Presidencia no impulsará cambios en prescripciones

Según parte de la doctrina jurídica, los delitos cometidos por la dictadura ­ al ser considerados como comunes-, no podrán ser juzgados a partir de noviembre próximo, al «prescribir» porque cumplirán 26 años y 8 meses desde el retorno a la democracia.

Por ello, desde algunos sectores sociales se ha manejado la posibilidad de que se apruebe una ley que modifique el Código Penal en lo referido a la prescripción de los delitos de la dictadura.

Pero el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, fue enfático ayer al afirmar que el gobierno no impulsará ni aceptará ninguna Ley que signifique violar otra Ley o la Constitución de la República. «Las normas sobre prescripciones, en el Derecho Penal, son particularmente delicadas de tocar».

Al ser consultado por el dictamen de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, que se refiere a que los delitos de lesa humanidad no prescriben, dijo que «hasta ahora los delitos de la dictadura son el homicidio particularmente agravado, que es el más grave de acuerdo a la ley uruguaya y que aplica la Suprema Corte de Justicia». Pero aclaró que «ni la Corte de Justicia ni los tribunales penales jamás han considerado la configuración de la desaparición forzada ni la tortura la que en el Uruguay son lesiones personales graves».

«La incorporación a la legislación uruguaya de delitos de lesa humanidad, que son los imprescriptibles, hasta ahora no ha ocurrido para los delitos cometidos por la dictadura, pero por supuesto que sí lo fueron después de aprobadas las leyes que incorporaron a la jurisprudencia uruguaya esos tratados internacionales que tipifican la tortura y la desaparición forzada,» señaló.

Al tiempo, remarcó el hecho de que «lo delitos cometidos durante la dictadura fueron previos a estas decisiones; en consecuencia, los tribunales uruguayos hasta ahora han sido unánimes en excluir expresamente de la tipificación de delitos cometidos por los personeros de la dictadura, cualquier figura de delito de lesa humanidad, contra lo que han pedido los fiscales».

Por ello, «hasta ahora en la Ley uruguaya y la jurisprudencia tenemos delitos que prescriben, como dice la Ley, en noviembre de 2011″, sentenció Breccia.

El jerarca de Presidencia dijo que el gobierno tiene dos deberes éticos que se enfrentan: «uno es el de llevar adelante la lucha contra los crímenes cometidos por la dictadura, y el otro es respetar la Ley y la Constitución».

Remarcó que el Ejecutivo «no enviará ninguna señal positiva en cuanto a una legislación que pueda vulnerar las normas o la Carta Magna. El Ejecutivo no será acusado de haber adoptado actitudes equivocas, como lo fue con respecto a la anulación de la Caducidad».

Breccia indicó que si surge un planteo que sea «discutible», no se lo avalará, pero si se trata de una solución «cristalina» con la cual todos los sectores se manifiesten de acuerdo en no objetar nada, «entonces sí se avalará».