Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº4

La Justicia ingresará hoy al Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de una nueva indagatoria penal por un crimen de la dictadura. El caso refiere a la muerte por torturas de un hombre sin militancia política, tras una acción represiva contra opositores políticos.

La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea realizarán hoy una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 4, de Colonia, en el marco de la indagatoria penal por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, un hombre sin militancia política, detenido en 1974.

La magistrada y la representante del Ministerio Público ingresarán a las 14.00 horas a la unidad militar para intentar identificar el lugar de reclusión de Perrini y la sala donde fue torturado, como forma de ampliar la investigación sobre su muerte, según expresó el abogado Oscar López Goldaracena a LA REPUBLICA.

Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue «brutalmente» torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, «especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (…) identificados con el Frente Amplio», según la denuncia. Perrini, empero, era un hombre sin militancia política, explicó el abogado.

Los detenidos fueron sometidos a sistemáticas sesiones de tortura (picana eléctrica, submarino mojado en tacho, potro o caballete y amenaza psicológica permanente); los responsables de la tortura se habrían ensañado con Perrini hasta ocasionarle la muerte, indicó.

«Era un padre de familia, trabajador, muy respetado y querido en Carmelo, que sin motivo aparente fue detenido ilegalmente y asesinado en tortura, en una clara demostración de que las víctimas de la dictadura fueron todos los ciudadanos», señaló López Goldaracena.

«Existieron víctimas inocentes de la población civil que sufrieron el terrorismo de Estado; por eso no podemos legitimar las declaraciones, ni de unos ni de otros, que hablan de un enfrentamiento entre dos bandos», recalcó López Goldaracena.

El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes investigados en la causa «Organización de Derechos Humanos», para los cuales la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

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