Juristas aconsejan desarchivo de casos de desaparecidos

Constitucionalistas recomiendan al Poder Ejecutivo, como «mejor solución», desarchivar casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se incluyeron dentro de la Ley de Caducidad y la Justicia no pudo investigar. Reiteran la «inconstitucionalidad» de la norma a ser aprobada el 20 de mayo.

Los diputados iniciaron ayer en Comisión el estudio del proyecto de ley que dejará sin valor jurídico alguno la Ley de Caducidad y volvieron a recibir a expertos constitucionalistas y catedráticos de las universidades, tanto pública como privadas, para que opinen sobre la legalidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

Es la tercera vez que los catedráticos son consultados al respecto por los legisladores. La primera fue en octubre del año pasado, la segunda en febrero y ayer, la tercera vez.

El constitucionalista y catedrático de la Universidad católica Martín Risso reiteró que el Parlamento no tiene facultades para anular una ley pero podría sí derogar una norma y que esa decisión tuviese efecto «hacia el futuro» porque ello no determinaría «ningún obstáculo ni podría ser objetada jurídicamente».

Risso mencionó con respecto a la ley interpretativa que anula a la de Caducidad que como «mejor solución» bien podría el Poder Ejecutivo, a través de una resolución presidencial, determinar el desarchivo de los casos de desaparecidos que en los pasados gobiernos se entendió que estaban fuera del alcance de la Justicia por el amparo de la Ley de Caducidad.

El catedrático aseguró que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que alude a nuestro país no expresa en ningún sentido que la Ley de Caducidad debería desaparecer del mapa jurídico uruguayo, sino que por el contrario, se alienta a buscar soluciones y salvar los obstáculos por la no aplicación de la Justicia en aquellos casos de violaciones a los derechos humanos.

Los especialistas sostuvieron por tercera vez en el Parlamento que el proyecto interpretativo a estudio del Parlamento es inconstitucional.

 

Los protagonistas

El diputado del Frente Amplio (MPP) Aníbal Pereyra, integrante de la comisión parlamentaria que ayer inició el análisis del proyecto, reconoció que la norma que sería aprobada por Diputados el 20 de mayo tiene falencias jurídicas «como todas las leyes» y destacó las recomendaciones ofrecidas ayer por los catedráticos en el sentido de que el proyecto «no es infalible» para resolver los problemas generados por la vigencia de La ley de Caducidad.

«Los contextos históricos son los que determinan las leyes», dijo Pereyra, y «el actual determina que a la Ley de Caducidad hay que borrarla del mapa jurídico uruguayo».

El diputado nacionalista Gustavo Borsari (UNA) resaltó que «otra vez el 99% de los uruguayos estamos, como en los años 70, siendo rehenes de negociaciones que se vienen dando entre combatientes de un lado y del otro. Somos ajenos ­insistió­ en las posibles soluciones a temas que vienen discutiendo los combatientes; entonces».

El diputado colorado Gustavo Cersósimo (VU) destacó que las sugerencias de los catedráticos acerca del contenido del proyecto a aprobar señalan que «la ley no es interpretativa sino innovativa» a la Ley de Caducidad.