Colonia
El documento, que fue aprobado con la rúbrica del presidente de la República, Jorge Batlle, de los ministros de Economía, Alberto Bensión, y de Turismo, Alfonso Varela, pone bajo control privado la sala de juegos durante los próximos quince años. Además, Uruguay abonará más de medio millón de dólares al año por concepto de arrendamiento del local, lo que se ajustará posteriormente en función de las utilidades.
Como se recordará, el pasado 17 de setiembre LA REPUBLICA informó que el proyecto contaba con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, el que autorizaba al Estado a pagar una base de U$S 547.008 dólares por el primer año de arrendamiento del nuevo casino, cuya concesión quedará en manos del consorcio HCU SA (Hotel Corporation Uruguay).
El contrato no establece cuál será el destino de la actual sala de juegos que funciona en Carmelo desde hace 40 años, si seguirá funcionando o cerrará sus puertas, dado la corta distancia de 7 kilómetros que separa a ambos locales.
Asimismo, se plantea un problema que no está aclarado en la letra del contrato, ya que el local del casino que funciona actualmente estaba incorporado como atractivo extra del paquete de licitación por la cual se concedió la explotación del hotel y, si éste se cierra, va a generar un perjuicio importante a los concesionarios del mismo.
Formada por un grupo de empresarios argentinos entre los que figuran Eduardo Cantón y el propietario del Hotel Madison, Laith Pharaón, HCU tendrá el manejo total del nuevo casino durante 15 años. El predio en el que se construirá el nuevo casino es el mismo en donde se erigió recientemente el hotel cinco estrellas Madison Resort y Spa, el cual se promocionó, en sus inicios, como una filial en Uruguay de la cadena Hyatt, que tiene negocios similares también en Chile y Argentina.
Laith es hijo y encargado en Latinoamérica de los negocios del magnate saudí Gaith Pharaón, un millonario acusado en Estados Unidos de fraude e investigado en Argentina por presunto lavado de dinero en una causa que investiga la jueza María Romilda Servini de Cubría. También están imputados al ex secretario privado del ex presidente Carlos Menem, Alberto Kohan.
"Gaith Pharaón enfrenta cargos criminales por corrupción empresarial, fraude bancario y fraude en el mercado de valores en Nueva York, y se expone a penas superiores a los 25 años de prisión", según afirmó la revista argentina Noticias, que cita informes oficiales de la Justicia de los Estados Unidos.
Pese a este historial, en los últimos días de octubre el Poder Ejecutivo firmó el contrato, que establece que el nuevo casino deberá ser entregado por la empresa "dentro del plazo de 420 días".
Como lo adelantó LA REPUBLICA, el precio que pagará la Dirección Nacional de Casinos al consorcio argentino por arrendar el local del nuevo edificio será de U$S 547.008 más IVA el primer año y en los restantes dependerá de una fórmula establecida en el contrato de acuerdo a la cantidad de fichas vendidas, números de apuestas y del funcionamiento general y recaudación del casino.
De entregarse en el plazo previsto, el casino cinco estrellas, al que se espera lleguen los magnates más ricos del mundo, abrirá sus puertas a mediados de diciembre de 2001.
El nuevo edificio que se construirá se dividirá en dos grandes áreas que tendrán acceso por Ruta 21, a la altura del kilómetro 262. Una de ellas, que será de uso exclusivo, consta de 960 metros 31 decímetros con destino a sala de juego y 7.000 metros con destino a estacionamiento.
Por su parte, el área de uso común tendrá de 1.700 metros y será de acceso al estacionamiento del casino.
La empresa deberá hacerse cargo de todos los bienes muebles, bienes incorporales e instalaciones, incluido el equipamiento de juego necesario para la explotación del casino. Tendrá el control de los servicios de seguridad, vigilancia, mantenimiento, conservación y limpieza en todo el edificio y sus alrededores. Los inversores se encargarán del servicio de intermediación turística, visita de grupos de turistas extranjeros o nacionales.
Además Hotel Corporation Uruguay SA se encargará de la promoción del casino mediante publicidad, folletería, invitaciones en general.
También HCU SA se hará cargo del cambio de moneda extranjera, de la atención del servicio de restaurante y cafetería, además de prestar un servicio de asistencia médica en el ámbito del inmueble arrendado, que comprenda a todas las personas que pudieren encontrase en su interior, incluyéndose público y empleados.
El contrato establece, además, que el consorcio deberá proporcionar "un sistema de multimedia para autoconsulta del público referente a máximos y mínimos, tipos de juego, reglamentos, tipos de fichas, salas en otros lugares del país" y toda la información vinculada a la Dirección de Casinos, al hotel y otros de interés turístico.
El control absoluto de todo lo que pase en el nuevo casino y la prestación de servicios será responsabilidad de HCU, así como "proporcionar todos los bienes que la Dirección General de Casinos requiera por razones fundadas".
