El ex canciller Blanco declaró ayer por caso Elena Quinteros

Fuentes judiciales informaron a LA REPUBLICA que la magistrada Berro resolvió la citación a declarar del ex canciller Blanco, del actual embajador en el Vaticano Lupinacci, y los funcionarios diplomáticos Guido Michelín Salomón y Alvaro Alvarez, por el caso que se lleva adelante debido a la desaparición de la maestra Elena Quinteros, en 1976. Aún no está definida la fecha en que deberán concurrir a declarar las tres personas que restan, quienes ya ocupaban cargos en la Cancillería en el momento de la desaparición de Elena Quinteros y a las que diferentes personas y sectores han relacionado con ese suceso.

Cuando trascendió por la prensa que la fiscal había solicitado su testimonio, Blanco --actualmente columnista del matutino El Observador--, dijo no tener información sobre el caso, asegurando estar dispuesto a declarar ante la Justicia, lo que finalmente ocurrió ayer. Consultado por este medio, Blanco confirmó su presencia en el juzgado, pero amablemente declinó referirse a lo dialogado en la audiencia.

Cuando ocurrió la desaparición de la maestra Elena Quinteros (hija de Tota Quinteros) Blanco era canciller, Michelin era vicecanciller, Alvarez director de Asuntos Políticos, y Lupinacci embajador en Venezuela. Quienes reactivaron las investigaciones por la desaparición de Quinteros ya habían solicitado, entre otras medidas, la citación a declarar de estas cuatro personas, pero ese escrito se integró al expediente luego de que la fiscal lo devolviera con el pedido de las citaciones, adelantándose a parte del contenido del mismo. Los reclamantes, Raúl Olivera y Milton Romani --con la anuencia de la recientemente fallecida Tota Quinteros y del PIT-CNT y la representación legal del abogado Pablo Chargonia-- a su vez solicitaron a la magistrada Berro que oficie a la Comisión Para La Paz para que remita al juzgado "toda la información recibida y recopilada con relación a la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros", y que informe sobre el análisis que le merece. También que se oficie al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para que informe si en los años 1984, 1985 y 1986, con el objeto de realizar cualquier tarea en el Regimiento Nº 13, fue utilizada maquinaria perteneciente a ese Ministerio. Esto se debe a la supuesta "Operación Zanahoria", por la que cuerpos de desaparecidos durante la dictadura fueron desenterrados y llevados a otros lugares. A estas medidas la jueza no ha hecho lugar, añadieron las fuentes consultadas. Lo que vinculó directamente a la desaparición de Quinteros a las cuatro personas que la jueza Berro resolvió citar a declarar a pedido de la fiscal Guianze, fue un documento oficial que fue reconocido como auténtico por el ministro de Relaciones Exteriores y por el Poder Ejecutivo de la época. El documento fue confeccionado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, con la colaboración del ex subsecretario Guido Michelin Salomón, y los embajadores Alvaro Alvarez y Julio César Lupinacci y posteriormente, en los primeros días de julio de 1976, fue analizado en reunión conjunta de los nombrados con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los ministros del Interior (general Hugo Linares Brum) y Defensa Nacional (doctor Walter Ravenna).

En 1990 se formó una Comisión Investigadora del Senado para investigar la responsabilidad del entonces senador Juan Carlos Blanco en el secuestro de Elena Quinteros. En agosto de ese año se conocieron los dictámenes de los catedráticos doctores Alejandro Artuccio, Gonzalo Fernández, Schurmann Pacheco y la ex integrante de la Suprema Corte de Justicia Jacinta Balbela, en los cuales se establece que Juan Carlos Blanco incurrió en varios delitos. Entre ellos: Coautoría de privación de libertad; Encubrimiento; Falsificación ideológica por un funcionario publico; Actos susceptibles por su naturaleza de exponer a la República al peligro de sufrir represalias; Abuso de funciones. En setiembre, el catedrático Cassinelli Muñoz establece que de imputársele delito, Juan Carlos Blanco no quedaría amparado ni por la amnistía, ni por la Ley de Caducidad y que su inmunidad parlamentaria, en caso de mantenerla, no lo libra de responder ante demandas civiles por daños y perjuicios.

Finalmente el Parlamento votó un informe en mayoría en que se establece que no surgen pruebas para culpar a Blanco. El informe en minoría establece que Blanco incurrió en graves responsabilidades en este caso, solicitando el pase de los antecedentes a la Justicia, cabiéndole la misma responsabilidad a Lupinacci. *