Siete mujeres a salvo del crimen organizado

Desde fin de año, fueron siete las mujeres que pudieron escapar del crimen organizado y regresaron al país apoyadas por el gobierno. En 2010 hubo 20 casos a nivel nacional de denuncia de explotación sexual de menores, y este año ingresaron nueve casos a los juzgados especializados del Crimen Organizado. El tráfico de personas y la trata de blanca es un fenómeno a nivel mundial del cual Uruguay no está ajeno. Las autoridades consideran a nuestro territorio como un lugar de destino y tránsito de la prostitución y de la explotación sexual de menores. La captación de personas que, con el engaño de un trabajo decente o la directa propuesta de ejercer la prostitución en otros países con la promesa de suculentos ingresos, terminan engañadas, atrapadas. Una vez que las mujeres o menores son «reclutadas», las organizaciones delictivas les retienen la documentación e incluso amenazan de muerte a sus familias si intentan salirse del «negocio».

Ante esta realidad, desde el año 2008, el Poder Ejecutivo comenzó a diseñar políticas de prevención y atención en violencia y género. La directora del Instituto Nacional de Mujeres, Beatriz Ramírez informó a LA REPÚBLICA que el tema del tráfico de personas y la trata de blanca en nuestro país «se fue colocando fuertemente en la agenda del gobierno.»

En ese marco se trabajó en el diagnóstico y en la conceptualización del tema, conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones.

El gobierno empezó a implementar acciones que incluyen al Ministerio del Interior, la Cancillería, el Mides, el INAU y los jueces de Crimen Organizado. También participa de la investigación Interpol, según afirmó el comisario Jaime Bonilla, de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado (ver nota aparte).

Para instrumentar las políticas interinstitucionales se realizaron instancias formativas, con la financiación de la Unión Europea.

En Uruguay, la organización no gubernamental El Faro se dedica a la atención de las víctimas de las trata de blanca. Ramírez destacó que en los últimos meses la coordinación interinstitucional permitió el retorno de siete víctimas.

«No tenemos idea de cuántas uruguayas están en estas condiciones, pero el fenómeno existe», señaló la directora.

Además de España, Italia y México, se tiene conocimiento de la existencia de estas maniobras en países cercanos como Argentina y Brasil. «Se presume que también hay menores ejerciendo la prostitución», sostuvo.

Ramírez explicó que la maquinaria del Estado se pone en marcha detrás de una víctima del tráfico de personas, cuando algún familiar que perdió contacto con la joven se presenta ante algún organismo público a realizar la denuncia.

Generalmente «son reclutadas por el crimen organizado, y es difícil salir de él», afirmó, y añadió que al recibir la denuncia se inician las investigaciones en el exterior para corroborar la situación y luego se trata de proteger a la víctima, para que pueda volver a Uruguay.

Ramírez señaló que después del narcotráfico, el tráfico de personas y la trata de blanca es lo que más dinero genera.

El gobierno tiene conocimiento de que estas mujeres son convocadas con una propuesta de trabajo para ejercer el meretricio, mayormente en España, Italia y México.

«Generalmente son chicas que ya están en situaciones de vulnerabilidad y que en su mayoría ya ejercen la prostitución en Uruguay», dijo. No obstante, se dan nuevas situaciones por fuera de la prostitución, donde se le ofrece a jóvenes ­mayormente del Interior- un trabajo tentador en México como vendedoras, y al llegar les sustraen el pasaporte, las obligan a cumplir jornadas laborales de más de 16 horas y a vivir en condiciones críticas. La metodología empleada por estas redes es apropiarse de los pasaportes, o proporcionarles documentos falsos, e incluso van más allá y amenazan de muerte a sus familiares para que no abandonen la organización. Las condiciones de trabajo no se cumplen y la víctima tiene muy poco margen de maniobra, con bajos ingresos y en algunos casos, la posibilidad de enviar las remesas a sus familias, pero con montos mucho más bajos de los prometidos.

Cuando la persona quiere salir de este «círculo» recurre al Ministerio de Relaciones Exteriores y al del Interior, que trabajan conjuntamente para permitir el retorno de la compatriota, en coordinación con el país de destino.

Ramírez señaló que el Instituto de la Mujer apoya en el tratamiento de la víctima, con una atención psicosocial, para dotarla de una opción laboral y educativa a través de los convenio que el Mides tiene con otros organismos del Estado.

Frontera

Por su parte, Luis Purtscher, coordinador del Comité Nacional contra la Explotación Sexual de INAU, dijo que en 2010 hubo 20 casos a nivel nacional de denuncia de explotación sexual de menores y este año integraron nueve casos a los juzgados especializados del Crimen Organizado. Indicó además que el Instituto desarrolla un proyecto de «frontera» dentro del Mercosur, donde se trabaja en temas migratorios, explotación sexual y trata de blanca. «Nuestra frontera es permeable a este tipo de fenómeno que tiene cierta movilidad, pero no se mueven de la misma forma la prevención y la judicialización», sostuvo. Reconoció que hay cierta complejidad para combatir estos ilícitos de explotación sexual, que se fortalecen por «prácticas patriarcales y machistas». El INAU también trabaja en la frontera «líquida» con Argentina, para lo cual se hará un protocolo de actuación conjunto en la detección y represión del fenómeno. Además, el Instituto conformará un equipo técnico «nómade» para trasladarse inmediatamente a los lugares donde se radique una denuncia, para la atención de la víctima.

«La compra y venta de seres humanos no es nueva», indicó Purtscher, y opinó que en la sociedad consumista algunas personas «tienen su propio cuerpo como única moneda. Es lo que tienen y lo utilizan», afirmó.

Destacó que en nuestro país, la creación de juzgados de Crimen Organizado dio posibilidades de actuaciones más eficientes. El jerarca se lamentó de que la figura del cliente no sea tomado como una figura delictiva en algunos juzgados.

 

REFUGIO

* Otro proyecto a instaurar en la brevedad es construir un refugio para las víctimas de explotación sexual, que estaría ubicado en la zona metropolitana, dijo Purtscher.