El nuevo casino tendrá independencia locativa respecto al hotel, por lo que dispondrá de una puerta de acceso para el público, directa desde el exterior, sin perjuicio de la entrada que lo conecte con las dependencias del complejo hotelero.
Asimismo, deberá contar con dos entradas exclusivas e independientes para los funcionarios de la Dirección General de Casinos: por una tendrán acceso los asignados a la Sala de Monitores del Circuito Cerrado de Televisión y por la otra ingresará el resto del personal.
Si bien absolutamente todo estará en manos de la empresa privada, la Dirección de Casinos se reserva el control del juego y "la explotación y administración del casino. No obstante, mantendrá informada a HCU SA de todos los datos y de las resoluciones que adopte y sean de interés de ésta", afirma la letra del contrato y establece que el organismo estatal fijará el régimen de apertura diaria.
Las reglas de todos los juegos vigentes al día de la fecha son de conocimiento de HCU SA, deberán estar impresas en español y en inglés y exhibirse al público en lugares visibles de la sala. "La Dirección deberá comunicar a HCU SA las modificaciones o nuevos juegos autorizados a fin de poder cumplir cabalmente con este contrato".En este apartado y bajo el título "Vestimenta" e "Ingreso" el contrato fija que la Dirección de Casinos "establecerá un código de vestimenta para los clientes del casino", a la vez que menciona que el ingreso "estará limitado de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 12.762 del 23 de agosto de 1960" y se actuará para admitir al público según un decreto de 24/01/1961.
En los papeles, el Estado tendrá la última palabra en torno al funcionamiento. Los clientes un buzón para efectuar reclamos o sugerencias, en formularios provistos por HCU SA. Sin embargo, el contrato establece que HCU SA "se reserva el derecho de plantear observaciones ante la Dirección General de Casinos, en caso de verificar deficiencias en la atención de los usuarios del casino, imputables a los funcionarios de la misma".
El contrato no establece el destino del casino Carmelo tal cual hoy lo conocemos y tampoco afirma nada del personal del mismo, pese a que muchos de los trabajadores que allí se desempeñan creen que pasarán a trabajar en el lujoso casino.
Tal vez las condiciones más desfavorables para la empresa HCU SA son fijadas por el contrato en materia de personal, ya que aunque se establece una comunicación fluida entre HCU y Casinos para intercambiar la nómina de trabajadores entre ellas, el Estado se reserva el derecho de vetar, sin dar explicaciones, a cualquier empleado que no cumpla, a juicio de la Dirección de Casinos, las exigencias que ésta plantea.
Las partes convinieron que se entregarán recíprocamente la nómina de las personas que bajo su respectiva dependencia desempeñarán tareas en el Casino del Estado Carmelo (5 estrellas). En la misma se indicarán los nombres, apellidos, nacionalidad, estado civil, filiación, documento, carné de salud, fecha de nacimiento, domicilio, retribución, capacitación y experiencia laboral, "agregándose en el caso del personal de HCU SA el respectivo certificado de buena conducta de cada una de las personas que integran el mismo". Además, el Estado "tendrá derecho a examinar la capacitación y condiciones de las personas que HCU SA proponga para cumplir, dentro del casino, las tareas a cargo de la misma" y se establece que el Estado podrá "no admitir sin excepción de causa en la nómina de empleados de HCU SA propuesta".
Además, los empleados dependientes de la arrendadora, cualquiera sea su función, tendrán prohibida su participación en el juego del Casino. "Su entrada al mismo sólo se hará por razones propias de su función o servicios. Quienes por su trabajo deban permanecer en la sala de juego, no podrán realizar préstamos de dinero ni tener en su poder fichas del casino".
Tanto el personal de Casinos como el de HCU deberá lucir el uniforme que de común acuerdo ambas partes establezcan, para cada actividad, "adoptándose por cada una de las partes las medidas necesarias a fin de que la presentación y aseo de los mismos sea impecable", estipula el contrato. La responsabilidad de vigilar y controlar el juego en sala y de denunciar cualquier actividad ilegal será responsabilidad de HCU SA. El control en la sala se realizará en base a dos sistemas: un control de video a través de sistemas de circuito cerrado de televisión de última generación, específicamente diseñados para este tipo de control. Los videos grabados serán propiedad de la Dirección de Casinos, la que los guardará durante el lapso que considere pertinente y luego se entregarán a HCU, borrados en presencia de ambas partes y luego reutilizados.
En materia de tecnología se espera que el casino tenga la última generación en equipos de control. Para ello, se establecerá un de control global computarizado, sistemas computarizados dedicado a los servicios de cajas de venta, de conversión de fichas y tesorería, sistemas de control y/o liquidación de juegos mesa por mesa y fichero madre, sistema magnético de placas de juego, sistema para control y liquidación on line de las máquinas tragamonedas.
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