Uruguay, centro del lavado

CARLOS PELAEZ

 

El ex ministro de Economía Ignacio De Posadas constituyó una sociedad con un representante de Gaith Pharaon y socio del traficante de armas Monzer Al Kassar; una ex empleada del estudio de Juan Alberto Etcheverrito se convirtió en empresaria a los 81 años y constituyó 60 empresas a pesar de estar incapacitada mentalmente: murió en la pobreza; la concuñada de Etcheverrito y hermana del ex director general de la DGI Joaquín Díaz preside 137 sociedades; el estudio de Lublinerman asesora en Argentina sobre cómo evadir al fisco y lavar dinero; los dueños de la Compañía General de Negocios con intereses son señalados como partícipes e involucrados en una maniobra de lavado por miles de millones de dólares; el escribano Javier Massa participó de la constitución de una empresa propiedad de los cárteles de Cali y Medellín. Tal lo que dice el informe de la comisión de diputados argentinos que investiga el lavado de dinero.

El informe «Carrió» se asemeja en mucho al «Nunca más» que otra comisión argentina hiciera público a finales de 1983. Uno y otro tienen que ver con la operativa de mafias enquistadas en los gobiernos; uno y otro revelan la notoria presencia de empresas y funcionarios de gobierno de los EEUU; uno y otro revelan la operativa conjunta de malos uruguayos y argentinos. Uno y otro revelan cuánto tiene que ver la crisis social y económica que sacude a nuestros pueblos con el terrorismo de Estado practicado por las dictaduras y el saqueo realizado por funcionarios de gobiernos pos dictadura. Uno y otro revelan que mafias y terroristas de Estado han actuado impunemente en ambos territorios gozando de protección oficial.

Ese mismo viernes ocurría una circunstancia emblemática y reveladora de ese accionar impune en ambos países. Mientras en Buenos Aires la diputada Carrió denunciaba públicamente al empresario argentino Eduardo «Pacha» Cantón como socio de Gaith Pharaon y lavador de millones de dólares en Carmelo, en un oscuro juzgado de esa ciudad un oscuro juez, que sabrá mucho de leyes pero poco de justicia, recibía a Cantón para dar curso a una denuncia contra el periodista Gabriel Monteagudo, corresponsal de LA REPUBLICA y el único de esa ciudad que durante años reveló los negociados de Cantón con jerarcas municipales de Colonia y el «regalo» de un Casino que le hizo el gobierno uruguayo y que pocas semanas después vendió.

Altos gobernantes e involucrados

Carrió no logró que los diputados justicialistas y radicales que integraban el organismo creado por los diputados, firmaran el documento, aunque ayer algunos de ellos aseguraron que lo firmarían «después de leerlo» pero criticaron la decisión de la presidenta de la comisión por hacerlo público.

El gobierno argentino aún no ha opinado públicamente. Las repercusiones en el gobierno de la vecina orilla no se han hecho públicas. Según consignó el matutino Clarín «el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, le restó entidad y lo calificó como «muy poco serio»; en tanto Domingo Cavallo, ni siquiera le prestó atención.

El informe de la comisión presidida por Carrió tiene 1.200 páginas, está dividido en 14 capítulos y varios subcapítulos; contiene además dos cuadros: uno sobre lo que denomina «el gobierno paralelo» dirigido por Emir Yoma y otro sobre los contactos de Yoma con las empresas privatizadas. Sin embargo el capítulo 10 del informe es hasta ahora desconocido, porque no ha sido publicado en Internet.

El documento destaca la participación en los hechos denunciados de importantes funcionarios de los gobiernos posdictadura, incluido el que preside Fernando de la Rúa.

Entre ellos menciona a Carlos Saúl Menem, Domingo Cavallo, Christian Colombo, Eduardo Menem, Alberto Kohan, José Luis Machinea, Daniel Marx, Omar Vaquir y Pedro Pou.

