aparte mereció «la Tributación». El documento alerta que para «el modelo neoliberal» es mejor que existan «menos impuestos» para que «el mercado» asigne los recursos y los distribuya». Es «la reproducción de un modelo concentrador y excluyente», acusa.

El neoliberalismo, agrega, pretende que los impuestos «sean indirectos» de modo que recaigan sobre «toda la sociedad», tanto sobre pobres como ricos. «Un modelo de desarrollo con justicia social sólo se construye con una política impositiva que priorice la tributación directa» por «aquello del que más tiene, más pague», resume el informe.

«¿Es correcto que el sector productivo con más renta, y al que más le aumentó el valor de la propiedad, ni siquiera pague el Impuesto de Primaria?». «Nos referimos al sector rural», apunta. «Redistribuir significa que algunos aporten más para que otros aporten menos y estén un poco mejor», para «gravar al que más tiene».

Para incidir en la distribución del ingreso se necesitan «políticas que tiendan a cambiar la estructura productiva», ahora «concentrada en la producción de unos pocos productos con escaso valor agregado». Y critica la coexistencia de «sectores de punta con altos niveles de productividad con otros mucho más rezagados y de bajísima productividad».