Fuentes oficiales indicaron a LA REPUBLICA que el gobierno "ha pensando" en cambiar algunos aspectos de las SAFI. No obstante, se aclaró que aún "no hay nada concreto" sobre este hecho.
El funcionamiento de las SAFI fue cuestionado públicamente tras el informe presentado por la diputada argentina Elisa Carrió sobre lavado de dinero y evasión fiscal. Al respecto, LA REPUBLICA informó ayer respecto a la operativa que se realiza con estas sociedades para amparar actividades ilícitas. LA REPUBLICA reveló que el estudio del contador Juan Alberto Echeverrito compró 411 SAFI y las colocó a nombre de 6 testaferros para facilitar la operativa. Echevarrito compra SAFI, cambia su nombre e integración del directorio, las coloca a nombre de un testaferro y luego vende el paquete del servicio a empresarios interesados que abonan mensualmente una cantidad no muy elevada de dólares.
La diputada de Asamblea Uruguay Silvana Charlone reclamó ayer modificar la legislación sobre las SAFI al sostener que la misma "es un instrumento legal para evadir y lavar dinero". (Ver página 2).
La ley que regula este tipo de sociedades anónimas fue aprobada en 1948, cuando Luis Batlle Berres presidía el país. Según la ley, estas sociedades pueden realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, o para terceros, inversiones en el extranjero en títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, letras, bienes mobiliarios o inmobiliarios. Las SAFI, cuyo único activo en el país está formado por acciones de otras sociedades de la misma clase, o por saldos en cuenta corriente en una suma inferior al 10% de su activo, abonan un único impuesto que se calcula en un 3% de su patrimonio. Este tipo de sociedades no pueden emitir acciones por medio de subscripción pública, o cotizarlas en Bolsa dentro del país; ni recurrir al ahorro público, o adquirir deuda pública, entre otras prohibiciones. El uso de las SAFI es cuestionado en el informe de Carrió. "La permisividad del sistema uruguayo ha permitido (...) que todo el tema que es objeto de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos vinculados con el lavado de dinero, se apoye en la ingeniería jurídica uruguaya y sus estímulos que --al aunar 'paraíso fiscal' con rígido secreto bancario-- vienen a promover la protección de los ilícitos regionales en territorio uruguayo", dice el informe argentino.
En tanto, desde el gobierno no se ve con preocupación las consecuencias que tiene para el país este informe. Se recordó que en junio pasado, el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de activos de origen ilícito a nivel internacional (GAFI) destacó las medidas implementadas por Uruguay para el combate de este ilícito.
En un informe presentado en París se sostuvo que Uruguay es un país "cooperante" y señaló positivamente los avances realizados durante el último año por parte del gobierno. El reporte resaltó que Uruguay haya creado y puesto en funcionamiento la Unidad de Información y Análisis Financiero, a la que obligatoriamente deben denunciarse las operaciones sospechosas de involucrar legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas por parte de las instituciones sometidas al control del BCU. *
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