A un año del hundimiento del barreminas Valiente

El hundimiento del barreminas "ROU Valiente" tuvo el trágico saldo de once marinos muertos, las inmediatas repercusiones de severas sanciones a efectivos navales por parte de la Armada y las inciertas consecuencias para jerarquías del arma, en el marco de la investigación judicial que se sustancia en el Juzgado Penal e Rocha a cargo de la doctora Julia Domínguez.

En la madrugada del sábado 5 de agosto de 2000 el carguero panameño Skyros embistió a la embarcación de la Armada Nacional frente a las costas del departamento de Rocha, 11 millas al sur de Cabo Polonio. Los tripulantes de la nave uruguaya que cumplía tareas de patrullaje, salvo tres que nunca fueron rescatados, saltaron al agua y esperaron el rescate que se produjo al amanecer cuando dos patrulleras llegaron al lugar del accidente, donde también estaban buques pesqueros que habitualmente operan en la zona.

Los marinos que murieron fue a consecuencia de hipotermia, fenómeno de cambio del metabolismo corporal ante la exposición en un medio desfavorable para mantener la temperatura corporal.

Ese día, varias eran las hipótesis que se formulaban en torno a las causas del accidente, al igual que sobre el operativo de rescate y eventuales fallas en el mismo. Días después la propia Armada admitía que no se actuó con la celeridad del caso.

Juzgado

En la órbita judicial, las actuaciones comenzaron al día siguiente del accidente, compareciendo en la sede judicial varios funcionarios navales que actuaban en el Apostadero Naval de La Paloma y que estaban en funciones al momento de producirse el accidente.

El lunes siguiente al accidente debió concurrir a la sede judicial el jefe del Apostadero Naval de La Paloma, capitán de navío Jorge Sánchez, uno de los funcionarios sancionados por la Armada posteriormente. También ese día llegaron a la sede judicial el capitán del carguero panameño Artemios Damigos, el primer oficial del buque mercante y el timonel del mismo.

Esa semana también comparecieron en el juzgado a cargo de la jueza Domínguez, los tripulantes del Valiente y los pilotos de los helicópteros del Sistema de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea y los capitanes de tres barcos pesqueros que habían escuchado comunicaciones radiales entre las dos naves que colisionaron.

Seis días después del accidente, la Justicia resolvía el procesamiento con prisión de Artemios Damigos por el delito de omisión de asistencia, ya que pudo determinarse que desde el carguero no se ordenaron acciones tendientes al rescate de los marinos que estaban en el mar, dentro de lo que estaba al alcance de la tripulación a cargo del capitán griego. También se ordenó al primer oficial ruso del Skyros a fijar residencia en nuestro país.

En tres oportunidades posteriores tripulantes del barreminas de la Armada debieron concurrir al juzgado, siendo el que más veces llegó a la sede judicial el alférez Diego Carámbula, quien iba en el puente de mando al momento de producirse el accidente. Carámbula fue el único marino que llegó a la sede acompañado de su abogado particular, la doctora Cristina Maeso, quien señaló en varias oportunidades tener su propio asesoramiento de peritos acerca del accidente y tener sus propias hipótesis referidas a las causas del mismo.

En ese proceso, donde ante la opinión pública el caso Valiente en la órbita judicial aparece cuando se registran citaciones al juzgado, ha seguido sustanciándose en distintas esferas. Diligenciamientos de pruebas a distintos organismos civiles y militares, solicitud de pericias en función de las declaraciones judiciales, y en forma más reciente expedición del área del accidente mediante el descenso de buzos civiles transportados hasta el lugar en el buque experimental Vanguardia.

Un expediente de 2.000 folios

El mes del aniversario de la tragedia indica novedosas informaciones que surgen desde la sede judicial. Como informáramos al comienzo de esta semana, en este mes habrán de establecerse citaciones a jerarquías de la Armada Nacional, especialmente por las responsabilidades del operativo y en dos meses podrían conocerse resoluciones al respecto.

"No se descarta que se logre determinar responsabilidades en las muertes ocurridas en este accidente", señaló una alta fuente del Juzgado de Rocha que investiga el caso.

Las citaciones habrán de producirse en los próximos 15 días, estimándose como altamente probable que finalmente existan responsabilidades penales entre jerarcas navales.

El expediente iniciado el domingo 6 de agosto de 2000 ha acumulado al presente unos 2.000 folios, recogiendo las pruebas acercadas a la sede judicial y los testimonios de los testigos que han comparecido en estos doce meses. *