Expropiarían Automotores Orletti como una "parte de la memoria histórica"

Los legisladores porteños entienden que el lugar debe ser preservado porque posee «elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la ciudad». El objetivo es que el destino del local sea resuelto por el Poder Ejecutivo «con participación de los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros correspondientes a los países involucrados en el denominado Plan Cóndor».

En el marco de ese plan de coordinación de acciones represivas orquestado en Sudaméríca por el gobierno de Estados Unidos, pasaron por «Automotores Orletti» cientos de uruguayos, entre ellos Sara Méndez, recluida y torturada por varias semanas en dicho lugar luego que el torturador José Nino Gavazzo le robara a su hijo Simón. También María Claudia García Irureta Goyena de Gelman pasó por allí, con 19 años y embarazada, antes de ser trasladada a Uruguay, donde los militares de la época secuestraron a su hija y la «desaparecieran».

Centro del Plan Cóndor

«Automotores Orletti» constituye la única referencia física del «Plan Cóndor» y es clara prueba de la existencia de acciones comunes de represión ilegal y terrorismo entre varios países latinoamericanos.

En los últimos meses, la legislatura de Buenos Aires también declaró Sitio Histórico al lugar donde funcionó el ex centro de detención denominado «El Olimpo» y a fines del año pasado dispuso la realización de un mural alegórico en el lugar donde funcionó «Orletti». También se resolvió comenzar a excavar en el lugar donde funcionó el ex centro de detención «El Atlético», destruido para realizar allí la Autopista 9 de Julio, así como el ex centro clandestino «Mansión Seré», donde se proyecta construir un «museo de la memoria».

En su exposición de motivos, los legisladores señalan que Orletti en particular es «símbolo y testimonio del terrorismo de Estado a nivel continental implementado por las dictaduras del cono sur de América Latina». Su objetivo es preservar y señalar «el conjunto de establecimientos de detención clandestina».

Culpabilidad confirmada

El interés por comenzar a trabajar sobre la «recuperación de la memoria», expropiando lugares como «Orletti» para «devolverlos» al pueblo, tiene como una de sus bases la confirmación del auto de procesamiento del ex dictador Jorge Videla por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El procesamiento de Videla fue confirmado el 23 de mayo de este año, siendo el objeto procesal de la causa «los hechos ilícitos perpetrados en el marco del denominado ‘Plan Cóndor'». El fallo establece que «con dicho nombre se conoce a la relación ilegítima establecida entre gobiernos y servicios de inteligencia de distintos países de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)».

Entre los «hechos ilícitos» cometidos en la época se destacan «la privación ilegal de la libertad, la tortura y el homicidio. La «Operación Cóndor» se distingue del resto de los fenómenos de persecución política que fueron puestos en práctica en este continente en las décadas del 70 y del 80, por el hecho de que los gobiernos y fuerzas armadas de distintos países cooperaban para perseguir ilegalmente a los opositores».

Testimonio de tortura

En sus seis artículos, el proyecto de ley a estudio de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, expresa:

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble ubicado en la calle Gral. Venancio Flores 3519/21, entre las calles Emilio Lamarca y San Nicolás, asiento del ex centro de detención clandestino y base operativa del denominado «Plan Cóndor», conocido como «Automotores Orletti» o «El Jardín» e individualizado catastralmente como Circunscripción 1ra., Sección 77, Manzana 123, Parcela 16.

Articulo 2º.- La edificación existente en el inmueble expropiado deberá ser conservada en el estado actual, en la medida necesaria para resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros correspondientes a los países involucrados en el denominado «Plan Cóndor» y las organizaciones sociales de la región urbana en que se emplaza el inmueble, definirá los usos del lugar y el organismo del Estado de la Ciudad a cuya jurisdicción quedará afectado.

Articulo 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir dicho inmueble en los términos y procedimiento establecidos por la ley 238.

Artículo 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio correspondiente al año 2003.

Artículo 6 °.- Comuníquese, etc.

Crimen contra la Humanidad

La causa de Videla, utilizada como argumento en la legislatura bonaerense para explicar la necesidad de «recuperar» Orletti, establece que «en determinadas ocasiones las fuerzas armadas y/o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos para luego trasladarlos a su país de origen, o bien, procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero. Por las características que reviste este fenómeno, aparte de la afectación de los derechos humanos básicos como la integridad física, la libertad y la vida, se afectaba principalmente el derecho de asilo y el de la no extradición de los llamados «delincuentes políticos». Por lo expuesto y por la forma de comisión de los ilícitos, los delitos llevados a cabo por los distintos estados americanos en el contexto del mencionado plan criminal deben ser considerados, a la luz del derecho de gentes, como crímenes contra la humanidad. Esta consideración implica reconocer que esos hechos son lesivos de normas que protegen valores fundamentales que la humanidad ha reconocido a todo ser humano». *