Gobierno y oposición redactarán ley de Inteligencia del Estado

Al Poder Legislativo le llegó la hora de trabajar sobre una ley que regule la labor del coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado.

El vicepresidente Danilo Astori ha sido designado por el presidente Mujica para llevar adelante los contactos políticos a fin de ir definiendo los márgenes de acción que tendrá la oficina que hoy comanda Augusto Grégori.

En los próximos días, que no se irán más allá de la primera quincena del entrante mes de junio, Astori será quien convocará a una reunión a todos los referentes políticos de los partidos con representación parlamentaria para ir definiendo el contenido de un proyecto de ley que se espera emane con el más pleno consenso partidario. El propio presidente José Mujica le ha dejado en claro a sus colaboradores más cercanos que la labor del coordinador de Inteligencia deberá ser regida por una ley que no puede llegar a tener «fisuras» políticas ni claroscuros de ningún tipo, por entender que esa gestión es muy delicada, trascendente y vidriosa. Además, la labor de la coordinación de los Servicios de Inteligencia asciende al grado de política de Estado o por lo menos así lo entiende el actual Poder Ejecutivo.

Semanas atrás, cuando la noticia por antonomasia era el video de unos supuestos militares amenazadores, todas las miradas, y más que nada las de la oposición, apuntaban a la figura de Grégori, buscando en él las respuestas al por qué no había tenido un papel más relevante en aquel suceso que ya tiene el rango de cantinflesco.

Trascendidos de prensa nunca confirmados hablaban que por ese tema el cargo de Grégori al frente de la coordinación de los Servicios de Inteligencia pendía de un enmohecido hilo de seda.

Grégori, con el visto bueno de la Presidencia, accionó una serie de reuniones con todos los referentes de los partidos políticos para, entre otras cosas, hablar de la necesidad de una ley que regule la función que él desempeña.

En pocos días más, entonces, Astori, los líderes del oficialismo y de la oposición se sentarán alrededor de una mesa para definir los parámetros, hasta ahora inexistentes, que regirán la labor del coordinador.

Pero algo de camino ya está trazado. Porque en pocos días más el único proyecto de ley que existe sobre el control parlamentario de los Servicios de Inteligencia cumplirá un año. El 15 de julio del 2010 el diputado del Partido Colorado José Amy puso uno a consideración de una comisión pero, así como llegó, se archivó.

Amy confesó a LA REPÚBLICA que espera que su proyecto «sea tenido en cuenta» a la hora de trabajar sobre una ley «porque desde el gobierno nos han dicho que iban a presentar uno pero nunca lo hicieron», protestó.

Su propuesta tiene 7 artículos. Crea una comisión bicameral formada por todos los partidos y presidida por el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores.

La Comisión controlará «todas las actividades desarrolladas por los Organismos de Información, Inteligencia y Contrainteligencia del país», y el coordinador deberá informar su labor.

La Comisión está obligada «al más estricto secreto» y mantendrá con él reuniones mensuales, entre otros lineamientos.