Según el informe, «Pharaon pagó el 80 por ciento de las campañas electorales de Menem». El mismo empresario es sindicado como uno de los socios del complejo turístico El Faro, construido en la ciudad de Carmelo, Uruguay, y a quien el año pasado el Poder Ejecutivo adjudicó un casino que poco después vendió. Para Carrió, «la operativa de Pharaon se vincula a la coima IBM   Banco de La Nación y al atentado contra la AMIA».

También involucró al actual jefe de Gabinete del gobierno de Fernando de la Rúa, ya que «entre los movimientos de fondos de los bancos República, Federal y American Exchange –todos propiedad de Raúl Moneta– existe una gran cantidad de movimientos realizados entre Banco Macro y Macro Valores, sociedad que fuera presidida por Colombo».

El diputado justicialista Mario Cafiero denunció a la vez que «el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tiene una cuenta en la filial de la Compañía General de Negocios en Las Bahamas». Esta empresa tiene intereses bancarios en Uruguay y el informe Carrió le asigna un papel fundamental en toda la operativa de lavado de dinero y depósito de coimas o evasión fiscal.

La legisladora argentina señaló que «Carlos Menem tuvo participación y hay que investigarlo». Y no ocultó que el ex presidente «tiene negocios con Lino Oviedo y Vladimir Montesinos».

Uruguay, partícipe necesario

«Las empresas uruguayas sirvieron para trampear a los argentinos», dijo Carrió. Y en verdad el informe señala centenares de empresas constituidas en Uruguay, con profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura al dinero lavado o, directamente, robado. Si bien esas empresas aparecen mencionadas en diferentes tramos del extenso informe, hay un capítulo especial dedicado a nuestro país y un cuadro adjunto.

Bajo el título «Los modos de constitución de empresas en el exterior», el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas y señala los nombres de los estudios más importantes que se dedican a formar sociedades anónimas o SAFI’s.

Este capítulo revela cómo se armó en nuestro país el complicado puzzle de empresas que sirvieron a los fines de los lavadores de dinero.

«A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política», señala el informe.

Agrega que «mientras en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras del lavado de dinero, por ejemplo –la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999 que se habían creado durante el año 4.374 SAFIs (una de las modalidades off shore uruguayas) contra 2.310 sociedades anónimas domésticas–, los gobiernos de la región y los organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya al respecto. Es así que el organismo internacional GAFI –que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos– en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa. La resolución oficial del GAFI 2000 encomendó a Italia la confección de un informe profundo sobre la política de producción de figuras comerciales uruguayas. Como se sabe, cuando un país es sancionado por GAFI pierde toda posibilidad de obtener créditos internacionales. El proceso de vigilancia sobre Uruguay –pese a que este país aprobó, apresuradamente al comienzo del actual año legislativo, una ley antilavado– verá sus instancias más decisivas durante el segundo semestre de 2001. El GAFI no ha hecho otra cosa que recoger las críticas que regularmente realiza la Receita Federal brasile
ña, la que acusa a Uruguay de ser el nicho financiero preferido de sus evasores fiscales».

A continuación, el informe detalla algunos de los casos más resonantes de los últimos años en los que empresas uruguayas estuvieron relacionadas a la operativa de los cárteles de la droga de Cali, Medellín y Juárez; o a asuntos de corrupción política.

«Un somero repaso permite recordar que el lavado sucesivo en el Cono Sur de los activos de los cárteles de Medellín, de Cali y de Juárez han recurrido a las figuras jurídicas uruguayas. Así, ya en los años 1988 y 1989, desde un cambio en la Av. 18 de Julio de Montevideo  Cambio Italia, Letras S.A.  se lavaron 500 millones de dólares.

La compra de propiedades inmobiliarias que blanqueaban la situación se realizó a través de sociedades anónimas como Airenor, Maramingo, Marytengo, Debelino, Lakevillen y Dukesne, sociedades que luego se probó eran sociedades «fantasma» vinculadas al mismo grupo, cuya principal empresa era la propia Airenor. El responsable de Cambio Italia purga 505 años de cárcel en el estado de Colorado. También le pertenecían Vindos, Atrelín, Dandonil y Sinel.

