Médicos y psiquiatras indagados por torturas

La Justicia deberá indagar el rol jugado por médicos y psiquiatras militares en las sesiones de tortura durante la dictadura, de prosperar una nueva denuncia por violaciones a los derechos humanos perpetradas en dicho período. La denuncia apunta a desentrañar los tormentos psíquicos contra presos políticos.

Familiares y amigos de la militante del Partido Comunista Norma Cedrés de Ibarburu presentaron ayer ante la Justicia una denuncia penal por su muerte, ante la presunta responsabilidad de los servicios represivos de la dictadura, en su decisión de autoeliminarse, sobre fines de 1977.

La denuncia fue formulada contra los mandos civiles, militares y policiales de la dictadura cívico-militar (1973-1985) y todos los posibles responsables, por acción u omisión, ya sea en calidad de autores mediatos o de coautores, en el «homicidio político», «determinación al suicidio» y «detención ilegal» de Norma Cedrés, según el escrito presentado por la abogada María del Pilar Elhordoy, al cual accedió LA REPUBLICA.

Cedrés, militante del Partido Comunista, viuda y madre de un niño de 10 años, fue detenida por efectivos de las Fuerzas Conjuntas en su domicilio, el 22 de octubre de 1975, en el marco de la «Operación Morgan», una acción de «gran escala» impulsada contra los adherentes a dicha organización política.

Cedrés fue sometida a diversas y reiteradas torturas físicas y psíquicas durante su reclusión, siendo la única «mujer prisionera política» muerta por suicidio en una unidad militar en dictadura. Sin embargo, el patrón para su eliminación física y psíquica fue utilizado en todas las detenidas para lograr «la muerte o la enfermedad y/o deterioro mental», según expresa la denuncia.

En este sentido, la «patología psiquiátrica» de Cedrés fue utilizada como «la herramienta más eficaz» para su «eliminación física», por cuanto su condición de viuda y madre sería la «llave» utilizada por los represores, con asistencia de médicos y psiquiatras, para su «destrucción» física y psíquica, en «búsqueda de terminar con su vida de cualquier manera», señala el escrito.

«El hostigamiento permanente fue la clave y estuvo en manos de los psicólogos y médicos/as a su cargo la tarea de buscar ‘las fallas’ de Norma para que ella misma lograra lo que ellos buscaban, esto es: o la locura total o la muerte. Es bien sabido y de público conocimiento, incluso hoy en día es innegable y casi ridículo no admitirlo, que la dictadura y la reclusión permanente de los presos y presas políticas buscaba las dos cosas antes dichas (locura o muerte). Estos eran los caminos para la eliminación del supuesto ‘enemigo'», dice el escrito.

El homicidio de Cedrés, por tanto, «integró un plan de represión sistemática de opositores políticos que procuraba impedir cualquier manifestación en defensa de la democracia y en contra del golpe de Estado producido años antes y sostenido en el tiempo».

«La víctima fue hostigada hasta el cansancio y se torna inadmisible aceptar que su muerte fue un hecho puntual y no una sucesión de actos predeterminados que buscaban un objetivo. Norma Cedrés no escapó a este macabro plan. (…) En este caso, la víctima es claramente inducida a la locura extrema y una vez llegada a esta, se da, estratégicamente un paso adelante, uno más dentro del plan y elaboran la forma de que ‘sea ella la responsable de sus actos'», aduce la abogada.

La denuncia promovida por José Ibarburu, hijo de Norma Cedrés, y otros amigos de la víctima apunta a demostrar la responsabilidad de médicos y psiquiatras en los procedimientos represivos (torturas) desarrollados dentro de las unidades militares en dictadura. Asimismo, la denuncia promueve catalogar el crimen como un delito de lesa humanidad.