Previenen sida reduciendo los daños en drogadictos

Isabel Villar

La idea de que una sociedad libre de drogas es hoy una utopía, pero existen alternativas para proteger a las personas que consumen drogas, al tiempo que a la población en general, de los riesgos que derivan del uso compartido de jeringas, se va abriendo paso en la región, pese a que las campañas oficiales siguen enfatizando el abstencionismo total como meta.

Por Uruguay participaron la doctora Raquel Magri, secretaria general de la Junta Nacional de Drogas, la doctora Jahel Vidal del Programa Nacional de Sida del Ministerio de Salud Pública, la diputada Margarita Percovich, y la socióloga María Luz Osimani del no gubernamental Instituto de Estudios Sociales (IDES).

Cuando el presidente Jorge Batlle se declara a favor de la liberalización del consumo de drogas, como forma de combatir el narcotráfico y sus consecuencias en las sociedades modernas, no convence. Horror de los horrores para los sectores más conservadores; para las conciencias críticas, desconfiable cortina de humo justamente cuando el país atraviesa una crisis socioeconómica mayúscula. Lo cierto es que sólo polariza opiniones y poco contribuye a un consenso sobre cómo mejorar las condiciones de vida de los usuarios –a quienes las sustancias se les colocan en la mano antes que cualquier perspectiva de desarrollo saludable– y las de la población en la que éstos interactúan. Antes bien, un Estado que merced al achique se desentiende progresivamente de sus responsabilidades en materia de salud, educación, empleo, vivienda, medio ambiente, etc., ofrece nulas garantías de contención y encauzamiento productivo de energías liberadas de la compulsión a consumir sustancias que prometen desde paliativos a la carencia (el hambre, por ejemplo) hasta oportunidades de soñar lo que la realidad escatima.

Las utopías peligrosas

En los países del Cono sur, las campañas oficiales contra el consumo de drogas han tenido hasta ahora una única meta: el abstencionismo total. Pero ni las leyes represivas ni los tratamientos impuestos pudieron frenar el consumo, arraigado en múltiples razones individuales y de contexto social. Y como mientras haya demanda habrá oferta, lo que mejor logró la guerra encarnizada fue el aumento del precio de las sustancias, tupir las redes de tráfico clandestino, multiplicar el delito cometido para comprar drogas, cosechar enfermedades y muerte entre usuarios y su entorno, ampliar los territorios de estigmatización y marginación.

La estrategia de reducción de daños viene investigándose y experimentándose desde hace al menos dos décadas, con el objetivo de disminuir los riesgos facilitando condiciones seguras de uso, al tiempo que desalentar el tráfico por disposición gratuita de sustancias (las mismas que las personas venían consumiendo u otras menos agresivas como la metadona). Al comprobarse que el virus de inmunodeficiencia adquirida se propagaba a través del uso compartido de agujas y jeringas infectadas, el atajo se convirtió en vital para prevenir la extensión de la epidemia. La vía sanguínea de transmisión del VIH, segunda o tercera en prevalencia según los países (las otras son la sexual y la de madre a hijo o vertical) tiene una efectividad del 99% (frente al l% de la sexual).

La reducción de daños no se agota en la provisión de jeringas y agujas estériles, o su intercambio por las usadas cuando es posible. En lo material supone la entrega de preservativos, diluyente, desinfectante y folletos informativos. Además, consumidores previamente capacitados hacen, bajo la supervisión de técnicos, el acompañamiento, la contención y completan la tarea educativa.

Los partidarios de la estrategia desplazan la mira desde las drogas mismas a los problemas que derivan de su consumo, enfatizando en los derechos humanos de las personas involucradas, y en la defensa de la salud pública e individual. El australiano Alex Wodak, presidente de la Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA) e invitado especial del seminario sobre «Sida y Drogas: reducción de daños en el Cono Sur», es muy claro en este punto: los usuarios de drogas son personas con problemas (otros los tienen por abusos de comida, de cigarrillos, de alcohol), no seres muy malos que quieren causar daño a la sociedad. «Los derechos humanos que se les niegan a los usuarios están muy relacionados con las consecuencias para su salud», advierte Wodak, quien desde 1982 dirige el servicio de alcohol y drogas del Hospital St. Vincent de Sydney, Australia, y encabeza el organismo promotor de la reducción de daños más importante a nivel mundial.

