Uruguayo podría ser expulsado de España

Un ciudadano uruguayo, activo militante en defensa de los derechos del pueblo saharaui, podría ser expulsado de España de prosperar una denuncia en su contra presentada por la Comisaría de Arrecife, un municipio situado en la isla de Lanzarote.

El activista José Morales Brum deberá comparecer a las 11.00 horas (15.00 horas de Uruguay) de hoy, ante la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Arrecife, tras una denuncia en su contra por supuesta infracción «grave» y «muy grave» de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Morales Brum, residente legal en España desde 2005 y padre de un hija de cinco años, fue detenido por personal policial, acusado de un delito de atentado contra la autoridad, horas después de denunciar la actitud ilegitima de un funcionario policial, durante una actividad a favor del pueblo saharaui, según informan medios españoles.

Morales Brum y otros activistas participaban del programa «Vacaciones en Paz», por el cual ciudadanos españoles reciben la visita de niños saharauis. La actividad era cubierta por varios medios de prensa, pero en un momento se detectó un fotógrafo que registraba únicamente los rostros de los niños. Morales Brum mantuvo un altercado con el «fotógrafo», tras lo cual este último exhibió una pistola. El fotógrafo era un funcionario policial.

El activista uruguayo decidió entonces presentar una denuncia por la acción ilegitima del funcionario. Horas después, fue detenido por dos policías de civil, iniciándose un proceso en su contra por violentar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La acusación podría implicar su retención y expulsión de España, según la normativa española.

La norma estipula que «en casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España».

Morales Brum consideró su detención como «un atropello por parte de los representantes del Estado» y alertó sobre los riesgos de una generalización de estas medidas, por cuanto podría afectar «a cualquier compañero que, de resultar incómodo por su actividad social o política podría seguir el mismo camino de la expulsión de manera unilateral».