Turismo intima a inmobiliarias a cumplir con obligaciones

"Todos los operadores turísticos de Canelones y Maldonado deben pagarle al Ministerio de Turismo antes del 30 de setiembre de cada año un aval mínimo de 2.000 UR para los canarios y 4.000 UR en el caso de los fernandinos", explicó a LA REPUBLICA la operadora inmobiliaria de la Costa de Oro Alicia Romano. Indicó que esos índices "descienden según los años de existencia hasta llegar a las 500 UR".

Romano señaló que los pagos se realizan ante el Banco de Seguros del Estado (BSE), lo cual habilita el funcionamiento de las inmobiliarias registradas. "Este año el 70% de los operadores no pagó dicho aval, creo que, como en mi caso, debido a la situación financiera que se originó en la pésima temporada veraniega 1999-2000 y en un invierno donde teníamos abierto por simple costumbre, ya que pasaban días sin sentir los felices pasos de clientes, ni siquiera para preguntar algo", recordó.

La empresaria subrayó que "este año el Ministerio hizo llegar un cedulón instándonos al pago, pero antes teníamos que pagar una multa de 20 UaR y luego sí nos autorizarían el pago del aval".

"Si no cumplimos esto en diez días, nos amenazan con venir y fajearnos los locales con carteles de clausura, a pesar de estar al día con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General de Impositiva (DGI)". "Lo más gracioso es que el ministerio no nos da nada por este aval, nosotros tenemos que preocuparnos por la propaganda --costeándola de nuestros bolsillos-- gastar en infinidad de llamadas telefónicas y perder horas en el correo electrónico tratando de captar clientes", dijo Romano.

A su entender, "después de hacer un esfuerzo sobrehumano y costoso, llegan los clientes que nosotros procuramos y se encuentran con el cartelito del propietario que alquila de forma particular y nos saca la clientela, mientras toma mate sentado en la puerta sin gastar un peso y embolsillándose todo nuestro esfuerzo". También acusó a las "inmobiliarias truchas que no pagarán nada ni padecerán la clausura".

Protección al turista

Voceros ministeriales consultados por LA REPUBLICA dijeron que "a partir de ley 14.335, las inmobiliarias obligatoriamente deben tener una garantía para cubrir al turista en caso de incumplimientos" y resaltaron que la misma se establece para satisfacer al turista si el Ministerio entiende que tiene razón". Apuntaron que este año el Ministerio de Turismo avisó a través de diarios de circulación nacional que al 30 de setiembre precisaban tener la garantía renovada. "El bien jurídico que tutelamos es el turista.

Cuando las inmobiliarias no tienen garantías, el Ministerio debe clausurarlas, pues no pueden hacer negocios sin estar cubiertos", puntualizaron.