Prevenir y no perseguir

La principal crítica a la estrategia de reducción de daños se centra en la sospecha de que incrementaría el consumo a partir de facilitarlo y educar para continuar haciéndolo en mejores condiciones. Al respecto sus defensores retrucan que la utopía en materia de salud puede tener consecuencias devastadoras, y Wodak lo ejemplifica con una pregunta inquietante: «¿Quieren que sus hijos y nietos vivan en un país con mucho o poco sida en 20 años?». «La reducción de daños no abandona a las personas que quieran dejar de consumir drogas. La diferencia es que no se fuerza a la gente en contra de su voluntad cuando todavía no puede o no quiere dejarlas. Mantenemos a esas personas con vida y terminan dejando las drogas cuando llega el momento», que es justamente cuando están en mejores condiciones sanitarias y socioeconómicas, explica el experto que prefiere pecar por exceso a pecar por defecto: «No se trata de políticas muy caras. Más caro es el error por omisión», evalúa recordando lo que se invierte en tratamientos desintoxicantes, pero fundamentalmente en medidas de seguridad (policía y hasta ejércitos, judicatura, cárceles).

La experiencia argentina

Los organizadores del seminario de Buenos Aires –Ministerio de Salud y Asociación Civil Intercambios de Argentina– lograron un hecho inédito hasta ahora: reunir en la Cámara de Diputados de la Nación a representantes de muy buen nivel –cuando no del más alto– de los efectores públicos de las campañas antidrogas de los países del Cono Sur: Chile, Paraguay, Uruguay y el propio anfitrión.

En nombre de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Alberto Calabrese fue el más contundente: «El drogadicto es una persona y una muestra del momento social. En esta sociedad las drogas son objeto de culto. Difícil decir voy a salvar a esta persona que es adicta cuando se vive en tal confusión. Hay gente que se muere por el consumo, al igual que por otras cosas: la velocidad, por ejemplo. Si el mundo pone a las drogas en lugar de relevancia, hay que aprovecharlo: dar asistencia y transformar las condiciones. No poner el temor afuera, suponiendo que el resto de la sociedad está sana. Cuando no había otro resultado que el sonsonete sobre el peligro de las drogas, la reducción de daños ha impulsado la disminución de la demanda«.

En Argentina, el 43,3 por ciento de los mayores de 12 años con sida, adquirieron la enfermedad por el uso de drogas inyectables. Como vía de infección, se está acercando a la sexual. El sida es la tercera causa de muerte en el país, y la primera en la provincia de Buenos Aires.

Argentina es también el país de la región con más avances en la materia. La Red Argentina de Reducción de Daños, que preside el psicólogo Pablo Cymerman, se creó en marzo de 2000, y la Asociación Civil Intercambios –que Cymerman integra al igual que la trabajadora social Graciela Touzé, presidenta de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños que existe desde 1998– viene desarrol
lando intervenciones entre la población afectada en el partido de Avellaneda (suburbios de la ciudad de Buenos Aires) desde 1998, conjuntamente con la Unidad Coordinadora Ejecutora en VIH-Sida y ETS (enfermedades de transmisión sexual), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Nunca es demasiado temprano

En Chile, en cambio, la transmisión por vía sanguínea está situada en el 5.4 por ciento, «poco» a juicio de Mariano Montenegro, asesor del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace). Ante la escasa respuesta a los tratamientos de rehabilitación, el Conace estaría afín a incorporar la reducción de daños en estrategias preventinas, pero fiel al principio de «investigar para actuar», está haciendo un estudio cualitativo de la incidencia del VIH-Sida entre usuarios de drogas inyectables, para detectar la prevalencia en una población que habitualmente está muy oculta. Existe ya una Red local de Reducción de Daños con representación del Estado y de ONGs, y para comienzos de 2001 se prevé la realización de un seminario convocado por el Ministerio de Salud.

En Paraguay también se considera que «el problema es poco y hay tiempo»: la transmisión por vía sanguínea es del 13,2; entre hombres que tienen sexo con hombres, el 6% es usuario de drogas inyectables; el 4% de las mujeres infectadas tienen una pareja que las consume; el 62% de usuarios de drogas inyectables con VIH tiene parejas múltiples. No obstante, el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas aprobado en julio de este año, que tiende a la abstinencia en primer lugar, incluye la posibilidad de reducir daños asociados al consumo de drogas. La transmisión del VIH-Sida por vía sanguínea es del 13.2%.

Para aquellos que se amparan en el tiempo disponible porque el problema todavía es chico, Alex Wodak formula una severa advertencia: «La inmunidad nacional es un mito. Los países son muy parecidos entre sí. Sobran ejemplos de cómo un problema crece de golpe, de cómo se pasa de cielo azul a tormenta. Esperar a tener todo muy documentado puede ser tarde».

Naciones Unidas al timón

En la misma mesa de los representantes oficiales se pronunció José Manuel Martínez Morales, en nombre del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (Undcp, según su sigla en inglés), creado en 1991, a favor de «prevenir el uso de drogas y reducir las consecuencias adversas del abuso«, con estrategias que incluyen accesibilidad de servicios para usuarios de drogas inyectables, fortaleciendo la capacidad del Estado y apoyando el trabajo de las organizaciones no gubernamentales con experiencia en la materia.

