CARLOS PELAEZ
El expediente fue abierto de oficio por la doctora Fossati, basada en informaciones publicadas por LA REPUBLICA, quien recogió parte del informe de la Comisión de Diputados argentina sobre lavado de dinero, que es presidida por Elisa Carrió.
Fuentes judiciales señalaron a este matutino que ya se han cursado los oficios y se está elaborando una nómina de personas que serán citadas a declarar como testigos.
En función de la información de la que ya dispone la Justicia, se presume que entre los convocados estarían la diputada argentina Elisa Carrió, el ex fiscal mexicano Juan Miguel Ponce Edmonsson y el ex director nacional de la Policía, inspector (r) Roberto Rivero, quienes en diferentes ámbitos investigaron lo mismo. No se descarta la convocatoria de algún funcionario estadounidense.
Las acciones se dirigen sobre las actividades de South Pacific Trade SA, una empresa señalada por el "informe Carrió" como implicada en la Operación Chimborazo, un operativo realizado por la DEA en 1994 y que vincula a empresarios y políticos colombianos y argentinos con los cárteles de Cali y Medellín.
En los registros de la DGI uruguaya, esa empresa tiene el número de contribuyente 1398017 y su RUC es 212174020011. En cambio en el BPS no tiene directores declarados. Su dirección en Montevideo es Sarandí 690 escritorio 201, teléfono 9163701, que pertenece al escribano Carlos R. Nieves, según consigna el informe argentino y fue corroborado por éste matutino.
El mismo documento establece el dato que promovió el interés de la fiscal de Maldonado: South Pacific Trade tiene sede, también, en "un local de Gorlero y la 21".
El informe Carrió desnudó las estrechas relaciones entre narcotraficantes, traficantes de armas, evasores fiscales con políticos, banqueros y empresarios, para lavar miles de millones de dólares producto de sus actividades ilícitas.
Y no es el único documento que lo demuestra.
Una fotografía de Carlos Menem y el empresario colombiano Oscar Cuevas Cepeda, tomada posiblemente antes de 1993, fue publicada por la revista colombiana Cambio, cuyo director es el escritor Gabriel García Márquez, en su edición del pasado 23 de abril. Cambio describía al empresario colombiano como "el enigmático Oscar Cuevas --acusado de lavar dólares y quien se coló a la asunción del presidente Andrés Pastrana-- aconsejaba a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sobre cómo invertir sus fondos, fue testigo contra el general Noriega y era amigo de Carlos Menem".
La revista sindicaba al empresario como representante "de varias sociedades fantasmas por las cuales canalizaría dinero del tráfico de estupefacientes". Actualmente está prófugo, acusado por la Justicia colombiana de lavar dinero.
Cambio también aseguró que el padre del imputado escribió cartas a fiscales y jueces en las que decía que casi todos los ministros de Menem eran sus amigos y que algunos fueron huéspedes suyos en sus casas de Bogotá y de la localidad de Fusagasuga.
A su vez el diario argentino La Nación sostuvo que el ex fiscal mexicano Juan Ponce confirmó la existencia de una pista sobre una cuenta conjunta entre Isabel Santos, viuda de Escobar, --quien era propietaria de Galestar SA, una empresa uruguaya por la que pensaban "lavar" más de 500 millones de dólares-- y Nelly Cuevas, prima hermana de Oscar Cuevas.
"La tenían en un banco, y muchas operaciones se hicieron a través del Federal Bank", el banco off shore que, según reveló el Senado de los EEUU, pertenece a Raúl Moneta.
Al describir la Operación Chimborazo Ponce dijo: "Hay también operaciones de Mercado Abierto, a la que se le adjudica ser dueña de la sociedad off shore South Pacific Trading, representada en Colombia por Cuevas. Y por allí se canalizaron 90 millones de dólares que provenían del narcotráfico colombiano".
El ex fiscal Ponce sostuvo que el empresario Cuevas representaba a South Pacific Trading, de Ducler, en Colombia; que Ducler es el contacto argentino, fue informado a las autoridades de ese país por la policía colombiana. El director conocido de South Pacific Trade desde el 4 de junio de 1996 es Jaime Chaffer Gindel, quien ordena un traspaso de seis millones de dólares --según el informe Carrió-- entre sus cuentas en el Federal Bank y la American Exchange Company cuya sede conocida en Uruguay es el chalet Sunrise de Punta del Este, propiedad de Benito Jaime Lucini, tío y socio de Moneta.
En 1998 Chaffer le compró a Aldo Ducler, Mercofound- Fondo Común de Inversión SA, empresa uruguaya que ambos habían fundado en diciembre de 1991.
En mayo de 1997 el fiscal estadounidense Alejandro Mayorkas ordena al Citibank el congelamiento de las cuentas que Mercado Abierto tenía en esa institución. En ese momento había doce millones de dólares depositados. Pero el Citi recién cumple la orden seis meses después, cuando sólo quedaban 1.800.000 dólares.
Fue entonces que el fiscal y el senador Carl Levin descubren un dato asombroso: durante esos seis meses en que el Citibank demoró en congelar las cuentas de Mercado Abierto, pasaron por ellas nada menos que 304 millones de dólares.
En las cajas enviadas a la Argentina aparece otra información: se descubre la existencia de Mercofound, empresa uruguaya de cuya existencia no se tenía conocimiento, y que para los investigadores demuestra que South Pacific, Chaffer y Ducler estaban en combinación y podrían haberla usado para desviar centenares de millones de dólares.
La vinculación de Ducler con el Cártel de Juárez a través de Mercado Abierto es asunto probado por el Senado de los EEUU, corroborado con el procesamiento y prisión de Nicolás Di Tullio, uno de sus operadores en Argentina y Uruguay. Para adquirir bienes en nuestro país, los narcolavadores usaron a Idafal SA y a Sasur SA, empresas armadas y radicadas en el estudio del escribano Javier Morassi. Pero las cajas argentinas revelan la existencia de otras tres empresas, Saltur, Larenir y Anebi, que aún no se sabe qué compraron en Uruguay. Las dos primeras están radicadas en lo de Morassi, y Anebi figura en Maldonado s/n esquina Sarandí, de la ciudad de Maldonado. Todas estas empresas, más otra veintena de argentinas propietarias de todos los bienes adquiridos por el Cártel de Juárez, son controladas por Inversora Tamilur SA --según fuentes policiales y judiciales argentinas-- empresa también radicada en el estudio de Morassi.
Las informaciones indican que Punta del Este sería uno de los nexos más evidentes entre Mercado Abierto de Aldo Ducler, South Pacific Trade de los narcos y la American Exchange Company, propiedad del banquero argentino Raúl Moneta. *
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