Ramón Puentes Patiño lavó desde la ciudad de Punta del Este, en los dos años siguientes, los dineros procedentes del Cártel de Cali. En la agenda del narcotraficante se encontraron evidencias que pusieron en cuestión a jerarquías argentinas.

La «operación Casablanca» puso al desnudo que sociedades uruguayas como Tamilur SA –que pagaba las cuentas de los campos de Amado Carrillo Fuentes en Argentina–, Sasur, Idafal, Larinur, Autum, Biesatur y otras, servían al lavado del Cártel de Juárez. La propia viuda de Pablo Escobar reside en Argentina, pero protegía su dinero en sociedades anónimas que giraban en torno a Galestar.

En el campo de la corrupción política, la caída del Presidente Collor y de su amigo PC Farías demostró que la financiera uruguaya Alfa Trading centralizaba una organización que se ramificaba en San Pablo, Panamá y Buenos Aires El reciente caso argentino que puso en cuestión las actividades del Citibank y del Banco República, se apoya en la actividad de cientos de sociedades financieras off shore».

El negocio de los estudios uruguayos

El documento sostiene que «básicamente se han identificado tres modos operativos. Los que se denominan a los efectos de este informe los modelos ‘Lublinerman’, ‘De Posadas’ y ‘Etcheverrito’. El primero es el que ha difundido claramente el Estudio jurídico y contable del contador Israel Lublinerman (uruguayo). Dicho profesional confecciona sociedades anónimas desde 1955 y –una vez prontas– las vende. La comercialización de sociedades anónimas en su país suele no vincular a quien confecciona la sociedad con lo que ocurra con la actividad de la misma, una vez que ha cambiado el Directorio de la sociedad anónima vendida. La situación se hace más compleja cuando dicho estudio –que se toma usualmente como paradigmático de este primer tipo de operativa que analizamos– instala su sucursal en Buenos Aires. La documentación analizada prueba dos aspectos perniciosos de la actividad de Lublinerman en Buenos Aires. En primer término, el Estudio no se desprende de la vinculación con el comprador de la sociedad anónima, puesto que se dedica usualmente a brindar el servicio de liquidación fiscal en Uruguay. En segundo lugar, el tenor de la documentación reservada en posesión de la Comisión demuestra que la actividad de este tipo de sucursal en Argentina de Estudio jurídico contable uruguayo deriva en asesorar para la evasión de impuestos y otras modalidades de lavado de dinero. El informe definitivo de la Comisión puede abundar en respuestas que dichos Estudios brindan a los consultantes argentinos, respuestas que constituyen prototipos de tecnología de lavado.

La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de ‘SAFIs’, esto es de sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIs operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas– son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino, arquetípico de una actividad que lesiona a las economías paradojalmente asociadas al Uruguay. La tercera operativa que ha detectado esta Comisión es, no ya el abuso de la Sociedad Anónima (primera operativa), el abuso de las SAFIs (segunda operativa), sino el expertizaje en ocultamiento de los propietarios de las SAFIs mediante la producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros. La investigación detectó en empresas como Daforel y Delbote –y otras que usan como plataforma al mismo estudio contable uruguayo y al mismo testaferro y que aparecen vinculadas a la actividad del Federal Bank–, son presididas por claros testaferros que encubren a la perfección circuitos de lavado». Carrió hizo especial mención a Ignacio de Posadas, principal del estudio del mismo nombre, y recordó que fue «ministro de Economía uruguayo hasta pocos años atrás». Hay allí un subcapítulo que vincula a De Posadas con Gaith Pharaon y el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.

«El acta de constitución de FUNDS S.A. fue suscripta por los mencionados FRANCISCO OBES SECCO y TOMAS GUERRERO COSTA, IGNACIO DE POSADAS MONTERO (casado con MARIA MAGDALENA SECCO DE SOUZA), constando también la dirección: Juncal 1305, piso 21, Montevideo.

