Caducidad: desarchivo a pedido de familiares

El Poder Ejecutivo se inclina por la revocación de los actos administrativos de los gobiernos de los partidos tradicionales, sobre el archivo de las investigaciones en casos de detenidos desaparecidos, siempre y cuando sus familiares así lo soliciten ante el gobierno.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, explicó que el gobierno continúa estudiando los informes de los servicios jurídicos para poder determinar la decisión a adoptar en el caso de la revocación de los actos administrativos de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti y de los de Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.

En todos los casos las decisiones de los gobiernos anteriores se ampararon en el artículo 4º de la Ley de Caducidad, el cual otorga al Presidente de la República la potestad de determinar si el caso está comprendido en la norma. En todos los casos la Justicia decidió el archivo.

Breccia señaló que los gobiernos anteriores incluyeron en la Caducidad muchos hechos de homicidios, desapariciones y violaciones a los derechos humanos durante el período de facto y lo comunicaron a la Justicia a través de diversos mecanismos, tales como respuestas de oficio y resoluciones presidenciales. En ese marco, el gobierno de José Mujica estudia si es conveniente por los distintos casos que existen (mensajes, respuestas de oficio, decretos) si procede a solicitar la revocación de esos actos administrativos en forma masiva o a través de varios decretos particulares.

Aclaró que si se lo hace a través de un único decreto para los 88 casos, ello podría eventualmente desencadenar un recurso de la contraparte, lo que haría caer los demás decretos, por lo cual las resoluciones particulares pueden ser de recibo.

Otro de los aspectos que estudia el gobierno es si efectivamente todos los familiares de detenidos desaparecidos están dispuestos a proceder a la apertura de las investigaciones sobre sus familiares, motivo por el cual el Ejecutivo uruguayo también se inclina por solicitar el desarchivo de las causas cuando los involucrados así lo soliciten.

Fuentes gubernamentales comentaron a LA REPÚBLICA que los familiares también tienen «derecho a la privacidad» cuando consideran que «han procesado su duelo», por ello el gobierno tiene que actuar con extremo cuidado.

Hasta el momento, el último caso sobre el cual el gobierno solicitó el desarchivo es por la muerte del militante comunista Álvaro Balbi. Mujica autorizó a proseguir con la causa el jueves 12 de mayo.

Por otro lado, el Ejecutivo estudia el planteo que realizaron tiempo atrás los familiares de detenidos desaparecidos, de reformular la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.