"Esperable, evidente y compartible"

El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, aclaró que si bien el gobierno no ha analizado la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que dictaminó que la Ley de Caducidad «carece de efecto jurídico» porque impide la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, de todas maneras, a título personal, el jerarca consideró el fallo «esperable y evidente».

Asimismo, Cánepa dijo que a su juicio se trató de una decisión «compartible». Por su parte el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, prefirió no realizar comentarios sobre la resolución. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, comparecerá el próximo martes 29 ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, en el marco del relanzamiento del proyecto de ley interpretativo, por el cual se pretende «dejar sin efecto» la Ley Nº 15.848, «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado». La comparecencia de Almagro se sustanciará días después de conocerse el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la cual se condenó al Estado uruguayo, en virtud de la vigencia de la Ley de Caducidad. En este sentido, el canciller fue citado para explicar los alcances del proyecto de ley interpretativo impulsado por el Frente Amplio (FA), aunque el reciente fallo de la CIDH significaría la necesidad de escuchar su versión sobre las posibles consecuencias para el Estado uruguayo en caso de no cumplir con sus obligaciones emanadas de la sentencia, indicaron fuentes oficialistas a LA REPUBLICA. La CIDH condenó recientemente al Estado uruguayo a «dejar sin efecto» la Ley de Caducidad, por cuanto su vigencia significa un «obstáculo» en el legítimo derecho de verdad y justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El fallo del máximo órgano jurisdiccional del contexto americano fue emitido en el marco de un litigio iniciado por la familia Gelman en 2006. La Ley de Caducidad «carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos», señaló la CIDH. El Estado uruguayo deberá, por tanto, instrumentar los caminos para «dejar sin efecto» la norma, garantizar la investigación de los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables de los mismos. Para el abogado Carlos Ramela, ex integrante de la Comisión para la Paz, la condena que aplicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado uruguayo por la muerte en 1976 de María Claudia García de Gelman podría significar su expulsión del organismo. El representante colorado, Ope Pasquet, reconoció que «Uruguay está sujeto a la jurisdicción de la Corte, pero debe cumplir, en la medida que su propio ordenamiento jurídico se lo permite». Ya que «ningún país está obligado a violar la Constitución para cumplir un fallo de la Corte, y la Corte no puede exigir eso ni a Uruguay ni a nadie» sentenció. Por su lado, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, recordó que «la Ley de Caducidad, de acuerdo al derecho interno de Uruguay, ha regido durante todos estos años, mal que les pese», admitiendo que también le pesa a él, ya que «yo estuve siempre en contra, pero, en el Parlamento democrático en su momento» se votó. Ademas, «la ciudadanía en dos oportunidades la ratificó» por lo que se debe acatar la resolución soberana. Por otra parte, dijo que «el Derecho interno uruguayo no tiene la figura de anulación, por más que el Frente Amplio vaya a votar algo ahora que ellos creen que anula la Ley». Dentro de las filas del Partido Nacional se escuchó la voz de Gustavo Penadés, que denunció el hecho de que «Uruguay no fue defendido» en la instancia jurídica internacional, «empecemos por ahí» acotó. En ese sentido, el representante blanco lamentó que el gobierno reconociera «los argumentos de quienes reclamaban este fallo. Y no hubo de parte del gobierno, una defensa de los intereses de Uruguay, lamentablemente». Además, en concordancia con las declaraciones de sus colegas legislativos, dijo que «sobre el orden interno del país, la Ley de Caducidad ya cumplió su misión. O sea, permitió que viviéramos en democracia y fue producto del pacto del Club Naval, en el que los militares pactaron con el Partido Colorado y el Frente Amplio». La senadora frenteamplista Lucía Topolansky afirmó que era «algo anunciado» y que «todavía no se cumplieron los plazos». Pero asumió la denuncia internacional, y declaró que «somos parte de los mecanismos internacionales que aceptamos, y vamos a cumplir». El fallo de la CIDH «es vinculante en forma inmediata para Uruguay», por lo cual el Estado uruguayo «está obligado a cumplir la sentencia» y «promover la necesaria anulación de la Ley de Caducidad», explicó por su lado el abogado Oscar López Goldaracena, especialista en DDHH.