Una resolución de Naciones Unidas de 1998 reclama a los Estados miembros implementar estrategias para las personas adictas que no son atendidas en los programas existentes, con el fin de lograr «reducción de los riesgos para la salud pública e individual».

Onusida (programa de Naciones Unidas para la prevención del sida) , con cuyo apoyo se realizó el seminario de Buenos Aires, financia en el Cono Sur un proyecto regional de reducción de daños que se desarrolla con la participación de los decisores de las políticas antidrogas y una organización no gubernamental de cada país, seleccionada por su experiencia en el tema. Se inició en 1998, e incluye a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Pedro Chequer, representante de Onusida para el Cono Sur, instó a concertar una alianza política seria, destacando el momento histórico como la oportunidad para actuar de consuno.

Beneficios comprobados

En Australia se reparten 20 millones de equipos de inyección por año, y el país se lleva las palmas en materia de control del VIH-Sida entre usuarios de drogas inyectables: actualmente la prevalencia es del 2 por ciento, la más baja del planeta.

Gran Bretaña comenzó con programas de reducción de daños en 1987, y hoy más del 75% de los usuarios sólo utiliza jeringas estériles. Programas complementarios de administración controlada de heroína y cocaína provocaron una significativa reducción de los delitos cometidos para adquirir drogas, de la presencia de traficantes, y de las muertes y contagios de VIH entre esa población.

En Estados Unidos se destinaron recursos federales para hacer investigación sobre intercambio de jeringas desde 1991. Todos concluyeron que reduce la transmisión del VIH sin aumentar el consumo. En Nueva York la tasa de contagio por material infectado bajó del 50 por ciento en 1990 al 20 por ciento en 1997.

En 1999, la Agencia Antidroga de la comunidad de Madrid informó que con los programa de reducción de daños llegaron al nivel más bajo en la historia los delitos relacionados con el consumo, un 20 por ciento de las personas que permanecían drogándose en las calles encontraron trabajo, y hasta algunas recibieron un alta terapéutica.

En Suiza existen locales para inyectarse drogas desde 1986 y programas de intercambio de jeringas desde 1988, con resultados alentadores desde la perspectiva de la salud pública e individual.

Las leyes, un obstáculo superable

En toda la región rigen leyes que penalizan el tráfico de drogas y en la mayoría de los casos también el consumo. Uruguay es una excepción en este último aspecto: la Ley 14.294, de 1973, exime de pena la tenencia de drogas para uso personal, cuando la cantidad sea razonable a criterio del juez.

Pero todas las leyes antidrogas colocan la educación para consumir con mínimo de riesgo en el campo de lo imputable. Esto, que constituye a primera vista un problema serio para la aplicación de la estrategia de reducción de daños, es cuestionado por Alex Wodak: «No hay que modificar las leyes, sino modificar las maneras de implementarlas», afirma a partir de la experiencia de Australia, donde también está penalizada hasta la tenencia y desde 1986 existe un programa no oficial de intercambio de jeringas.

A partir de 1999 programas similares en las áreas públicas de salud se sumaron al centro para inyectarse en condiciones sanitarias adecuadas. La estrategia también se aplica para el alcohol, y el trabajo conjunto con usuarios en su propio medio fue parte de la política gubernamental desde 1985.

En Uruguay, la Constitución Nacional y la ley de creación del Ministerio de Salud Pública da marco para la reducción de daños, pese al perfil represivo de la Ley de estupefacientes, afirmó en Buenos Aires la diputada Margarita Percovich, quien considera que pretender sancionar una nueva ley en un momento donde la Iglesia católica y los sectores más conservadores libran una batalla por la «reinstalación de una mentalidad de los años 50″, llevaría a una polarización estéril. «Mejor ponerse de acuerdo técnicos y políticos, y después legislar para no generar anticuerpos», sugiere la legisladora encuentrista.

En Argentina, la diputada Irma Parentella, presidenta de la Comisión de Drogadicción de la Cámara baja, acaba de proponer una modificación a la ley de estufepacientes –que promete prisión de dos a ocho años a quienes públicamente impartan instrucciones sobre el uso de drogas– para que cuando no se pueda eliminar el riesgo o daño, se haga «el máximo esfuerzo para reducirlo lo más posible».

Brasil cuenta con una ley de reducción de daños, cuyo autor es el diputado Paulo Texeira, quien en Buenos Aires describió sus efectos: hay 21 programas oficiales de reducción de daños en todo el país y la Secretaría Nacional de Drogas lo ha asumido como estrategia oficial. «El desafío es garantizar la durabilidad de los programas, que en su mayoría dependen de fondos internacionales», advirti