La Justicia investiga 58 denuncias en la Armada

La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, unidad dependiente del Ministerio del Interior, investiga 58 casos de presuntos actos ilícitos en la Armada Nacional, en base a las denuncias presentadas por marinos y proveedores sobre diversas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la fuerza de mar.

Marinos y proveedores de la Armada comparecen desde hace varias semanas ante los investigadores de Interpol, en el marco de la indagatoria policial por el cúmulo de irregularidades investigadas en la Armada, según indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.

Efectivos de Interpol profundizan la investigación para desentrañar el cúmulo de denuncias presentadas por presuntos actos ilícitos con vistas a elevar un informe con sus conclusiones ante la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti. La magistrada aguarda el informe para determinar, previa vista fiscal, los futuros pasos a seguir en la indagatoria, explicaron las fuentes.

En este sentido, la investigación impulsada por Interpol incluye las 58 denuncias presentadas, por diversas vías, desde el inicio de la indagatoria penal por irregularidades en la Armada Nacional, entre ellas, las 18 adquisiciones presuntamente ilícitas efectuadas por el Comando General de la Armada (CGA), entre mayo de 2007 y diciembre de 2008.

El pasado 7 de mayo de 2010 un sobre anónimo arribó al despacho de la fiscal Mónica Ferrero con diversos documentos sobre eventuales actos ilícitos en la Armada Nacional. El escrito sin firma señalaba que, desde hacía varios años, en la Armada se realizaban maniobras con las compras directas por excepción, mediante las cuales se adquirían mercaderías en el exterior que en realidad nunca ingresaban a la Armada. Es decir, el Estado pagaba el precio facturado por mercaderías que nunca recibía. La representante del Ministerio Público radicó entonces la denuncia y la jueza Gatti inició la indagatoria.

La investigación confirmó finalmente las maniobras ilícitas, entre ellas, la compra fraudulenta de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores, por casi U$S 600.000. La jueza Gatti dispuso, por tanto, el procesamiento de cuatro oficiales de la Armada, entre ellos, el ex comandante en Jefe, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, por «un delito continuado de fraude».

Empero, el acuerdo de colaboración firmado por uno de los oficiales procesados con el Ministerio Público, en base al artículo 6 de la Ley Nº 18.494 («figura del arrepentido-colaborador»), derivó en el inicio de la indagatoria penal por otras 18 eventuales compras fraudulentas efectuadas por el CGA, en maniobras similares a las perpetradas con la grúa hidráulica y el banco de prueba para motores.

Dicha indagatoria incluye diez adquisiciones del Comando de la Flota, cuyo director era el contralmirante (r) Hugo Viglietti, mientras las ocho restantes fueron compras realizadas por la Dirección de Material Naval, cuyo titular era el contralmirante Alberto Caramés, actual comandante en Jefe de la Armada. Las maniobras superarían los $ 33.000.000.

Asimismo, la jueza Gatti dispuso el enjuiciamiento de otros dos oficiales de la Armada por maniobras ilícitas con vales de nafta y tarjetas de Ancel. Empero, otras investigaciones aún aguardan resolución.