Familiares y ex compañeros de Elena Quinteros evalúan presentar una demanda penal en Venezuela para que se investigue su suerte si no tiene éxito la causa judicial actualmente en curso en nuestro país.
Una delegación compuesta por Raúl Olivera, Milton Romani, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, y la abogada Silvia Antúnez se entrevistó ayer con el embajador venezolano en Uruguay, Rodrigo Arcaya Smith. En la entrevista, que se extendió por más de una hora, el embajador venezolano hizo entrega de la documentación que remitió a la Comisión para la Paz sobre la investigación realizada en su país sobre el secuestro y desaparición de Elena Quinteros. El embajador informó que la Comisión para la Paz le pidió información en mayo de este año y la respuesta venezolana fue entregada el 20 de junio.
Según pudo saber LA REPUBLICA la documentación entregada esencialmente está compuesta por correspondencia del embajador venezolano de la época del secuestro de Elena Quinteros, Julio Ramos, con la Cancillería. También contiene los sucesivos reclamos de Ramos y la Cancillería venezolana a la dictadura uruguaya. En la documentación se incluyen además varias respuestas de la dictadura uruguaya. La información estaba recopilada en el denominado "Libro Amarillo" de la Cancillería venezolana. El material recoge todas las comunicaciones relevantes del servicio exterior del país caribeño. Cabe recordar que el pasado 15 de agosto el ex canciller de la dictadura y ex senador colorado Juan Carlos Blanco fue a declarar ante la jueza penal de 1º Turno, María del Rosario Berro, sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Elena Quinteros.
La delegación de la Secretaría de DDHH del PIT-CNT, por su parte, entregó al embajador un dossier actualizado de las investigaciones en marcha sobre Elena Quinteros.
En el marco de un intercambio final calificado por los participantes como "muy abierto", los integrantes de la Secretaría de DDHH del PIT-CNT informaron al embajador venezolano que evalúan la posibilidad de iniciar una demanda penal en Venezuela si no se producen resultados en las instancias judiciales en marcha actualmente en nuestro país. La iniciativa se basa en que el secuestro de Elena Quinteros se produjo en los jardines de la Embajada, es decir, en territorio venezolano.*
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