TOMAS GUERRERO COSTA suscribió también el acta de constitución de QUANTUM TRADE S.A., nuevamente con domicilio en Juncal 1305, piso 21, Montevideo. Cabe aclarar que en el informe presentado por Carlos Alberto Gesto, en su carácter de Principal de la División Investigaciones Preventivas de la Policía Federal Argentina, en la causa «Pharaon Gaith s/denuncia», se señala que «resulta importante destacar que los abogados de MERRIL LYNCH GROUP, Tomás GUERRERO COSTA y JUAN C. OREGGIA CARRAU; quienes habían interpuesto el recurso por los procedimientos efectuados, pertenecían al estudio que corre con la denominación «POSADAS, POSADAS & VECINO», ubicado en la calle Juncal 1305, piso 21 (Montevideo, Uruguay); precisamente el mismo domicilio de la empresa «COMERAL S.A.» una empresa de servicios del grupo PHARAON, cuyo único accionista (100%) era la empresa CONCORDE INTERNATIONAL TRADING (grupo PHARAON); siendo director de COMERAL SA una persona llamada Antonio C.L. de SOUZA BANDEIRA (no identificado hasta el momento).»

El documento también vincula a los hermanos Rohn y a la Compañía General de Negocios con causas investigadas por coimas y tráficos diversos en Argentina y como «receptores principales de miles de millones de dólares provenientes del lavado».

El capítulo 8 del mismo informe aporta un minucioso detalle de la operativa de mafias integradas por narcotraficantes y fu
ncionarios de gobierno, así como se establece una minuciosa reseña de algunos casos de corrupción en los que ya hay varios procesados, entre ellos el propio ex presidente Carlos Menem.

En el subcapítulo dedicado a la «Operación Chimborozo» una maniobra de lavado conjunta de los cárteles de Cali y Medellín, para la que se crearon varias empresas en Uruguay, se menciona expresamente a «Inversora Rioplatense, empresa constituida en el Uruguay. El escribano actuante en la constitución de la empresa es Javier Masa». Este profesional es director-propietario de CX 14 El Espectador.

Muchos nombres de personas físicas, empresas, estudios y bancos están directamente asociados a Punta del Este, ya sea porque o tienen propiedades en el balneario o, directamente, tienen su sede aquí.

Etcheverrito, su empleada y la DGI uruguaya

Uno de los casos reseñados, que podría ameritar la intervención de la Justicia uruguaya, es el del estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito, representante en Punta del Este de millonarios intereses argentinos; de importantes marcas internacionales y vinculado, según el informe, a la operativa del tráfico de armas argentinas por la que varios ex gobernantes están procesados y presos. Pero lo que interesa a nuestro país son algunas presuntas irregularidades que, según dos altas fuentes judiciales a que accedió LA REPUBLICA ayer y que habían leído el informe argentino, podrían ameritar la «intervención de oficio de la Justicia uruguaya».

El informe argentino aporta datos relevantes sobre la operativa del estudio Etcheverrito, y la participación de su empleada y su concuñada, Angela Díaz, hermana del ex director de la DGI, en 197 empresas de las 800 que el profesional tiene registradas.

El informe argentino establece que «Angela Chiodi, nacida el 6 de octubre de 1910, incapacitada a los 83 años –en 1993– y fallecida en 1998 habría resuelto convertirse en empresaria a los 81 años y fundó 60 empresas, actividad en la que persistió pese a estar incapacitada mentalmente durante cinco años, pues siguió fundando empresas hasta diciembre de 1998″. Sin embargo, todo parece indicar que a pesar de que esas empresas participaron del tráfico de armas, de negocios por decenas de millones de dólares con la curtiembre Yoma o el pago de coimas, Chiodi nunca recibió beneficios ya que falleció en la pobreza en un modesto apartamento de la calle Soriano en Montevideo. Fuentes muy cercanas a la mujer, señalaron que fue víctima de una maniobra cruel por parte de personas con las que trabajó toda su vida «y a pesar de estar incapacitada igual le llevaban documentos para firmar hasta 1998″.

Diferente parece ser el caso de Angela Díaz, quien preside o administra 137 empresas. La mayoría con sede en el estudio Etcheverrito. Muchas de esas empresas son mencionadas también en el informe argentino como parte del andamiaje de lavado de dinero. *